Montado en un conflicto con Venezuela, como cómplice de los planes injerencistas del gobierno estadounidense, que le valió un repunte en las encuestas pese al rotundo fracaso de la Operación Cúcuta, el presidente colombiano Iván Duque intenta una huida hacia el pasado, al tratar de al menos minimizar el acuerdo de paz con las guerrillas de la FARC que canceló (¿transitoriamente?) 60 años de conflicto armado interno.
Duque, exigió modificar la justicia transicional que surgió tras el acuerdo de paz con la exguerrilla de las Farc, lo que supone cambios sustanciales en seis artículos de los 159 de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
El anuncio presidencial fue rechazado por más de cien personalidades defensoras del acuerdo de paz, quienes enviaron una carta al Secretario General de la ONU, António Guterres, expresando su preocupación, mientras que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia pidió que se respete “la integralidad” del acuerdo de paz firmado .
“En el marco de los estándares internacionales, consideramos esencial que las decisiones sobre las objeciones presentadas por el presidente de la república aseguren que la integralidad del acuerdo final será respetada, al igual que la independencia judicial de la JEP”, manifestó el organismo.
Señaló además que se debe garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición, así como la seguridad jurídica a los desmovilizados e integrantes de la fuerza pública que se han sometido a ese tribunal. El acuerdo fue aprobado por el Congreso en 2017 y recibió el visto bueno de la Corte Constitucional.
Quizá lo medular de los acuerdos de Paz entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, fue el sistema Integral de Justicia para la Paz conformada por la Unidad de Búsqueda de Personas desparecidas en relación con el conflicto armado interno, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y, dentro de todas ellas es la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Esta es la que deberá investigar y sancionar en el marco de la justicia restaurativa los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y en general los graves delitos cometidos por los distintos actores del conflicto armado interno durante los últimos 60 años, que no pueden ser amnistiados ni indultados. Dos son los objetivos centrales de la JEP: brindar verdad judicial y reparación a las víctimas a cambio de otorgar penas blandas a quienes comparezcan a esta jurisdicción.
En su paso por el Congreso este punto de los acuerdos fue debilitado toda vez que los terceros responsables, esto es, funcionarios públicos o autoridades públicas no pertenecientes a la Fuerza Pública, empresarios, terratenientes, financiadores y autoridades como alcaldes, gobernadores y demás funcionarios públicos electos podrían concurrir voluntariamente si así lo decidieran, es decir, la reforma constitucional y legal que creó la JEP, no los obliga a concurrir.
Las investigaciones sobre estos terceros responsables seguirán en la Fiscalía General de la Nación y en la jurisdicción ordinaria, para lo cual fueron el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras los encargados de convencer a las mayorías parlamentarias para excluir a los terceros de la JEP, lo cual fue además validado por la Corte Constitucional en un fallo por demás controvertido.
Dentro de los terceros responsables (cinco mil actores de 15 mil delitos) se encuentran la mayor parte de los autores intelectuales de crímenes de guerra y de lesa humanidad, quienes ahora pueden acogerse a la justicia ordinaria en donde las posibilidades de ser investigados y castigados es muy baja (la tasa de impunidad es superior al 95% ).
Duque en innumerables declaraciones ha pedido a la JEP aprobar la extradición de Jesús Santrich uno de los jefes negociadores del acuerdo por parte de las FARC-EP. Lo propio han pedido los congresistas del Centro Democrático de Uribe y Duque (Imás la Fiscalía General), presionando a la JEP, que tiene en sus manos esta decisión que deberá producirse en las próximas semanas.
Asimismo, Martínez acudió ante la Corte Constitucional para que se mantenga en su fiscalía la custodia de los bienes entregados por las FARC para la reparación a las víctimas; y pidió a Duque que objete la ley estatutaria de la JEP. Y en acuerdo con la Agencia Antidrogas de EEUU, DEA, montó el operativo para la captura de un fiscal de la JEP, Luis Carlos Bermeo, acusado de acciones que buscarían impedir la extradición de Jesús Santrich solicitado por un fiscal de Nueva York por supuestamente haber incurrido en un delito de narcotráfico después de la firma de los acuerdos.
Lo que queda en claro es que el régimen y sus principales agentes se oponen a la JEP y quieren o acabarla o reformarla drásticamente con lo cual se asestaría un golpe mortal al debilitado proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP.
Uribe pidió que la JEP sea eliminada, ya no sólo reformarla, temiendo que esta pueda encontrar culpables al desvelar la verdad judicial de los miles y miles de crímenes horrendos cometidos por altos mandos militares y personajes del establecimiento económico y político del país. Esa es la razón verdadera de los arteros ataques a la JEP.
El país se moviliza
El país se moviliza contra la huida hacia el pasado de Duque. Estos son los paros y movilizaciones que desde esta semana se le vienen encima al gobierno, una prueba de fuego en cuanto al manejo que el primer mandatario les dé, en lo que tiene que ver con su negociación e incluso con la manera como se afrontarán los posibles bloqueos:
-Movilización en 32 municipios del país convocada por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) y Marcha Patriótica. Mientras, se realizará una reunión de Dignidad Cafetera —el 15 de marzo en Neiva y el 21 en Pereira— para definir la hora cero de una gran movilización agropecuaria.
-Paro de la Federación Nacional de Educadores (Fecode) los días 19 y 20 de marzo. Movilización de comunidades indígenas, afros y campesinas en el Cauca, la denominada Minga por la Vida, desde este fin de semana, en diferentes territorios del suroccidente del país, y se adiciona un llamado a la protesta social por parte de organizaciones campesinas del Meta y el sur de Córdoba, junto a una movilización de campesinos cultivadores de coca en San José del Fragua (Caquetá).
Volver al pasado
Esa fuga hacia el pasado, en concordancia con las presiones del poder fáctico del país, lo ha llevado a Duque a convertir la política exterior en un mero insumo para la política doméstica; a proclamar estrategias de seguridad y defensa ancladas en los postulados de la seguridad democrática de principios del siglo; a volver a la discusión sobre la existencia o no del conflicto armado; a las disputas sobre el resultado de las negociaciones de paz con las Farc; a insistir en el uso del glifosato en las fumigaciones y a incentivar la polarización del país.
Algunos analistas alertan de que esta carrera hacia atrás se estrelle con la nueva realidad del país, donde un sector importante de las élites que saborearon los réditos de la disminución de la violencia en Colombia, no quieren acompañar a Duque. No es menor que la izquierda tenga un respaldo que nunca había tenido, y busca alianzas con esas élites propensas a la reconciliación. Las fuerzas sociales, empezando por los campesinos cocaleros, los maestros y los estudiantes están en camino a la protesta.
El nuevo gobierno ultraconservador ha llevado a Colombia al borde de una confrontación bélica con Venezuela, convirtiendo al país en al cómplice de las políticas injerencistas del presidente estadounidense Donald Trump en las disputas que atraviesan a Latinoamérica, poniendo en práctica una diplomacia al servicio de la seguridad y la defensa interna, monitoreadas por Washington.
Para ello, los medios de comunicación hegemónicos han desarrollado y difundido una peligrosa retórica de amenaza externa juntando a Venezuela, a Cuba y a las fuerzas irregulares que hacen presencia en la frontera con el vecino del norte. De la mano de Rafael Guarín, asesor de seguridad nacional, se lanzó recientemente la política de seguridad y defensa citando expresamente el ejemplo del gobierno genocida de Álvaro Uribe en sus dos mandatos y, a su estilo, hacer una nueva versión de las redes de informantes, las zonas de rehabilitación y la ocupación militar del territorio.
Volvió al despropósito intelectual de negar el conflicto armado después de que la comunidad internacional, en pleno, les dio el aval a las negociaciones de paz de La Habana y de que se produjo la desmovilización, el desarme y la conversión en partido político de las Farc. En esa disputa han dispuesto todo para cercar a la JEP, a la Comisión de la Verdad y al Centro Nacional de Memoria Histórica para conjurar la esperanza de no repetir la tragedia de la guerra en Colombia.
Quieren, además, retroceder a las fumigaciones con glifosato de los cultivos de uso ilícito, a la persecución a los campesinos cocaleros, a poner el acento en la represión y en el castigo al consumo. Es el retorno a una política que fracasó y dejó una estela de muertes, golpes a la democracia y a la naturaleza.
En esta cruzada, Duque ha encontrado en en Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación, sindicado en las redes de corrupción, un aliado para adelantar artimañas judiciales, la deslegitimación pública de los acuerdos, la desfinanciación de los compromisos, la contrarreforma de las medidas ideadas para el posconflicto.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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