La solicitud de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, al presidente Iván Duque para que ordenara la “asistencia militar”, que en términos castizos es la militarización, deja a poco más de un día de entrar en vigencia, al menos trece muertos y más de treinta heridos. El desprestigiado alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, coincidió con la petición. Se hizo partícipe de este “golpe de estado regional”.
El argumento de la mandataria local fue bélico y sin mayor profundada. “Hago un llamado respetuoso al señor presidente de la República, Iván Duque, comandante en jefe de las Fuerzas Militares, para que despliegue toda la capacidad de la Fuerza Pública y se haga efectiva la asistencia militar para retomar el control del orden público en el departamento, siempre apegados al respeto de los derechos humanos”. Simplemente contribuyó a encender aún más a una ciudad capital, referente nacional de lucha por más de un mes, y los puntos de resistencia en diferentes municipios.
De hecho, ella ha mantenido agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios—Esmad—acantonados al interior del edificio donde gobierna, sin importarle que haya ciudadanos que realizan diligencias y funcionarios públicos cumpliendo su horario. Pasó por alto jurisprudencia alrededor de la no permanencia de la fuerza pública en medio de un conflicto, en aquellos espacios donde hay población civil, ni tampoco los postulados del Derecho Internacional Humanitario.
Al disponer que los militares se desplegaran en la región, tanto la gobernadora como el alcalde, abrieron las compuertas para que, mediante acciones represivas, se buscara ahogar la protesta social y, de paso, se legitimara todo tipo de represión.
Claro que no es nada que debiera sorprender, porque para impedir el ingreso de indígenas del vecino departamento del Cauca y el arribo de una caravana nacional de solidaridad con Cali, ordenó el cierre de fronteras.
HORAS DE TERROR
El diario colombiano El Tiempo, advirtió que, tras la implementación de la mal llamada asistencia militar, Cali y el Valle del Cauca vivieron horas de terror. No era para menos.
En uno de los apartes de la nota, los periodistas señalan: «… algunos ciudadanos temían por los manifestantes por lo ocurrido horas antes cerca de la Universidad del Valle y en el barrio Ciudad Jardín, donde además hubo daños estructurales con un incendio en las instalaciones del Icetex. Sin embargo, hombres que portaban armas con silenciador llegaron a ese sector de la calle 4B con Quinta y dispararon contra la multitud. Los Bomberos reportaron la situación a las 8:04 de la noche, al indicar que al sitio se dirigió una ambulancia con dos paramédicos. Al llegar encontraron a tres personas sangrando.»
En un comunicado que se viralizó, varios líderes sociales e indígenas, expresaron su angustia e impotencia, por encontrarse en estado de indefensión:
«Esta jornada fue una de las peores vividas desde que inició el Paro Nacional. En los puntos de Univalle y Melendez, las comunidades indígenas de Cali, que manifestábamos, en unión, alegría con nuestra música propia, con nuestra danza. Nos encontrábamos grupos de los diez cabildos de la ciudad. La fuerza pública arremetió en contra nuestra, sin importar que había niños, adultos mayores y mujeres, simplemente por qué el presidente Duque había llegado a la ciudad a reunirse con gente de bien, como llaman a los empresarios. Y fue Duque quien dio la orden de arremeter contra nosotros.» Acompañaron su denuncia con imágenes que no se publican para guardar su seguridad.
Pero no contentos con cometer arbitrariedades, los agentes del mal llamado orden, arremetieron con más fuerza, como prosigue el relato: «Asesinaron a nuestro hermano indígena, Sebastián Jacanamijoy, estudiante de Univalle, del cabildo indígena Inga de Cali, danzante, médico tradicional y un joven que nos dió ejemplo de lucha durante todo este tiempo. Así mismo hirieron gravemente a Izan David Imbachi, hijo del Consejero de Cultura Municipal (suplente) Leonardo Imbachi, un joven artista, músico, cantante, compositor, estudiante, intérprete de la Chirimía. Él intentó calmar la tensión que se vivía en el lugar.»
En diferentes puntos de la capital vallecaucana por espacio de varias horas se ha escuchado el sobrevuelo de helicópteros, disparos y la gritería de jóvenes que huyen ante los ataques. Estas denuncias ya se elevaron ante las diferentes instancias y organizaciones de derechos humanos. Se esperan resultados que evidencien de qué manera, masacrar, herir y hasta torturar, ha sido la respuesta del gobierno del presidente Duque frente a la protesta social.
DESMOVILIZAR EL PARO A SANGRE Y FUEGO
El objetivo del presidente Iván Duque, quien definitivamente mostró a Colombia y al mundo que el Paro Nacional le quedó grande y por eso se niega a negociar con los organizadores, es frenar las expresiones de inconformidad a sangre y fuego.
No de otra manera se explica que se haya aliado con la gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde de Cali, para convertir el Departamento y su cuidad capital, en piloto nacional de acciones represivas para acallar las voces de quienes protestan.
Contrario a lo que espera, millares de personas han decidido desafiar la política represiva del establecimiento y siguen saliendo a las calles. Los muertos que todavía permanecen en la morgue sin identificar y las decenas de heridos, parecen convertirse en semillas de rebeldía cívica y pacífica que afloran por todas partes.
Por supuesto, hay críticos a favor del gobierno nacional. Los que siempre han tenido, los que experimentan miopía crónica y desconocen qué pasa en Colombia porque gozan de los privilegios que no tienen millares de personas.
Son un grupúsculo como lo evidencia el recorrido que hizo el mandatario por las calles de Cali. Los ricos de la llamada Ciudad Balín (antes Ciudad Jardín) en alusión al ataque que hicieron a los indígenas en esa zona, lo avivaron. Cuando fue ante comerciantes, lo abuchearon y le animaron a escuchar a los jóvenes en los diferentes puntos de resistencia. En esencia, su presencia no fue bien recibida por las reacciones encontradas, como lo expresara una nota del diario El Espectador.
Con una realidad como estas, ante la certeza de que la presencia militar proseguirá en Cali y el Valle del Cauca, no cabe menos que preguntarse si la conciencia—si es que la tienen—deja dormir en paz a la gobernadora, Clara Luz Roldán y al alcalde, Jorge Iván Ospina.
