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Diferentes organizaciones indígenas del país, se encuentran concentrados en el Resguardo Indígena de Las Mercedes, ubicado en el municipio de Caldono, departamento del Cauca, desde el domingo 10 de marzo. Exigen el cumplimiento de los acuerdos pactados con las diferentes organizaciones sociales, los cuales no han sido atendidos por el Gobierno central encabezado por Iván Duque.

Las diferentes organizaciones que participan de la ‘Minga Por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz‘ enviaron una carta el 22 de febrero, en la que invitaron al presidente Iván Duque a “Dialogar con los diferentes procesos organizativos el día martes 12 de marzo, en la vereda El Pital del Municipio de Caldono, Cauca”.

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Nada más peligroso para la estabilidad, la paz y la democracia internacional, que un presidente del tipo Trump, cuyas decisiones son a la medida de sus preocupaciones personales diarias y su discurso anuncia todo lo contrario a la paz, la democracia y la estabilidad.

Sus apreciaciones triviales son convertidas a hipótesis exentas de validación técnica y política, inclusive para definir quien debe vivir o morir en el planeta, sin que las muertes de inocentes o implicados, cuenten siquiera como daño colateral. Lo que dice es noticia que se transforma en capital y cifras a su favor. Pero así ha sido en la América gringa desde el fin del genocidio de sus mas de 12 millones de indígenas, asesinados por sus propios compatriotas y que refleja consecuencias en los casi 55 millones de hispanos inmigrantes, tratados y maltratados hoy como infrahumanos.

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Tras cumplir 3 meses de cautiverio, los 8 líderes sociales de San Luis de Palenque y Trinidad, recién este jueves 21 de marzo se llevará a cabo una audiencia sobre su situación. Frente al hecho, las comunidades han convocado a un plantón frente Palacio de Justicia Yopal – Casanare para exigir la libertad de estos líderes encarcelados por  defender los derechos de las comunidades ante las empresas petroleras presentes en la región.

En un atropello contra los derechos de las comunidades y el derecho a la protesta se ha convertido las 8 judicializaciones de los líderes, que durante años han luchado exigiendo que las empresas petroleras no vulneren sus derechos y cumplan los acuerdos pactados entre comunidad y petroleras, y hagan inversión social como lo estipula la ley.

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Montado en un conflicto con Venezuela, como cómplice de los planes injerencistas del gobierno estadounidense, que le valió un repunte en las encuestas pese al rotundo fracaso de la Operación Cúcuta,  el presidente colombiano Iván Duque intenta una huida hacia el pasado, al tratar de al menos minimizar el acuerdo de paz con las guerrillas de la FARC que canceló (¿transitoriamente?) 60 años de conflicto armado interno.

Duque, exigió modificar la justicia transicional que surgió tras el acuerdo de paz con la exguerrilla de las Farc, lo que supone cambios sustanciales en seis artículos de los 159 de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

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Vendedores informales en Bogotá son afectados diariamente por la persecución y la estigmatización en contra de la informalidad laboral. La malinterpretación del código de policía y las políticas distritales sobre el espacio público son las causas más frecuentes.

Desde el año pasado el centro de Bogotá ha sido escenario de operativos diarios por parte de la Policía y funcionarios de instituciones distritales para la “Recuperación del Espacio Público” en el marco de planes como “Candelaria Turística mejor para todos”. Los vendedores de esta zona de Bogotá se desplazan constantemente de sus lugares de trabajo por miedo a las represalias de las autoridades. La presencia policial que regula la venta informal callejera y persigue a los vendedores informales se volvió común ante los ojos de quienes transitan por la Carrera séptima o San Victorino.

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