Por Horacio Duque
Colombia tiene hoy 316 instituciones de educación superior y universitarias de las cuales 250 son privadas y 66 públicas.
Los colombianos están inconformes con el actual modelo universitario penetrado por las lógicas neoliberales y empresariales que tienen como prioridad el lucro y la acumulación capitalista.
A la consideración de toda Colombia está la audaz iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro para dar un profundo vuelco a la educación superior nacional y a las universidades para proyectar un modelo de educación superior post neoliberal y comprometido con los derechos fundamentales de todo los ciudadanos y ciudadanas de la nación.
Hay dos propuestas de Ley para hacer efectivo el derecho fundamental a la educación y reformar la ley 30 de 1992 (Ver http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_col_ley_30_sp.pdf ) que desarrolló las normas de la Constitución de 1991 sobre la educación superior.
El Ministerio de Educación y sus actuales directivos: la Ministra Aurora Vergara y el Vice Ministro Oscar Sánchez están animando un amplio debate sobre los alcances del paquete de reformas en que está empeñada la actual administración del Estado, enfocada en una transición política, social, económica y ambiental para hacer un corte histórico con el país del libre mercado, la violencia, la depredación ambiental, los “falsos positivos”, el militarismo, el desplazamiento, la masacre y la rampante corrupción.
Por supuesto, esta controversia no puede evitar la aproximación analítica del modelo de universidad y educación que se organizó y consolido al amparo de la Ley 30 y de las estrategias neoliberales promovidas por los gobiernos de las tres últimas décadas (Gaviria, Pastrana, Uribe, Santos y Duque) que dieron rienda suelta a la fantasía empresarial y al negocio descontrolado a cargo de decenas de universidades y establecimientos de educación superior privados controlados por hábiles e inescrupulosos negociantes que implantaron maquinarias nepóticas escudadas en la autonomía universitaria y la iniciativa privada[1].
Una auténtica reforma en este campo no puede evadir esta brutal realidad que sus defensores de oficio y beneficiarios, a título de servidores administrativos con altas remuneraciones pretende desconocer con formulaciones sofisticas y discursividades seudo científicas y seudo técnicas.
En todo caso es una prioridad sustraer el tema universitario de la polémica intoxicada por posiciones viscerales, o falsificaciones y desviaciones propiciadas por las mafias de poder dominantes en el Ministerio de Educación para acercar la Universidad a la idea democrática que se configura en la actual transición.
Si bien es cierto la universidad debe adecuarse a las grandes transformaciones ocurridas en los últimos años, como la revolución tecnológica, la digitalización de la vida cotidiana, la cuarta revolución industrial, la crisis ambiental, la terminación del conflicto social y armado, la implementación de la paz, el regreso de los despotismos ultraderechistas que degradan la democracia, las guerras internacionales, los cambios geopolíticos, el populismo, la inteligencia artificial, la actual transición política y ambiental, la crisis de la sociedad como concepto, la construcción de nuevas hegemonías, la constitución de nuevas subjetividades, el hambre y su superación, el decrecimiento económico; no menos cierto es que tal proceso debe trascender la simple visión legalista o el mero ajuste técnico para retocar instituciones (CESU y otras) y corregir los procedimientos de la Acreditación institucional o académica.
Lo inobjetable es que la organización, la acción, las ideas dominantes, los métodos pedagógicos y didácticos, los autores más consultados, las composiciones curriculares, los procedimientos de gestión, los estatutos de gobierno, los protocolos para escoger directivos, las interacciones con la sociedad, los actores protagónicos, los temas de la movilización e incluso las percepciones de la sociedad sobre las universidades están cambiando a grandes velocidades, haciendo obligatorio la recomposición de los centros de educación superior en una ruta permanente de cambio.
El mundo de las universidades tiene claro que ya no podrá ser el mismo de antaño, pues debe ajustar ejes, pilares y campos, sin desconocer su vocación y conciencia crítica en la reforma de las estructuras de la sociedad y del estado.
En todo caso, hoy existe una profunda y masiva crisis de la educación superior reflejada en el bajo desarrollo científico y tecnológico; en el desempleo e informalidad de los profesionales; una ampliación de las brechas en el acceso como reflejo de la pobreza que azota a millones de jóvenes; la bancarrota financiera acompañada de la proliferante privatización educativa y la perdida de la autonomía; y la proliferación de la corrupción con el saqueo de los recursos financieros universitarios, acompañado de formas violentas de gobierno como es el caso de la Universidad del Quindío que hemos denunciado a lo largo de los últimos años lo que nos ha valido la persecución judicial y el señalamiento estigmatizante por la rosca directiva de dicha institución.
Frente a la crisis universitaria, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha organizado una estrategia bastante acertada para sacar del abismo a la educación superior, en ese sentido sus principales iniciativas quedaron consagradas en el Plan de desarrollo Colombia potencia mundial de la vida, que se plantea objetivos muy concretos como los siguientes:
Primero. Ampliar en 500 mil nuevos cupos la cobertura universitaria ofreciendo la gratuidad progresiva, la priorización de la educación en zonas rurales para el cierre de brechas regionales, principalmente en los territorios vulnerables y los territorios PDET, pasando de una tasa de tránsito inmediato a educación superior del 23,9% al 26% en zonas rurales.
Los 500 mil cupos, serán logrados de la siguiente manera: 125 mil por las Universidad públicas, 125 mil las Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, y los otros 250 mil por IES privadas, fortaleciendo y fomentando un sistema mixto con desviación de recursos a entidades privadas.
Segundo. Aumentar el presupuesto de las universidades.
Tercero. Nuevas políticas de acceso y permanencia con perspectiva de género.
Cuarto. En el plan plurianual de inversiones se incluyeron proyectos de infraestructura Universitaria en el Catatumbo, Arauca (Tame), Bogotá (Policampus y ampliación de la infraestructura de la Universidad Pedagógica y Universidad Nacional), Soacha, Casanare, Cauca (Guapi, la Vega y sede UAIIN[ Universidad Autónoma Indígena Intercultural]), una seccional del pacífico y proyectos en suroriente de Pasto, sedes Tumaco, Barbacoas y Unión de la Universidad de Nariño, educación superior en el campo y sur del Tolima, el fortalecimiento de la planta física en la Universidad de Antioquia, proyectos en el Sur de Bolívar, sede de la Universidad de la Amazonia (Caquetá y Puerto Asís), proyecto Sede Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH) Subregión Medio Baudó y San Juan, proyecto en la sede Chiquinquirá de la UPTC, sede de los Llanos (Granada), ciudadela universitaria en el Bajo Putumayo, proyectos sede Málaga (UIS), Universidad de la Mojana (Sucre), Sede Univalle en Tuluá y Universidad del distrito de Agua Blanca. Algunas planteadas como sedes universitarias nuevas, y otras como fortalecimiento de sedes existentes.
Quinto. Se busca en el Plan de desarrollo consolidar un sistema de educación para el trabajo y desarrollo humano, basados en calidad y pertinencia, con la intención de modificar el sistema nacional de cualificación (SNC) y ajustar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior para mejorar la gestión en términos de otorgamiento de los registros calificados, la acreditación en alta calidad y el proceso de convalidación de títulos, esto para relacionar los perfiles profesionales con la oferta laboral.
Sexto. Creación de un ecosistema de educación superior pública que tenga vínculos con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
Séptimo. Reforma al ICETEX que busca acabar con su orientación bancaria, dando algunos alivios a los estudiantes.
Sin duda, se trata de un nuevo proyecto educativo universitario que debe convocar a la movilización popular para dar el apoyo necesario en su aprobación (en el caso de las dos leyes) y ejecución consecuente.
[1] Ver sobre la mercantilización de la Universidad y sus graves consecuencias se puede consultar el texto de Renán Vega Cantor “La Universidad de la ignorancia” en el siguiente enlace electrónico https://lalibretaciencia.files.wordpress.com/2018/11/la-universidad-de-la-ignorancia.pdf
