Noticias Nuestra América

El pasado 16 de diciembre, los principales medios de comunicación de Colombia, incluyendo periódicos, revistas y portales digitales, publicaron un editorial conjunto alertando sobre lo que consideran un deterioro de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país.

En dicho texto, se denuncia que el periodismo ha sido objeto de reiteradas y cada vez más agresivas declaraciones y acciones con las que se pretende «socavar» la libertad de expresión. Los medios señalan directamente al presidente Gustavo Petro, acusándolo de utilizar su cuenta en X y sus alocuciones para atacar a periodistas y medios de comunicación.

El editorial también destaca un preocupante aumento de amenazas y agresiones contra el periodismo, así como una caída en el Índice de Chapultepec, que mide el estado de la libertad de expresión en América Latina. Y, finalmente, hace un llamado a los ciudadanos para que defiendan su derecho a la libre expresión y rechacen cualquier forma de intimidación, estigmatización o censura hacia la prensa y a quienes ejercen el periodismo. Asimismo, se aboga por un consumo informado y crítico de la información, subrayando que proteger la libertad de prensa es esencial para la convivencia democrática y la paz en Colombia.

Sin embargo, la legítima preocupación expresada en ese editorial por los medios se enfrenta a otra inquietud, muchas veces ignorada o minimizada: la vulneración del derecho constitucional a recibir información veraz e imparcial. Para numerosos ciudadanos, resulta igualmente alarmante la difusión de noticias falsas o no verificadas por parte de ciertos medios, con el evidente propósito de generar pánico o fomentar animadversión hacia el gobierno. Estas prácticas, claramente alejadas de los principios fundamentales del periodismo, plantean serias dudas sobre la ética de quienes las promueven. 

La libertad de expresión y de opinión son pilares fundamentales de toda sociedad democrática. No obstante, surge una pregunta crucial: ¿puede esta libertad amparar la difusión de información falsa con el propósito de manipular a la opinión pública y fomentar el odio hacia un gobierno?

El periodismo se fundamenta en valores esenciales como la veracidad, la imparcialidad y la responsabilidad. Cuando un medio o un periodista activista recurre a narrativas falsas para incitar el descontento hacia el gobierno, traiciona estos principios. La veracidad no solo es clave para que el público tome decisiones informadas basadas en hechos ciertos, sino también para preservar la confianza en los medios de comunicación. En contraste, la difusión de noticias falsas no solo engaña a la sociedad, sino que también socava la confianza en los medios y debilita las instituciones democráticas.

La oposición y el control político son esenciales y necesarios en toda democracia. No obstante, su ejercicio debe ser constructivo y basarse en hechos verificables. Utilizar la desinformación como herramienta para atacar a un gobierno no es una práctica legítima, sino una acción deshonesta que manipula y engaña al público. Este tipo de conductas no solo afecta la reputación del gobierno, sino que también dañan la cohesión social y debilitan la salud de la democracia.

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar con rigor y ofrecer análisis que permitan comprender la complejidad de los acontecimientos. Pero cuando abusan de su influencia en la sociedad para difundir narrativas falsas o distorsionadas, traicionan la confianza de sus audiencias y ponen en riesgo su propia credibilidad.

Este comportamiento no solo afecta al gobierno, blanco de los ataques, sino que también erosiona los cimientos de la democracia y el tejido social. La difusión de noticias falsas con el propósito de generar pánico o rechazo no constituye una forma legítima de ejercer la libertad de expresión ni de practicar el periodismo.

Así como los gobernantes tienen la obligación de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, los medios de comunicación están obligados a ejercer el periodismo con responsabilidad y un compromiso inquebrantable con la verdad. Este equilibrio es esencial para promover la armonía política, la estabilidad social y la confianza pública. Solo a través de este compromiso mutuo se puede fortalecer y salvaguardar la democracia en Colombia.