Vamos para cuatro meses del año 2024 y no para el exterminio de los líderes sociales (comunales, ambientales, mujeres, indígenas, afros y jóvenes), tampoco las masacres y las desapariciones.
Colombia, cuyo Estado está bajo el control de redes neofascistas asociadas con el uribismo, el Centro democrático, el santismo y el partido conservador, tiene una larga historia de violencia contra los sectores populares, ejercida por mafias y clanes locales y regionales vinculados con la corrupción, el narcotráfico y la concentración de la riqueza (tierras, ganado, minería). Durante más de 7 décadas se pueden identificar olas de asesinatos y exterminios masivos de grupos campesinos como ocurrió después de la muerte de Gaitán en 1948; o durante el Frente Nacional; o con el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala; o con la decapitación de la Unión Patriótica; en fin, con lo que ha ocurrido en los últimos años con el asesinato de más de 3 mil líderes sociales y 416 ex combatientes de las Farc.
En todo caso, la racha genocida permanece y golpea con furia.
En esa estrategia es evidente la presencia de los aparatos armados del Estado. De las brigadas, batallones, comandos y puestos de policía, comprometidos con este atroz fenómeno mediante la organización de grupos paramilitares como los urabeños, los puntilleros, los rastrojos, los Pachencas, los costeños, la Oficina de Envigado, la Cordillera, los Flacos, etc.
Hago una relación de los más recientes casos de asesinatos de líderes en las últimas semanas, también de masacres.
En la vereda La Esperanza, en zona rural de Apartadó, fueron asesinados Nallely Sepúlveda de 30 años y Édison Higuita de 14 años, ambos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
El martes 19 de marzo, en una finca de la vereda La Esperanza en San José de Apartadó, encapuchados de los urabeños dispararon contra la vida de dos personas. Ante el retraso de la inspección judicial, fueron los propios campesinos quienes colocaron en unas hamacas a las dos víctimas y llevaron en lomo de mula los cuerpos sin vida hasta el municipio más cercano
Los asesinados eran miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, esposa y hermano, respectivamente, del coordinador humanitario de este proceso de lucha popular que hace pocos días cumplió 28 años de existencia.
Escalada de violencia
Los hechos fueron denunciados por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, quien ya ha venido alertando la presencia y amenaza de grupos paramilitares (urabeños) que operan en la región con la complacencia del ejército, la policía, los políticos uribistas y funcionarios de las alcaldías.
El predio donde ocurrieron los asesinatos está ubicado en la vereda La Esperanza, su llegada es por el municipio de Turbo y, según lo dicho por las autoridades, está bajo el control del ‘Clan del Golfo’, las brigadas militares y los Comando de policía bajo el control de elementos corruptos.
A estos hechos execrables de violencia, se suman los últimos cinco asesinatos ocurridos en el municipio de Anorí, Antioquia.
Esta es la relación de líderes asesinados en el mes de marzo del 2024:
Josué Castellanos, en Tame Arauca, líder Comunal.
Dairo Y. Aquite, Indígena Páez Cauca
Segundo Virgilio, Balboa Cauca, líder comunal.
Deivi Junco, Lorica, Córdoba, líder comunal
Luis C. Pineda Excombatiente de las Farc, Doncello, Caquetá
José L. Angulo, Movimiento Víctimas de Timbiquí Cauca
Cristian Alberto, de Caldas Antioquia, líder comunal.
Guillermo Otero, docente, Fundación Magdalena.
Carmelina Yule, Indígena, Toribío Cauca
Luis Á. Silva M, ex combatiente de las Farc, Puerto Asís Putumayo
Álvaro J. Morales, Cajibío, Cauca, líder comunal.
Yirleana L. Moreno, Defensora DDHH, Quibdó Chocó.
Luis A. Gaitán, ex combatiente de las Farc, Arauca
Efrén Zapata, docente, Cáceres Antioquia.
Emerson D. Silva, Saravena Arauca, líder juvenil.
Asesinados la semana del 22 al 31 semana de marzo 2024: Yirleana Lorena Moreno Cuesta, lideresa y defensora de DDHH, hacía parte de la Red de Madres y Cuidadoras de Jóvenes Víctimas de Homicidios en Quibdó, Chocó, fue asesinada el 24 de marzo de 2024 en Quibdó, Chocó.
Luis Alfredo Gaitán Hernández, firmante del acuerdo de paz con las Farc, hizo parte de distintas asociaciones en los municipios de Saravena y Fortúl, fue acribillado el 25 de marzo de 2024 en Arauca, Arauca.
Efrén Zapata Elorza, era docente en la Institución Educativa María Auxiliadora sede Sitio Nuevo, hacía parte de la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba – filial de Fecode, fue tiroteado el 26 de marzo de 2024 en Cáceres, Antioquia.
Emerson David Silva Martínez, líder juvenil y excandidato al Consejo Municipal de Saravena, desaparecido el 23 de febrero y encontrado sin vida el 27 de marzo, en la vía que comunica a Cubará, Boyacá con Saravena, Arauca.
Masacre en Usme, Bogotá.
El 30 de marzo sicarios perpetraron una masacre en el Barrio San Isidro en la localidad de Usme, Bogotá, que dejo cuatro víctimas fatales, tres mujeres y un hombre.
Muchos nos estamos preguntando qué es lo que está sucediendo con esta demencial racha de asesinatos que golpea a los liderazgos populares.
¿Se fortalecieron en los últimos meses los grupos paramilitares con ayuda de la fuerza pública y la financiación de los gamonales ultraderechistas en los municipios y departamentos?
¿Por qué no están funcionando las distintas estrategias anunciadas por el gobierno?
Por Horacio Duque
