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Con el marco de la conmemoración de la masacre de las bananeras, ocurrida hace 90 años, y los 55 días del paro nacional, los estudiantes universitarios marcharán nuevamente en rechazo a la aprobación de la Ley Bienal de Garantías, así como la Ley de Financiamiento. En conjunto con otros sectores, llegarán hasta la Plaza de Bolívar dónde se realizará la lectura de una declaración política y un pequeño concierto.

Los estudiantes rechazaron la aprobación de la Ley Bienal de Garantías, en la que se dispone que las Instituciones de Educación Superior públicas podrían recibir hasta un billón de pesos. Aunque muchos calificaron la ley como un avance, congresistas y activistas estudiantiles han señalado que esos recursos no están asegurados porque dependen de la voluntad de Alcaldes y Gobernadores para ser entregados.

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Este Gobierno de los seguidores del ex presidente Uribe continúa con su propósito de “hacer trizas los acuerdos de paz”. Cumplidos los dos años de la firma de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, sigue su ofensiva contra lo que queda de la Justicia Especial para la Paz (JEP), dejando sin garantías a las Víctimas de Crímenes de Agentes del Estado.

Siguen sin cumplir las Garantías de Seguridad que contemplan acciones para proteger comunidades, excombatientes, líderes sociales y movimientos políticos alternativos; mientras en el día a día, el régimen continúa con el genocidio de 343 líderes, el exterminio de 85 excombatientes de las FARC y familiares, después de la firma del Acuerdo de Paz [1].

Continúan matando 2 líderes cada 3 días

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Se elaboran y publican diversos balances del “proceso” en cuanto a cumplimiento y avance de los diferentes compromisos adquiridos por las partes firmantes y se reflexiona sobre el impacto de ese hecho para la sociedad colombiana.

Para algunos es algo histórico mientras para otros es una farsa. Para unos fue una decisión soberana del gobierno colombiano y para otros fue una imposición del gran capital global. Calificar ese suceso es tan difícil que hasta los mismos dirigentes de la guerrilla están divididos frente a la interpretación de los hechos anteriores y subsiguientes a la firma.

“Cada quien califica la fiesta según como le haya ido” reza el dicho popular. Lo que queda en nuestro imaginario es que se desmovilizó y desarmó a una parte de la “guerrillerada” fariana pero las causas de la existencia de grupos armados ilegales siguen vivas y vigentes. El narcotráfico está allí y muy poca gente realmente está interesada en acabarlo.

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La lucha popular avanza en Colombia, este es el mensaje que dejan los acontecimientos de estos últimos tres meses. En ellos, el país ha asistido a un ascendente y significativo clima de movilización social y a la presencia relevante de la oposición parlamentaria en la denuncia a los hechos de corrupción que envuelven, entre otros, al Fiscal General y al Grupo Sarmiento Angulo. También en estos meses, el nuevo Gobierno, en cabeza del Presidente Duque, ha tenido una aceptación de sólo 27 por ciento. A la vez el Gobierno, a causa de la presión social y de la oposición, ha tenido que retroceder en sus pretensiones de gravar con el IVA a todos los productos de la canasta familiar, y también ha debido entregar unos mínimos recursos, aún insuficientes, para la Universidad pública.

Desde el 10 de octubre el país ha asistido a 7 grandes jornadas de movilización, con distintas actividades de masas y multitudinarias concentraciones en las principales ciudades del país. Las dos últimas,  convocadas por amplios espacios de confluencia y unidad surgidos recientemente, quienes han convocado las nuevas jornadas de protesta del 6 y el 13 de diciembre.

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Aunque hay algunos intentos por parte de la sociedad civil, políticos y miembros de la comunidad internacional para empujar la reanudación de la mesa de conversaciones entre el Gobierno y el ELN, diferentes analistas han señalado que las condiciones que ha puesto Duque a la mesa, solo generan más obstáculos para continuar con los diálogos.

En opinión del analista y profesor universitario Víctor de Currea-Lugo, el anterior Gobierno dejó una mesa de negociación establecida y una agenda de conversaciones con puntos acordados; sin embargo, el presidente Duque ha sido reiterativo al señalar que hasta que el ELN no suspenda todas sus actividades de confrontación con el Estado, no se reiniciarán las conversaciones.

Para el profesor el actual Gobierno no está entendiendo el momento histórico y su “soberbia” no le permite ver la importancia del mismo. Como lo señala Currea, muestra de ello es que el Gobierno se volvió monotemático sobre el secuestro, señalando que el ELN debe dejar en libertad a todas las personas que tiene retenidas, pero sin señalar