Este Gobierno de los seguidores del ex presidente Uribe continúa con su propósito de “hacer trizas los acuerdos de paz”. Cumplidos los dos años de la firma de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, sigue su ofensiva contra lo que queda de la Justicia Especial para la Paz (JEP), dejando sin garantías a las Víctimas de Crímenes de Agentes del Estado.
Siguen sin cumplir las Garantías de Seguridad que contemplan acciones para proteger comunidades, excombatientes, líderes sociales y movimientos políticos alternativos; mientras en el día a día, el régimen continúa con el genocidio de 343 líderes, el exterminio de 85 excombatientes de las FARC y familiares, después de la firma del Acuerdo de Paz [1].
Continúan matando 2 líderes cada 3 días
En el mes de noviembre 20 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados, tres de ellos en la cuarta semana.
El Cabildo Mayor Awa de Ricaurte, Nariño (CAMAWARI) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denuncian la masacre en que asesinan a Héctor Ramiro García líder fundador de la organización CAMAWARI, y al Gobernador recién elegido Arturo García. En este ataque de sicarios resultaron heridos Miguel García coordinador de la Guardia Indígena, Gilberto Nastacuas y Gerardo Nastacuas integrantes de la Guardia, y el líder Juvenal Torres. Los sicarios ingresaron al Resguardo Palmar Medio Imbi, en la madrugada del domingo 2 de diciembre, cuando estaba finalizando la Asamblea para elección del nuevo Gobernador indígena.
Gladis Rivera Champeño, Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Laguna, en Toribio, Cauca y su esposo Henry Ulcué Fiscú exintegrante de las FARC, fueron asesinados el 27 de noviembre en horas de la noche, en un ataque de sicarios perpetrado en la vereda Los Cajones, en la vía Río Negro-Tacueyó.
José Antonio Navas, de 55 años de edad era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Líbano, en Tibú, Norte de Santander, fue asesinado el 29 de noviembre en Miramontes. Él era integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), de la Marcha Patriótica, las Zonas de Reserva Campesina y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNISCI), al tiempo que hacía parte de la Guardia Campesina.
La Red de Derechos Humanos de Putumayo, denuncia el hurto de elementos personales, información e intimidación con arma blanca, a la Representante de la Asamblea Departamental y defensora de derechos humanos Yuri Quintero, en hechos ocurridos en horas de la tarde del 28 de noviembre, cuando la defensora regresaba de Puerto Asís, donde participó en la Movilización Nacional por la defensa de la educación.
La Asociación de Reclamantes Tierra y Paz, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), denunciaron ante la Fiscalía que el 27 de noviembre la comunidad de la vereda La Danta del corregimiento Macondo, zona fronteriza entre Urabá y Bajo Atrato, fue amenazada por un grupo de hombres armados quienes les dijeron “que tenían que desocupar la finca, porque no era de ellos y si no lo hacían los iban a quemar con todo y la casa”. Estas comunidades han recibido amenazas sistemáticas desde 2011.
“Verdad toda, Verdad todos”
En medio de los ataques que recibe el proceso de paz, el día 29 de noviembre instalaron la Comisión de la Verdad, que busca “analizar el contexto y los comportamientos que contribuyeron a la situación de violencia, tanto desde el Estado como desde la sociedad; determinar el paradero, identificación y situación de las víctimas y comprobar las responsabilidades correspondientes de los actores del conflicto”.
La Comisión de la Verdad debe esclarecer:
* La práctica de las ejecuciones extrajudiciales.
* Las masacres y la desaparición forzada.
* La tortura como método de amedrentamiento y búsqueda de información.
* La violencia sexual en el marco del conflicto.
* El exterminio de los movimientos políticos de izquierda [2].
LA VERDAD DEL CONFLICTO ARMADO (1980 – 2012) [3]
Masacres 1.982 con 11.751 víctimas
Asesinatos selectivos 2.423 cometidos por las Fuerzas Armadas
Desaparecidos 82.998
Ejecuciones extrajudiciales 6.836 (2002 – 2010)
Desplazados 7´338.916
La verdad es un pilar de la construcción de un proceso de paz con justicia social. ¿El Estado hará cumplir el principio de “Verdad toda, Verdad todos”? ¿Están las clases dominantes dispuestas a reconocer su responsabilidad política en el conflicto interno? ¿Hasta dónde el pueblo colombiano está dispuesto a exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz?
[1] https://twitter.com/CIDH
[2] https://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/objetivos.php
[3] http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/bastaYa/basta-ya-colombia-memorias-de-guerra-y-dignidad-2016.pdf
eln-voces.com/20-lideres-sociales-asesinados-noviembre/
