Aviso

 

Al oeste de Bogotá, la policía militar reprimió brutalmente a los indígenas Misak mientras intentaban derribar una estatua de Cristóbal Colón, agresión que dejó un saldo de por lo menos 10 comuneros heridos, tres de los cuales tuvieron que ser llevados de urgencia a centros sanitarios.

Este miércoles 9 de junio, un grupo de miembros del pueblo Misak se reunió entorno a la estatua de Cristóbal Colón e Isabel la Católica, en Bogotá.

Los indígenas Misak esperaban realizar un acto de reivindicación simbólica de carácter histórico como la que efectuaron en el centro de la ciudad, cuando derribaron al Gonzalo Jiménez de Quesada de la calle 13.

Con el fin de impedir que los Misak hicieran la acción, llegaron a la zona efectivos de la policía dispuestos a actuar contra los indígenas.

«Aquí se encuentra la fuerza pública defendiendo a unos genocidas, a unos criminales de guerra que hace más de 500 años, no solamente despojaron nuestras tierras, sino que casi exterminan nuestros pueblos», se escucha a un representante Misak en uno de los videos que circula en la web.

 El Paro Nacional crea condiciones para continuar con movilizaciones más vigorosas en las que se rectifiquen debilidades del campo popular y democrático, como lograr un centro común de coordinación nacional y un plan conjunto, manteniendo un marco de diversidades. Esta coyuntura nuevamente corrobora que el Gobierno y en general las clases dominantes no tienen palabra, no cumplen lo que acuerdan. Por ejemplo, el 24 de mayo los delegados del Presidente y el Comité Nacional de Paro (CNP) llegaron a un Preacuerdo sobre las garantías para la protesta social, sólo faltaba la firma presidencial; sin embargo, de inmediato Uribe y Duque deshicieron lo pactado y obligaron a una nueva e interminable renegociación que hasta la fecha permanece empantanada.

La semana pasada el Gobierno Nacional desconoció los Acuerdos pactados entre la Alcaldía de Buenaventura y el Comité Local de Paro. El mismo libreto negacionista lo repitieron el viernes 4 de junio con los Acuerdos suscritos entre las Alcaldías de Yumbo y Cali con los manifestantes, que abrió el paso a la matanza que ejecutaron las Fuerzas Armadas y los paramilitares en el Punto de Resistencia del Paso del Comercio en Cali, que dejó al menos 5 muertos.

 

Sobre el estallido social y político que se da en Colombia desde el pasado 28 de abril se están utilizando varias categorías y conceptos para nombrarlo, intentar su caracterización y descubrir su esencia.

Ya hay suficientes análisis sobre el origen de la conmoción social que afecta al país. Hay estudios acertados sobre las dimensiones del desbarajuste del aparato productivo y la economía (Fedesarrollo habla de perdidas equivalentes a los 6 billones 200 mil millones de pesos, más o menos 2 mil millones de dólares). El Dane dio a conocer estudios sobre la descomunal caída en la pobreza y miseria de millones de personas que han perdido sus empleos, ingresos y demás fuentes de subsistencia. El enfoque político insiste en la crisis de representatividad, en la perdida de legitimidad de las instituciones y en la quiebra de la gobernabilidad y la gobernanza del aparato de gobierno.

Obviamente, la crisis sanitaria ha exacerbado todos los indicadores del colapso orgánico que sacude el sistema nacional colombiano.

 

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos en Colombia,

una semana después de arribar a la nación sudamericana, concluyó que el gobierno de Iván Duque Márquez debe ser investigado por delitos de lesa humanidad cometidos contra la población a partir de desapariciones, asesinatos, torturas, abusos, persecuciones, amenazas e intimidaciones, supuestamente cometidas por las fuerzas de seguridad regulares e irregulares que responden al Estado.

El anuncio de una reforma tributaria diseñada en línea con los requerimientos habituales del Fondo Monetario Internacional (FMI) provocaron una movilización generalizada en el país en respuesta al “paquetazo de Duque”, que debió congelarse ante la escalada de protestas iniciada a partir del paro lanzado el 28 de abril.

El “Comando Nacional Unitario”, conformado por las Sindicales CUT, CTC y CGT; las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC y la Federación de Trabajadores de la Educación, Fecode, convocó a la medida de fuerza en aquella fecha, a partir de la cual se vienen sucediendo protestas que abarcan a una amplia franja de sectores, más allá de las dirigencias políticas y gremiales tradicionales.

 

Desde las cuatro de la mañana del seis de junio arribaron a Bogotá delegaciones de todo el país. Representantes de cientos de asambleas populares de municipios y departamentos se reúnen en Bosa. Su objetivo es consolidar un pliego y programa que recoja las exigencias de las comunidades movilizadas.

En el Colegio Claretiano, más de mil personas se reúnen para construir colectivamente un programa y una agenda que den salida al Paro Nacional. A las 11:00 am iniciaron la instalación de la Asamblea Nacional Popular.

Luego de realizar actos culturales y memoriales, los participantes presentaron las metodología para los dos días de trabajo. Además, expusieron informes de derechos humanos y una cartografía de la movilización en el país para luego dividirse en cuatro mesas. Estas mesas abordaron los temas de Política y Programática, Plan de acción, Derechos Humanos y Organizativa, las cuales tuvieron como finalidad recoger propuestas para atender la coyuntura del #ParoNacional.