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La decisión es en respuesta a la medida similar del país neogranadino contra Carlos Pino, funcionario en la embajada venezolana en Bogotá

El gobierno de Venezuela expulsó al funcionario consular Juan Carlos Pérez Villamizar, como respuesta a la medida similar del país neogranadino contra Carlos Pino, funcionario de la embajada venezolana en Bogotá.

A través de un comunicado difundido por la Cancillería, el gobierno venezolano catalogó la medida del gobierno colombiano como un “secuestro por parte de las autoridades colombianas” y una “expulsión arbitratia”.

Agregan que la decisión obedece a “razones de seguridad de Estado” y reciprocidad. El ciudadano colombiano Pérez Villamizar se encuentra en el país ejerciendo funciones consulares sin contar con la acreditación correspondiente de la Cancillería venezolana, lo cual constituye una violación a las convenciones internacionales que rigen la materia, explica el comunicado.

 

La Asociación de Mujeres Arauquiteñas Trabajadoras ante los dolorosos hechos ocurridos el lunes 17 de  diciembre a las 8:30 pm., cuando fue asesinada por un efectivo de la Policía Nacional (estación Arauquita) la ciudadana Yeris Lisned Ospino Pedraza, de 31 años de edad, quien era madre cabeza de familia, exige de las autoridades civiles, judiciales, del ministerio público y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, se adelante una exhaustiva investigación que esclarezca los hechos, se conozca la verdad, y se sancione ejemplarmente al responsable o los responsables de este execrable crimen.

No entendemos como un servidor público que es preparado para su defensa personal y la preservación de la seguridad y la vida de los ciudadanos, no fuera capaz de reducir o persuadir por otros medios a Yeris, máxime cuando después de las 6:00 pm, es restringido el ingreso de cualquier ciudadano por  el sector donde ocurrieron los repudiables hechos.¿Cómo ella pudo ingresar tan fácilmente?

 

El presidente Duque, al aludir a un posible proceso de negociación con ustedes lo ha enfatizado una y otra vez: “Si quieren hablar de paz estamos listos, pero si y solo si le ponen fin a todas las actividades criminales y liberan todos los secuestrados”. ¿Qué opinión le merece esta declaración?

Antonio García: Esa declaración deja ver varias incoherencias. Primero, desconoce que hubo un acuerdo de Agenda, de orden temático y orden de discusión con el anterior Gobierno y dicho acuerdo debe respetarse. Segundo, desconoce que el Ejército de Liberación Nacional es una organización alzada en armas que no acepta el sometimiento al Estado y por tanto no acata los tres monopolios que históricamente se autoasignan los Estados-Nación nacidos del Tratado de Westfalia: monopolio del uso de la fuerza y de las armas, el monopolio para recoger tributos o impuestos y la tercera aplicar su normatividad jurídica, en la que cabe el monopolio para realizar acciones de privación de libertad.

 

Frente la dolorosa situación que vive nuestro país, en el tema de los Derechos Humanos (DDHH), se hizo inaplazable la visita a Colombia del relator especial de la ONU, Michel Forst. Y después de más de 20 días, viajando por las regiones más golpeadas con los asesinatos de los líderes sociales, dijo: “La situación de defensores de DDHH en el país es dramática”.

Esta situación ya había sido denunciada en esta columna varias veces. Poco interés les prestan a estas gravedades sociales las autoridades nacionales.Es incomodo decirlo, pero tienen que venir personajes mundiales de esta talla, a ratificar estas denuncias, para que el señor Presidente de la República le ponga atención a la magnitud del daño inconmensurable que están causando a nuestro tejido social, los sistemáticos asesinatos de líderes de DDHH que cada día registran las informaciones venidas desde las regiones.

 

Los agronegocios y monocultivos que se vienen desarrollando en el departamento de Vichada, han generado un conjunto de violencias sexuales, económicas y culturales hacia las mujeres que no han tenido freno ni por parte de las multinacionales, que explotan el territorio, ni de las instituciones estatales. Así lo denunció el más reciente informe de las organizaciones Ciase y OXFAM.

El texto “Una lapa en la avioneta: una mirada feminista sobre las visiones de futuro y los agronegocios en el Vichada, Colombia” señaló que en este departamento se han desarrollado violencias, incluso desde la colonización, la entrada del caucho, y más recientemente la siembra a gran escala de maíz y soya. El documento alerta sobre la expansión de la frontera agrícola que abarcaría 10 millones de hectáreas sobre suelo de sabana húmeda, sin tener en cuentas las afectaciones que estas actividades económicas ya han dejado en las mujeres.