Aviso

 

n lo corrido del Paro Nacional, las Fuerzas Armadas (FFAA) han cometido más de 3.761 Crímenes de Lesa Humanidad. La organización Defender la Libertad a la fecha ha documentado 59 asesinatos, 886 heridos de los cuales 51 presentan lesiones oculares graves, 2.152 detenciones ilegales, 20 allanamientos, 346 víctimas de desaparición forzada, 22 víctimas de violencia sexual y 133 agresiones a defensores de Derechos Humanos (DDHH) [1].

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 165 violaciones a la libertad de prensa con un saldo de 186 víctimas, el 52 por ciento de las intimidaciones, amenazas, agresiones físicas, robo de información, obstrucción y estigmatización fueron cometidas por las FFAA, las restantes son responsabilidad de civiles [2].

El Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel afirmó que, “lo que se está viviendo en Colombia es un Genocidio y esos son Crímenes de Lesa Humanidad que no prescriben en el tiempo. El Ejército y la Policía están reprimiendo a quienes reclaman unos derechos legítimos y por lo tanto tienen derecho a protestar” [3]. 

 

Noche tras noche en el Sur de Bogotá los y las jóvenes trabajadoras y habitantes de los barrios populares salen a copar la Av. Ciudad de Cali. A la altura del Portal Américas (ahora renombrado Portal de la Resistencia) y en el Espacio Humanitario “Al Calor de la Olla” se forja organización y dignidad.

Desde el 10 de mayo este lugar ha sido escenario de distintos tipos de manifestaciones. Artistas, murales, clases a la calle y el aguante de la Primera Línea han sido constantes durante estas jornadas. Aunque las manifestaciones son masivas y pacíficas, la presencia de la Policía y su violencia ha sido constante y desmedida.

En los barrios Britalia, Chicalá y Villa Andrea se han conocido distintos casos de abuso por parte de la Policía y uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-. Capturas masivas y casos de abuso sexual a menores de edad son algunos de los crímenes la que población denuncia. El equipo de Colombia Informa ha estado cubriendo las noches de resistencia en este lugar y hoy comparte algunos de los hechos allí comprobados.

 

Los organizadores advirtieron: «El Paro Nacional continua, y por ello convocaremos a realizar las más grandes organizadas y pacíficas movilizaciones de nuestra historia, a impulsar un gran diálogo con la juventud y la sociedad sobre las agendas de cambio que la ciudadanía está exigiendo en las calles y a convocar a una cumbre social y política en defensa de la democracia.»

La decisión de presidente Iván Duque Márquez de establecer en el Valle del Cauca y otras regiones la “asistencia militar” que no es otra cosa que la militarización rampante, llevó a un empantanamiento los acercamientos del Comité Nacional de Paro y el gobierno. Los organizadores de la actividad que inició el 28 de abril y persiste, publicaron un comunicado en el que cada vez se enreda más la concertación preliminar para entrar a negociar medidas que atiendan las necesidades de la gente que sigue manifestándose tras más de un mes de paro nacional.

RECHAZO AL DECRETO NACIONAL DE MILITARIZACIÓN

El Comité Nacional del Paro, que reúne a centrales obreras, estudiantes y organizaciones sociales, reprochó el decreto del presidente Iván Duque que lleva “asistencia militar” a varias ciudades y departamentos; mientras que desde Palacio contestaron, una vez más, que se deben levantar los bloqueos para entrar a negociar.

Hombres armados llegaron a la finca de Álvaro Barrera y dispararon contra su administrador y ocho personas que estaban en el lugar 

 

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), esta es la masacre 41 en lo que va del año.

Autoridades colombianas confirmaron una nueva masacre en la zona rural del municipio Algeciras, en el departamento de Huila, donde nueve personas resultaron asesinadas.

Según las primeras versiones, el hecho ocurrido en la vereda Quebradón Sur, zona rural de ese municipio, en una finca que es propiedad de Álvaro Barrera, padre de un reincorporado de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP), quien trabaja como escolta de la Unidad Especial de la UNP.

Miembros de la comunidad confirmaron la noticia y se mostraron impactados por este crimen sucedido en la mañana de este lunes 31 de mayo.  

 

La solicitud de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, al presidente Iván Duque para que ordenara la “asistencia militar”, que en términos castizos es la militarización, deja a poco más de un día de entrar en vigencia, al menos trece muertos y más de treinta heridos. El desprestigiado alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, coincidió con la petición. Se hizo partícipe de este “golpe de estado regional”.

El argumento de la mandataria local fue bélico y sin mayor profundada. “Hago un llamado respetuoso al señor presidente de la República, Iván Duque, comandante en jefe de las Fuerzas Militares, para que despliegue toda la capacidad de la Fuerza Pública y se haga efectiva la asistencia militar para retomar el control del orden público en el departamento, siempre apegados al respeto de los derechos humanos”. Simplemente contribuyó a encender aún más a una ciudad capital, referente nacional de lucha por más de un mes, y los puntos de resistencia en diferentes municipios.

De hecho, ella ha mantenido agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios—Esmadacantonados al interior del edificio donde gobierna, sin importarle que haya ciudadanos que realizan diligencias y funcionarios públicos cumpliendo su horario. Pasó por alto jurisprudencia alrededor de la no permanencia de la fuerza pública en medio de un conflicto, en aquellos espacios donde hay población civil, ni tampoco los postulados del Derecho Internacional Humanitario.