Se completan dos años de la masacre de una comunidad indígena del Putumayo por parte de integrantes de la contra guerrilla del ejército colombiano.
Al respecto la ONU ha dicho en un comunicado del 1 de abril lo siguiente:
“La Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos lamentó que, a dos años de ocurrida la llamada masacre de Alto Remanso (Putumayo), en la que presuntamente el Ejército cometió ejecuciones extrajudiciales, los resultados judiciales contra los responsables permanecen sin avances, completamente engavetados y refundidos en los archivos de la corrupta justicia colombiana.
Sigue sin esclarecerse en su totalidad qué fue lo que ocurrió y por qué por ejemplo los integrantes del Ejército al parecer adelantaron la incursión en medio de un bazar, disfrazados de guerrilleros para tratar de encubrir esa infame masacre.
Aún los sobrevivientes y sus familiares continúan en la incansable búsqueda de Justicia, Verdad y Reparación. Llamamos (dice la ONU) al Estado y al actual gobierno a avanzar en las investigaciones por parte de la justicia ordinaria, a que se esclarezca lo sucedido, y a tomar medidas que garanticen la no repetición”.
Asimismo, en su declaración la ONU hizo mención a varios de los indígenas reconocidos en la zona, que perdieron la vida: entre ellos el gobernador indígena del Bajo Remanso, Pablo Panduro. El caso por el momento se mantiene sin decisiones contundentes.
Publico de nuevo el texto de una columna que redactamos al año de esa masacre:
Hace ya casi un año que ocurrió la masacre en la vereda El Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, un municipio del departamento del Putumayo, fronterizo con Brasil, en la ruta del río Putumayo hacia Leticia.
En esa espantosa masacre murieron 12 indígenas y fueron heridas 7 personas más, entre ellas una indígena en embarazo y un niño de 4 años.
Hoy, este hecho criminal sigue en la impunidad, como muchas otras masacres y campañas de exterminio de líderes sociales y de reincorporados de las Farc, por lo que presidencia ha solicitado esta tarde al Fiscal Barbosa un informe sobre el estado de las investigaciones penales adelantadas por la entidad que él dirige. Informe que nunca se dio.
Esa masacre fue promovida desde la presidencia de la republica de Ivan Duque y desde el Ministerio de Defensa, dirigido por Diego Molano, un siniestro personaje neonazi que se regodeaba con la muerte de campesinos, indígenas y menores de edad, las que justificaba con tenebrosas teorías políticas contrainsurgentes y anti guerrilleras.
La organización propiamente dicha de este nefasto operativo corrió por cuenta de un núcleo de oficiales anti comunistas involucrados en la guerra contra las drogas y las campañas antinarcóticos que respalda la jefa del comando Sur la Grl. Laura Richardson, visitante asidua por varios países de América Latina, incluida Colombia, para proteger los intereses imperiales gringos ligados con grandes multinacionales petroleras, el despojo de los recursos naturales de la Amazonia, del Litio chileno y de la economía argentina sometida al recetario neoliberal del FMI.
El operativo militar y los arreglos criminales, -sembrando armas y otros elementos bélicos-, corrió por cuenta de un Brigadier General de nombre Walther Adrián Giraldo Jiménez, con amplia trayectoria en las Fuerzas Militares durante más de 30 años, con una innegable experiencia en episodios como los «falsos positivos», complicidad con paramilitares y otras irregularidades que ya la Comisión de la Verdad dio a conocer.
La cadena homicida la integraron también el coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, un comando anti narcóticos; y el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, un comando contra guerrillero.
Lo insólito de toda esta impunidad es que el General Giraldo Jiménez esta muy activo como comandante de una Fudra que opera en el departamento del Arauca (en la frontera con Venezuela) y parte de Boyacá; se trata de la Fuerza de Tarea Quirón, un modelo de organización militar patrocinado por el Pentágono que ha sido causante de miles de masacres y asesinatos de campesinos e indígenas y que aún sigue vigente.
Este General Giraldo además de este siniestro antecedente se da licencias hoy, para hablar de lo divino y lo humano sobre los temas de la paz total que descalifica sin ningún disimulo desde los cuarteles en Arauca.
Raro esto en un gobierno como el del presidente Gustavo Petro que de entrada hizo una depuración militar y policial en los términos en que lo recomendó al Comisión de la Verdad, pero que al parecer no fue suficiente porque aún hay mucho gorila anti comunista como este Giraldo que se siente blindado con su maquinaria de guerra, la misma que utiliza para exacerbar el conflicto social y armado en el departamento de Arauca donde hacen presencia el Eln, las Farc y la Segunda Marquetalia.
Sobre esta masacre se dio a conocer una supuesta investigación de la Procuraduría que seguramente no terminara en nada.
La impunidad seguirá porque entre otras cosas los medios de comunicación hegemónicos se han dedicado a desinformar sobre la masacre de los 11 indígenas y a embellecer las hojas de vida de los gorilas comprometidos en este horrible hecho.
El gobierno nacional debería tomar cartas en el asunto y destituir, cuanto antes, a esta cuadrilla de asesinos, antes de que la vuelvan a hacer en otro sitio o en el mismo Putumayo, tan golpeado por la violencia.
