El 22 de diciembre a la media noche inicia el cese de acciones ofensivas decretado por la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, con motivo de las fiestas decembrinas y de comienzo de año que se celebran en el país, este cese será de 11 días y terminará el 2 de febrero. La respuesta del gobierno nacional ha sido coherente con su postura, ni decretó un cese bilateral ni celebró la decisión tomada por la insurgencia.
En estos meses del retoma del gobierno por el sector más derechista de la política del país se ha mantenido un talante neoliberal y anti-trabajador en las decisiones en materia económica (casos como la reforma tributaria y el aumento en el precio de los combistibles), acompañado de una derechización (“fascistización”) de las decisiones políticas del gobierno colombiano por medio de la censura de medios, el impulso a la reforma política y judicial, la constante persecución a la oposición que actúa en el marco de la legalidad burguesa y el exterminio sistemático de líderes sociales realizado por la alianza histórica entre el para-militarismo y las fuerzas militares.
En materia de conflicto armado, al no tener los miles de millones de dólares del plan Colombia con los cuales contó Uribe al iniciar sus madantos, el gobierno de duque ha optado por relanzar la estrategia paramilitar (tan de moda en el gobierno de Pastrana) y hacer cambios en las cúpulas de las fuerzas militares con miras a una “consolidación” territorial, es decir mayor control social, político y militar de los territorios y a preparar una posible invasión militar a la república bolivariana de Venezuela.
Esta estrategia sumada al desconocimiento e incumplimiento práctico de los acuerdos de La Habana con las Farc, han conllevado a un relanzamiento de la violencia armada en el país, por un lado con grupos de Farc en armas organizados de distintas maneras sin aún llegar a cohesionarse a nivel nacional, un EPL que pretendió expandirse al suroccidente colombiano pero que en su confrontación con el ELN y por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo ha perdido territorios históricos de dominio en el catatumbo y un ELN en un proceso lento de expansión y consolidación territorial son muestras de esta nueva dinámica. Con el ELN el gobierno nacional ha pretendido desconocer su raíz política y pone como condicionamiento para continuar los diálogos el fin de las acciones militares de la guerrilla lo que conlleva a un reconocimiento tácito de las leyes del Estado Colombiano y a una desaparición como organización político militar.
Llaman la atención los últimos partes del ELN puesto que según sus comunicaciones han logrado mantener su accionar en zonas históricas, volver a sitios en los que hacía tiempos habían perdido incidencia (Hato Corozal, Aguachica, La Gloria, Labranzagrande) y expandir su accionar armado a ciudades capitales como Tunja y a zonas donde llevaban décadas sin hacer presencia como el departamento del Magdalena. (partes de guerra aquí y aquí) que demuestran la capacidad de adaptación política y militar pero también la capacidad de operar en zonas que se cree son de retaguardia del Estado Colombiano. Incluso, según el ELN, ha habido deserciones de soldados con armamento e intendencia para llevarlas a la guerrilla.
Este reverdecer del movimiento guerrillero podría verse aumentado por las decisiones políticas del régimen colombiano y también por la represión judicial y militar a la que han sometido a las comunidades en el país.
En las toldas del gobierno, el presidente marioneta, no muestra liderazgo y su gabinete ha mantenido más tiempo en defensa de sus acciones que en gobernar. Por las condiciones actuales de la economía y la capacidad de lucha de los movimientos sociales y armados este gobierno presenta la posibilidad de apretar y obligar a recular a la oligarquía. Es tiempo de redoblar esfuerzos.
Por Juan Carlos Chaparro @JuanC_AQ
