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El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo (Izq.), y su homólogo de Finlandia, Timo Soini, en Helsinki, Finlandia, 5 de marzo de 2019. (Foto: AFP) 

El canciller de Colombia asegura que el Gobierno de Duque seguirá implementando los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC, pero con “modificaciones”.

“En medio de las naturales dificultades y complejidades que tiene la implementación del acuerdo, la política es esa, implementarlo introduciendo algunas modificaciones”, ha declarado este martes el ministro de Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en rueda de prensa con su homólogo finlandés, Timo Soini, en Helsinki, Finlandia.

Entre las enmiendas del acuerdo, pedirán que aquellos excombatientes que continúen con actividades relacionadas con el tráfico de armas, lavado de activos y narcotráfico pierdan todos los beneficios, como también que la erradicación de los cultivos ilícitos tenga un carácter obligatorio de ahora en adelante.

Los pueblos originarios de Colombia exigen a la fuerza pública que abandone sus comunidades para propiciar el fin de los enfrentamientos.

Los pueblos indígenas de Colombia pidieron al Gobierno de Iván Duque garantías al derecho a trabajar las tierras, a la vida y a su autonomía. 

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) pidió al Gobierno del presidente Iván Duque que les garantice la pertenencia de sus territorios, así como la defensa de su vida y la autonomía que les corresponde como pueblos originarios. 

La organización social denuncia que actualmente viven confinados en sus localidades debido a los enfrentamientos armados que se dan a diario en sus localidades. 

 

Según una denuncia de Movimiento Ríos Vivos – Antioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM) está exigiendo a los afectadas de Hidroituango en Valdivia, Antioquia, la firma de un documento que exonera a la empresa de sus responsabilidades como condición para recibir ayudas humanitarias, necesarias para el sustento de estas familias.

Isabel Cristina Zuleta, integrante de la organización, afirma que esta práctica de EPM se comenzó a detectar a principios de febrero, cuando las comunidades expresaron que los funcionarios de la compañía los intervenían mientras esperaban en las filas dentro del Banco Agrario, para reclamar un pago de 1.400.00 pesos que es suministrado por la misma empresa.

 

Había una vez una ciudad en donde su alcalde tuvo la idea de sembrar plantas en el mismo lote en el que 22 familias buscaban construir su casa; así, mientras las flores encontraron un hogar en el sector del Oasis, barrio Moravia, más de ochenta personas se refugiaban debajo de un puente. Sus viviendas son ahora el fantasma de lo que se llevó un incendio y de lo que se enterró definitivamente con las raíces de las plantas.

Más de ochenta personas vivieron durante meses debajo del Puente de la Madre Laura, luego de que en septiembre del 2017 un incendio arrasó con las casas ubicadas justo en frente. Luego de este suceso, que además ocurrió bajo extrañas circunstancias, la administración de Medellín se comprometió a darle una solución definitiva a la problemática de vivienda de estas familias.

 

16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la JEP por hechos relacionados con la Unión Patriótica y otros 4 miembros han solicitado su acogimiento por las mismas razones. Además, 13 exagentes del DAS han solicitado su acogimiento por hechos que podrían estar vinculados con este caso.
La Fiscalía reconoció en su informe que las investigaciones en la justicia ordinaria han sido insuficientes para establecer la responsabilidad de los autores de estos hechos. En las 246 sentencias emitidas en este caso, se ha condenado a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 agentes de la Policía.