«En las acusaciones que aventuran algunos para estigmatizar a quienes exceden la duración normal de sus carreras, no consideran que muchos estudiantes trabajan mientras estudian, que por sus condiciones socioeconómicas no acceden a recursos educativos o fondos de financiamiento para sus estudios, que algunos enfrentan problemas de salud personal o de familiares que les impiden tener un rendimiento académico satisfactorio»...
Incertidumbre generan las cifras presentadas por la senadora María Fernanda Cabal sobre los costos que enfrentan las universidades públicas en Colombia, por semestres adicionales de estudiantes que superan los 15 semestres en la culminación de sus carreras. La senadora sostiene en su cuenta X, que cada cinco semestres adicionales representarían un costo de $ 16 056 802 766, mientras que 20 semestres alcanzarían los $ 64 227 211 065.
La congresista sugiere que estos costos podrían impactar el presupuesto universitario y restringir el acceso a la educación superior para nuevos aspirantes. No obstante, estas estimaciones y sus implicaciones financieras son motivo de controversia.
Además, resulta condenable en sus declaraciones la etiqueta de «vagos» y «activistas políticos de izquierda» con la que la senadora se refiere a los estudiantes que requieren más tiempo del establecido para completar sus estudios.
El enfoque contable de la senadora Cabal podría tener imprecisiones si no se tuvo en cuenta los costos marginales por estudiante. Costo que puede variar según el nivel en el plan de estudios, y llegar a ser cero en los últimos semestres del programa, cuando el número de estudiantes matriculados en un curso sea inferior al cupo máximo establecido.
Asimismo, considero que la congresista se equivoca al estigmatizar la situación de estudiantes con dificultades en la terminación de sus estudios universitarios. Y se hace insostenible, la sola sugerencia de que el acceso de nuevos estudiantes a la educación superior en universidades públicas se ve afectada por aquellos que tienen tropiezos para avanzar en sus carreras; en lugar de considerar como restricciones las capacidades en infraestructura, aulas y laboratorios, y la planta docente para atender a la población admitida en cada programa.
La insinuación de la senadora sobre la supuesta intención maliciosa de estos estudiantes para «hacer daño», es injusta, temeraria y carece de fundamento. Se hace ofensiva y estigmatizante su pregunta «¿Cuántos estudiantes sin oportunidad para estudiar por cuenta de algunos vagos dedicados a ideologías fallidas?». Se asume de manera subjetiva e irresponsable que hay un propósito subyacente de los estudiantes de extender su permanencia en la universidad para causar daño. No tiene en cuenta en su duda o prejuicio, que la falta de oportunidad para la educación superior de muchos jóvenes en Colombia no está determinada ni limitada por la población total de estudiantes matriculados cada semestre. Que el aforo de la población total de estudiantes por año que pueden estar matriculados en el sistema de educación superior no depende de ese grupo de estudiantes que por circunstancias individuales tienen que prolongar la duración de sus estudios.
Creo que la omisión más significativa de la congresista en el análisis del hecho es la descontextualización, el desconocimiento de las circunstancias que explican la extensión en la duración del tiempo de estudio de una carrera universitaria. No se puede ignorar que son variados los factores económicos, académicos, familiares o de salud, que enfrentan los estudiantes de universidades públicas para terminar a tiempo su carrera.
En las acusaciones que aventuran algunos para estigmatizar a quienes exceden la duración normal de sus carreras, no consideran que muchos estudiantes trabajan mientras estudian, que por sus condiciones socioeconómicas no acceden a recursos educativos o fondos de financiamiento para sus estudios, que algunos enfrentan problemas de salud personal o de familiares que les impiden tener un rendimiento académico satisfactorio, cambian de programas por falta de orientación académica adecuada para elegir la profesión de su vocación, que otros deben asumir responsabilidades familiares durante sus estudios, e inclusive, es posible que entre ellos haya estudiantes que carguen con deficiencias en su formación básica que afectan su desempeño académico y avance en sus programas.
Pienso que la senadora Cabal, más que un genuino deseo de ayudar a construir una solución, la mueve otro interés en su atención particular en esa población de estudiantes con dificultades. Dudo que la anime el propósito de contribuir en el diseño de una política de bienestar para ofrecer apoyo socioeconómico o psicosocial a esos estudiantes, si es necesario. Parece más motivada por hacer ruido político como precandidata presidencial y opositora a la política de gratuidad en los programas de pregrado de las instituciones de educación superior pública, reglamentada en el decreto 2271 del Ministerio de Educación Nacional, emitido el 29 de diciembre de 2023.
Contrario a la postura controversial de la congresista, considero importante reflexionar sobre la situación de los estudiantes que enfrentan dificultades para completar sus carreras universitarias en el tiempo esperado. En lugar de evaluar exclusivamente la eficiencia de los recursos en el sistema de educación superior pública, preocupación expresada por la senadora Cabal y el gobernador Julián Rendón, se requiere abordar esta realidad desde una perspectiva más amplia, imparcial y sin prejuicios, manteniendo una mente abierta para comprenderla de manera completa y objetiva.
Esta situación va más allá de debatir sobre la responsabilidad y efectividad de las políticas académicas y administrativas actuales. Nos obliga a examinarla detalladamente para comprender las causas y circunstancias reales que contribuyen a la prolongación de los estudios universitarios. Solo de esta manera podremos desarrollar políticas de bienestar universitario y curriculares efectivas que aborden las dificultades que enfrentan estos estudiantes.
