Aviso

 

La tarde del 21 de marzo en el cabildo Indígena Cañón del Río Pepitas, ubicado en el corregimiento de Cisneros, Dagua, Valle del Cauca, se registró un estallido al interior de una de las viviendas del lugar que deja hasta el momento 8 personas fallecidas y 15 heridos. Aunque los sucesos continúan en investigación y aún no han sido esclarecidos, las comunidades denuncian que un objeto fue lanzado dentro de la construcción previo a la detonación, por lo que podría tratarse de un atentado.

Los hechos

Tal como estaba previsto, para el 24 de marzo se realizó una Minga indígena en La Delfina, vía Buenaventura, sin embargo como el lugar era tan pequeño para los cerca de 5.000 indígenas que arribarían al lugar, se decidió adecuar un nuevo lugar en el municipio de Dagua específicamente en el corregimiento de Juntas, resguardo indígena de Pepitas.

 

Este domingo, la comunidad Embera de Cañaveral, Chocó, mantuvo en custodia a 5 paramilitares integrantes de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como forma para protegerse de la presencia de este grupo armado y sus operaciones en el territorio. Esta situación se produjo luego de un incremento de acciones armadas por parte del paramilitarismo en territorios de Jiguamiandó y Curbaradó, de acuerdo a denuncias hechas por la Comisión de Justicia y Paz.

La Comisión ha advertido sobre el incremento de las acciones paramilitares en la zona desde febrero. Las operaciones recientes se presentaron desde el viernes 22 de marzo, momento en que desde la Zona Humanitaria Nueva Esperanza, “un grupo de 50 hombres con armas largas y camuflados integrantes de las AGC” fueron vistos dirigiéndose hacia el Alto Guayabal. Este grupo se uniría a otro de 30 hombres que iba más adelante.

 

En el departamento de Arauca, luego de dos visitas relámpago, Iván Duque realizó uno de sus famosos talleres Construyendo país en el municipio de Saravena.

En las instalaciones del cantón militar batallón Gabriel Reveiz Pizarro, el presidente junto a su gabinete reunió a la Gobernación y las alcaldías municipales de Saravena, Tame, Arauquita, Arauca y Puerto Rondón quienes con su séquito colmaron el escenario limitando la participación de comunidades y las organizaciones sociales.

En un ambiente de zozobra por la agudización del conflicto social, económico y armado llegó la tan anunciada visita. Inversión social, la infraestructura y la seguridad eran los ejes principales para el trabajo del mandatario en su taller.

 

Hemos llegado al reino pleno de la biopolítica moderna, a ese capitalismo degenerado que señala la decadencia de Occidente, que aun persiste en cubrirse con la palabra “democracia”, así esta se haya convertido en un cascarón vacío…Completa expresión del fracaso de los tradicionales postulados democrático-liberales que decían sustentarse en la vigencia de una sociedad civil, ilustrada y participativa, con teorías y discursos incluyentes y hasta emancipatorios, como el de los derechos humanos universales e inalienables.

En conclusión, hemos llegado al fascismo democrático, al demofascismo que constituye la apoteosis contemplativa y criminal a la vez, del desencanto y el cinismo. Fascismo de nuevo tipo que ya no reclama el entusiasmo ni la movilización total, que caracterizara a los fascismos anteriores. Ahora, masas de sujetos nominalmente “demócratas”, conviven extasiados dentro del pensamiento único, bajo convicciones de rebaño, movidos uniformemente por los medios de comunicación, con ausencia total de la crítica, de la oposición y de las diferencias.

 

La Corte Constitucional de Colombia falló este 13 de marzo en contra de dos iniciativas promovidas por el gobernante partido Centro Democrático en relación con el funcionamiento de la Justicia Especial de Paz (JEP).
El máximo tribunal no avaló la propuesta de crear una sala especial dentro de la JEP con un tratamiento diferenciado para los militares, proyecto que introdujo la derecha en el Congreso el pasado año y que se apartaba del espíritu y la letra del Acuerdo de Paz.

La Corte, además, dejó claro que los magistrados de la Justicia Especial de Paz sí pueden ordenar pruebas en relación con los casos de garantías de no extradición.