Por: Horacio Duque
Hay una verdad que pocos cuestionan, la violencia en Colombia se alimenta de la aberrante concentración de la tierra en una pequeña casta de grandes hacendados y terratenientes que acuden al uso de la violencia, con ejércitos privados (paramilitares) y con los públicos, para mantener y proteger sus privilegios (el coeficiente Gino de la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia es de 0.94%); con esos ejércitos se mantiene a raya a más de 13 millones de campesinos sumidos en la pobreza y la exclusión mediante la masacre, el exterminio de líderes y el desplazamiento de millones de familias que van a parar a las periferias urbanas donde son objeto de la más repugnante manipulación de todo tipo: politiquera, religiosa, mediática, cognitiva, delincuencial, de trata de blancas, por el microtráfico y por las grandes bandas de la delincuencia sicarial.
La Paz total, se ha dicho ciento de veces, pasa en Colombia, por la realización de una profunda reforma rural integral que ha sido recomendada y propuesta por solidos estudios de Planeación Nacional, como el de la Misión Rural (Ver Misión para la transformación del Campo en el siguiente enlace https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/documento%20marco-mision.pdf ) y por investigaciones de científicos agrarios como Alejandro Reyes, Darío Fajardo, Absalón Machado, Héctor Mondragón y otros prestantes estudiosos y académicos de las universidades.
Tanto así que, en el Acuerdo de Paz con las Farc, firmado en el segundo semestre del 2016, entre el señor Juan Manuel Santos y las Farc, el primer punto de tal documento está consagrado a la reforma rural con un enfoque integral, pues no se reduce a la simple entrega de tierras porque hay un programa de 18 acciones que deben acompañar la democratización de la propiedad agraria.
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha colocado todo su empeño en este propósito nacional, mirando al mundo campesino desde una perspectiva protagónica en el proceso del cambio, en cuyo centro está la reforma agraria. En ese sentido, Petro ha dicho muchas veces que: Estoy absolutamente convencido de que podemos hacer la Reforma Agraria que la historia de Colombia no pudo hacer, es el momento y ese es el sinónimo de la paz. Hay que apretar el paso han sido sus palabras más recientes.
Hace unos días, al reestructurar su equipo de gobierno, Petro destacó la importancia de profundizar el proyecto programático y corregir errores, además, tomo la determinación de colocar al frente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, fundamental en tal mirada, a Martha Carvajalino Villegas, una mujer probada en la lucha social y profunda conocedora de la cuestión agraria, comprometida con las demandas y aspiraciones de la ruralidad y defensora de la imprescindible reforma agraria.
Su nombramiento no es casual y tiene el signo del cambio (Ver https://semanariovoz.com/nuevo-acuerdo-de-chicoral-por-una-reforma-agraria-que-nadie-podra-revertir/ ). Además de ser una experta en derecho agrario y ambiental (es procuradora judicial desde el 2015), y haber estado al frente del Viceministerio de Desarrollo Rural desde junio del 2023 hasta enero de 2024, la ministra es ante todo una comprometida luchadora social (Ver https://semanariovoz.com/nuevo-acuerdo-de-chicoral-por-una-reforma-agraria-que-nadie-podra-revertir/ entrevista en el Semanario Voz)
Su historia de vida nos muestra una comprometida lideresa estudiantil en la Universidad Nacional y destacada activista por la paz en su experiencia del movimiento social Planeta Paz. Corre por su sangre la historia del movimiento popular y obrero que reivindica al recordar con nostalgia, pero siempre como referente y ejemplo, a su abuelo materno Jesús Villegas, uno de los fundadores en 1930 del Partido Comunista Colombiano.
La Ministra, ha proyectado un verdadero programa de acciones agrarias encomiables y trascendentales que deben contar con todo el apoyo del movimiento campesinos y agrario para que se haga realidad en los 21 meses que le restan a la actual administración. Ella está convocando un nuevo Pacto de Chicoral -pero no de latifundistas reaccionarios, como el de 1973-, en favor de la reforma agraria que deberá reunirse en ese municipio del Tolima en el mes de diciembre del año en curso.
La Ministra, además, está indicando los ejes concretos de su plataforma agraria democrática que debe ser dada a conocer a millones de campesinos y asociaciones para que tenga un sólido respaldo popular.
Veamos cuales son las tesis principales del planteamiento agrario de la Ministra Carvajalino.
De acuerdo con Ella, la Reforma Agraria ya está rodando, se han adquirido 267 mil hectáreas de manera directa y 460 mil hectáreas gestionadas de manera integral para la redistribución de la tierra (Ver https://www.eltiempo.com/economia/sectores/el-gobierno-promovera-acuerdo-para-impulsar-la-reforma-agraria-ministra-de-agricultura-3394053 ). Además, se está preparando un proyecto de ley sobre la reconstrucción y remodelación de la institucionalidad agraria con la participación de los sindicatos agrarios y las comunidades campesinas.
El alcance de la visión de la Reforma agraria lo resalta Ella al afirmar que:
Hemos puesto en el centro de la agenda pública la reforma agraria, no como una visión vacía de desarrollo rural, sino como una apuesta redistributiva de la tierra. La lucha por la reforma agraria no es un discurso nuevo, es un anhelo que cumple 90 años, cuando campesinos sin tierra exigían la redistribución del gran latifundio concentrado e improductivo en la lucha contra las grandes haciendas, donde los socialistas jugaron un papel clave (Ver https://semanariovoz.com/nuevo-acuerdo-de-chicoral-por-una-reforma-agraria-que-nadie-podra-revertir/ ).
La cuestión agraria en las últimas décadas se abandonó, se escondió, ahora la justicia transicional, con el Acuerdo de paz, permite convocarnos alrededor de la realidad que deja la guerra, de reconocer el desplazamiento y el despojo, que afectaban al campesinado, y eso permitió que en la última década la lucha agraria empezara a reconstruirse, como respuesta a esa estructura inequitativa de hace cien años de grandes latifundios de explotación ineficiente, mientras los campesinos, que proveen el 70 por ciento de los alimentos, se encuentran en el minifundio improductivo.
El modelo de la producción injusta e inequitativa sigue vivo en el campo y queremos reconstruir la discusión sobre la necesaria redistribución de las tierras fértiles en manos de la agricultura familiar y campesina, con un ingrediente novedoso, determinando la característica de la reforma agraria en la lucha por una producción sostenible que enfrente la crisis climática, en la posibilidad inmensa de la redistribución, pensándonos una producción rotativa, sostenible, cuidadora de la diversidad. A diferencia de hace noventa años, debemos garantizar una agricultura que cuide los suelos, bosques, agua. Hoy podemos con la acción campesina en clave de esos retos de garantizar que la reforma agraria sea un acuerdo nacional.
Frenar expansión de la frontera agrícola
Para frenar la expansión de la frontera agropecuaria, dice la Ministra, es necesaria la redistribución de la tierra fértil. Tenemos cerca de trece millones de hectáreas fértiles en Colombia en uso ineficiente o subutilizadas, generalmente utilizadas en ganadería extensiva. Estas tierras deberían pasar a manos de la agricultura campesina para uso agrícola, solucionando conflictos de uso de suelo, y eso disminuye la presión a ese campesinado que, frente al acaparamiento de tierras, se va hacia la frontera agrícola.
La primera estrategia es la redistribución de la tierra fértil, no es solo comprar tierras, estamos ofreciendo a los propietarios del gran latifundio una propuesta sin antecedentes que es la compra por oferta voluntaria a precio comercial, eso nos permite disminuir las tensiones sobre el conflicto de la tenencia de la tierra.
Esta estrategia se acompasa con la estabilización de los territorios campesinos de colonización histórica, especialmente en el arco amazónico, para generar gobernanza con el campesinado. Busca facilitar una transición entre la zona andina, amazónica y los valles interandinos para construir territorios campesinos productores de alimentos, como lo vienen haciendo. Además, pretende estabilizar la expansión de la frontera fortaleciendo la economía forestal y generando riqueza a partir del aprovechamiento de la restauración del bosque (Ver https://semanariovoz.com/nuevo-acuerdo-de-chicoral-por-una-reforma-agraria-que-nadie-podra-revertir/ ).
Al mismo tiempo, se busca fortalecer los corredores campesinos de comercialización e identidad con el territorio, lo que permitirá generar sistemas agroalimentarios sostenibles y productivos frente a los mercados regionales e internacionales.
El Modelo agrícola
Afirma que hay que entender que los suelos, el agua y los bosques son recursos finitos que requieren un ordenamiento para su aprovechamiento. El suelo es el recurso natural más olvidado, si no se usa adecuadamente se extingue la posibilidad de producir alimentos.
Hay que ordenar la producción agropecuaria, no podemos tener ganadería en suelos aptos para producir agricultura porque se degrada el suelo, hoy tenemos posibilidades para tener una ganadería de cara a la crisis climática, regenerativa, con sistemas pecuarios amigables, en zonas de suelos aptos para ello, pero nuestra gran contradicción es que tenemos ganadería donde es productiva la agricultura y viceversa.
Por ejemplo, las sabanas inundables de Arauca, de aptitud pecuaria, allí hay presión para proyectos agrícolas y no es ni eficiente ni productiva. En el Caquetá, nuestro borde amazónico, existe uno de los hatos ganaderos más grandes del país y eso nos hace presión sobre el bioma amazónico, la zona andina, sobre nuestros parques nacionales naturales.
Es fundamental abrir una discusión en el país sobre qué significa una producción eficiente y competitiva, no sólo en términos de mercado, sino desde la perspectiva de garantizar subsistencia y, sobre todo, riqueza a las familias. Cada familia campesina debe poder generar un excedente capitalizable que le permita tener bienestar. Debemos plantear qué tipo de producción queremos y necesitamos, cómo y hacia dónde orientarnos.
Hoy podemos generar productos forestales, frutales que pueden ayudar a restaurar ecosistemas, pero que nos permite crecer económicamente. Las Zonas de Reserva Campesina son un ejemplo que alrededor de sus planes de desarrollo sostenible construyen una propuesta productiva desde el territorio, de cara a sus contextos. Debemos como sector, generar las herramientas para fortalecer esas experiencias y construir ese ordenamiento.
Reforma agraria en el Magdalena Medio y el Caribe
Cada región tiene su particularidad, la estructura de tenencia de la propiedad de hace casi cien años es bimodal. Es la tensión del gran latifundio con un minifundio que puede acercarse con la improductividad, con el fraccionamiento antieconómico ─predios pequeños donde las actividades productivas ya no son rentables.
La tensión está marcada por la guerra que ha ayudado a concentrar y fraccionar las tierras planas, fértiles, por las que siempre ha luchado el movimiento campesino, ubicadas en su gran mayoría en el Caribe y el Magdalena Medio. Esas tierras pueden transitar de manera eficiente hacia cultivos de la agricultura, son las tierras que queremos distribuir y, por eso, allí estamos enfocando el programa especial de compra directa.
Se distribuye en estos territorios porque precisamente por la alta concentración de la propiedad y porque a diferencia de otras tierras, aquellas tienen vocación productiva, ese índice está en esta región. Además, en esas tierras el movimiento campesino fue quizá el más afectado, no solo por la guerra de las últimas décadas, sino desde la violencia bipartidista. Las gestas campesinas de Córdoba, de los valles del Sinú, fueron criminalizadas y martirizadas, por ello, la reivindicación de la lucha campesina del Caribe sigue siendo vigente y hoy podemos lograr un acuerdo de gobierno y propietarios para generar un proceso de democratización de la tierra, política y social en una zona que debe ser símbolo de transición hacia la paz.
Esto nos ayuda a comunicarnos con el resto del movimiento campesino. Ellos han resistido, han creado territorios campesinos, Zonas de Reserva, sin bienes de servicios básicos y en regiones complejas que exigen mayor trabajo, en las laderas de nuestras montañas, pero aun así han logrado el abastecimiento alimentario incluso en los períodos más difíciles de la guerra.
Hoy hemos logrado que el movimiento agrario tenga la comprensión integral de reformar esa estructura caduca, violenta, social y agraria, sostiene la Ministra Carvajalino. Se planteó el tema del microfundio para recuperar tierras como en el caso de la sabana de Bogotá, Cundinamarca o Antioquia, que vienen siendo urbanizadas y fraccionadas y que son buenos suelos, potenciales para la producción agropecuaria, que deberían ser unidades productivas que no sucumban ante la asfixia rentista.
Los Comités de reforma agraria
La reforma agraria solo es posible si hay un movimiento campesino fuerte, no vamos nunca a sustituirlo, queremos dar las herramientas para la concertación con el Gobierno, por eso, reactivamos el Sistema Nacional de Reforma Agraria, creado en 1994. Este sistema pone al conjunto del gobierno a hablar de Reforma agraria y Desarrollo rural, lo cual implica poner al Estado y su oferta para que, además de redistribución, haya condiciones reales para la productividad y los derechos de las comunidades, que garanticen que la gente quiera y pueda mantenerse en el territorio con condiciones de vida dignas.
El sistema también establece el Comité de reforma agraria, instancia en el territorio que incluye las autoridades departamentales y municipales, para concertar la implementación de la Reforma agraria. Sin embargo, para garantizar la permanencia de este proceso, más allá de este gobierno, es esencial que el movimiento campesino esté sólido y cohesionado, y tenga este instrumento de articulación, los comités de reforma. De este modo, después de julio de 2026, serán ellos quienes dirijan y coordinen el proceso para que nadie pueda reversar sus derechos.
Sobre el Pacto de Chicoral de 1973 contra la reforma agraria desarrollista
Son cinco décadas de historia agraria después de la decisión de los grandes terratenientes de socavar en Chicoral (Espinal, Tolima) la reforma agraria y desatar así la guerra contra el campesinado. Hoy queremos, como un hecho de paz, como un pacto transformador, construir un acuerdo con ese campesinado que ha resistido con dignidad, que ha construido sus proyectos de vida en el territorio.
No el pacto odioso de latifundistas y la hegemonía, que instaló la exclusión y la violencia, sino el nuevo acuerdo de Chicoral por la paz y la reforma agraria. Este acuerdo expresa nuestra decisión indeclinable por la democratización de la propiedad, la redistribución, la formalización, el impulso del desarrollo rural y alcanzar la justicia para el campo colombiano. Nos vamos a encontrar en diciembre, allí, en Chicoral, para reivindicar esta reforma agraria, un proceso que nadie podrá revertir.
El caso del departamento del Meta
Desde la Agencia Nacional de Tierras ANT muestran el caso del departamento del Meta (región agraria y ganadera del país con predominio de la hacienda mafiosa) como un piloto de avances en la gestión de la reforma agraria; aunque algunos críticos resaltan que eso más parece parte de la campaña del señor Felipe Harman (actual director de la ANT) para ser gobernador de allí a partir del 2028.
Las cifras y procesos que se están resaltando son los siguientes:
A través de 56 resoluciones, la ANT anunció la formalización de la propiedad privada de 301 hectáreas a pequeños productores del municipio de Acacias.
En lo que va del año, la ANT ha entregado 26.971 hectáreas productivas a pobladores rurales del Meta, en los Llanos orientales.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en el marco de la estrategia de formalización que adelanta en el país, permitió que familias en 12 municipios azotados por el conflicto armado en el departamento del Meta –a través de 491 títulos de propiedad– por fin tengan seguridad jurídica sobre sus predios, los cuales suman 2.616 hectáreas. Aunque hay muchas solicitudes de campesinos pobres de Puerto Gaitán (predios la Bendición y Dubái) engavetadas en los escritorios de los funcionarios obligados a dar soluciones oportunas en los procesos de titulación, como es el caso de las sub direcciones de focalización y reconocimiento jurídico.
Según los reportes de la ANT, pobladores de Granada, Lejanías, La Macarena, Uribe, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto López, Vistahermosa, Puerto Gaitán, Puerto Lleras y Fuentedeoro también se benefician con la legalización y formalización de la propiedad rural, una iniciativa de la ANT dirigida a comunidades campesinas, mujeres rurales, indígenas, y víctimas del conflicto armado y que evidencia la celeridad de la Agencia en la implementación de la Reforma Agraria, impulsada por el Gobierno Nacional en los 32 departamentos del país.
La ANT enfatiza en que ha sido posible crear siete Comités de Reforma Agraria en los municipios de Puerto López, Puerto Rico, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Mesetas, Vista Hermosa, y Uribe.
Así mismo, a través de 55 resoluciones, la ANT anunció que la formalización de la propiedad privada de 301 hectáreas a pequeños productores de Acacias, Granada y Puerto Lleras es hoy una realidad, fomentando así su integración en procesos sostenibles y el acceso a programas de desarrollo rural. Aunque todo esto huele a propaganda electoral.
Así las cosas, en lo que va de 2024, la Agencia Nacional de Tierras ha entregado un total de 23.971 hectáreas en cuatro municipios (Puerto Lleras, Puerto Gaitán, Puerto Rico y San Martín), terrenos que supuestamente ayudarán a fortalecer la seguridad alimentaria del Meta a través de proyectos productivos, y garantizarán el acceso equitativo a la propiedad rural en zonas estratégicas.
Las miradas criticas de lo que está ocurriendo
Pero, hay estudios y análisis de lo que está ocurriendo con la Reforma Rural hoy, que no son tan halagadores para los campesinos y sus asociaciones como es el caso de las organizaciones agrarias del Meta y Guaviare como la Asociacion de Tierras y Paz del Guaviare; Asoagrovidabiosostenible del Meta; y la Asociacion Agraria del Sur Oriente de los Llanos Orientales, que reúnen más de 300 familias campesinas pobres que llevan varios años de luchas y movilizaciones sin ser escuchados por la ANT.
Esos estudios indican que solo 8,4% de la meta en el Acuerdo de Paz ha ingresado al Fondo de Tierras
A pesar de la intención del presidente Petro de avanzar de forma importante en la reforma agraria que se contempla en el Acuerdo de Paz del 2016, lo cierto es que por distintas razones los logros son mínimos, como lo ha reconocido el propio presidente Petro.
El contralor General, Carlos Rodríguez Becerra, menciono hace poco como alarmante la situación actual de desarrollo del punto 1.1.1. del Acuerdo Final de Paz sobre adquisición de predios rurales y reveló que, de acuerdo con los seguimientos que realiza el ente de control, a enero de 2024 ni siquiera llegan al 1% las hectáreas adjudicadas a la población campesina.
Hasta enero de 2024, se habían ingresado al Fondo de Tierras en la Subcuenta Campesinos, 252.113,2 hectáreas, correspondientes a bienes fiscales patrimoniales, equivalentes al 8,4% de la meta pactada en el Acuerdo de Paz, que fue de 3 millones de hectáreas. Para esa fecha, solo 5.260,8 hectáreas, es decir el 0,175%, habían sido efectivamente adjudicadas a la población campesina, producto del Acuerdo.
El Contralor dice que si de formalización o clarificación se trata, según lo reportado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con corte al mes de enero de 2024, de los 7 millones de hectáreas para formalización, solo se habían formalizado para la subcuenta campesinos 123.319,07 hectáreas, equivalente al 1,7% de la meta establecida. A este ritmo, se podría inferir que se necesitarían 391 años para formalizar las 6.876.680 hectáreas.
Las más recientes cifras del Ministerio de Agricultura, con corte al 27 de agosto de este año, indican que para proveer el Fondo de Tierras se han comprado 113.941 hectáreas, correspondientes a 380 predios; hay 279 predios con procesos de oferta de compra aceptada por el vendedor, que suman en extensión 66.305 hectáreas. Igualmente, se ha comprado a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) 138 predios, que implican 25.987 hectáreas.
Producto de donaciones han ingresado al Fondo de Tierras 30 predios que suman 2.240 hectáreas; por transferencias gratuitas de la SAE 159 predios, que en conjunto alcanzan 14.631 hectáreas.
En tanto que por procesos agrarios decididos a favor de la Nación han ingresado al Fondo de Tierras, por clarificación 24.299 hectáreas; por deslinde 8.980 hectáreas, por extinción 21.032 hectáreas y por recuperación 76.253 hectáreas.
En cuanto a las tierras efectivamente entregadas a campesinos sin este activo o que es insuficiente, el Ministerio indicó que se han entregado de forma provisional 408 predios por 101.636 hectáreas, por entregas definitivas 1.048 predios que suman 10.006 hectáreas.
En titulación ya registrada el Gobierno actual ha formalizado 10.697 predios por 719.253 hectáreas; en tanto que por títulos pendiente de registro hay 6.633 predios que alcanzan 139.125 hectáreas; así como por títulos anteriores registrados por el Gobierno actual se contabilizan 2.254 predios por 285.069 hectáreas.
En cifras totales el Ministerio indica, como se dijo con corte al 27 de agosto pasado, que se han gestionado para el Fondo de Tierras 353.668 hectáreas; así como se han entregado a campesinos sujetos de reforma agraria 1.316.517 hectáreas.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia indicó en el reciente informe al Consejo de Seguridad, correspondiente al periodo 27 de junio al 26 de septiembre de 2024, que en cuanto a los beneficiarios de la distribución de tierras, el campesinado ha recibido el 54% de las tierras adjudicadas hasta el momento (70.284 hectáreas).
Falta Catastro
El Observatorio de Tierras, ha informado que entregar tierras en este país es muy difícil porque las que hay las tienen los muy ricos o son baldíos en donde hay gente, que pueden ser grandes empresas o gente muy pobre. Como no se tiene la información sobre qué tierra tenemos, en dónde la tenemos y de quién es, es muy difícil que cualquier gobierno lo pueda hacer.
Un aspecto central en la Reforma agraria integral es el del Catastro multipropósito. Pero ese objetivo tiene muchas complicaciones de acuerdo con lo que afirma Andrea Silva, directora de la dependencia de Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras quien señala que la información está gravemente desactualizada. Con ella conversamos en la ANT sobre este complejo tema.
A hoy, ¿cómo está la implementación del Catastro Multipropósito en Colombia
La política de Catastro Multipropósito se encuentra a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)y se apoya en los 48 sectores catastrales, dentro de los cuales la Agencia Nacional de Tierras es un gestor catastral especial.
El catastro no es competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) directamente, aun cuando a través de su trabajo le aporta insumos y municipios con información física y jurídica para lograr la actualización del Catastro Multipropósito.
Como agencia, durante la vigencia 2023, aportamos al Catastro aproximadamente un millón trescientas mil hectáreas con la información correspondiente para que el IGAC, junto con los sectores catastrales, avanzaran en la actualización de los municipios que fueron entregados.
En el Congreso advierten que el bajo avance del Catastro Multipropósito es el principal cuello de botella para una reforma agraria, ¿qué opina?
Sin duda, un catastro actualizado facilitaría de manera decidida la actuación de la Agencia Nacional de Tierras porque poder tener identificados los predios o lo que se conoce como los polígonos, nos permite a nosotros llegar con mayor nivel de certeza para desplegar la misionalidad de la Agencia en materia de formalización, de adjudicación y de acceso a tierras.
Sin embargo, en el marco de la ejecución de esta política pública hemos trabajado de manera articulada con el IGAC en aquellos municipios donde ellos han iniciado intervención o de los cuales ya han realizado su gestión de actualización catastral, para que la agencia entre a hacer sus procesos de formalización y actualización.
Realmente es un tema complejo en el cual el Gobierno nacional se ha empeñado en sacar adelante, toda vez que nosotros tenemos municipios que no tienen información catastral o que no tienen actualización catastral suficiente y las bases de datos catastrales y registrales están supremamente desactualizadas.
En ese sentido, que esta información se actualice y podamos acceder a ella de manera célere facilitará la gestión que hace la Agencia Nacional de Tierras en procura de cumplir los objetivos en la reforma agraria.
¿Cuáles son los retos principales en la implementación del Catastro y qué se necesita para superarlos?
Lo que hemos encontrado desde la Agencia Nacional de Tierras es que hacer un Catastro Multipropósito en la ruralidad, donde las fuentes de información son mínimas, con información absolutamente desactualizada, constituye un reto en la necesidad que tenemos de poder avanzar de manera célere en esta tarea.
Confundir la misionalidad de la ANT con la misionalidad del IGAC también nos ha generado algunas dificultades porque hay un gran ruido alrededor de lo que significa la actualización catastral en materia del impuesto predial, que no es competencia de la Agencia Nacional de Tierras, pero que, por supuesto, hemos tenido que hacer un trabajo fuerte con las comunidades para que comprendan la diferencia de nuestras dos actuaciones.
La Agencia Nacional de Tierras no hace avalúos ni levanta información económica que son las que se requieren para el componente económico del Catastro Multipropósito, sino que nosotros levantamos información física y jurídica que es lo que la norma nos autoriza para poder avanzar en los procesos misionales.
Las condiciones de seguridad en algunos municipios del país resultan complejas, nuestros equipos en campo deben sortear toda una serie de situaciones que pueden presentarse alrededor de este levantamiento de información. Hay un problema recurrente y es que cuando llega la Agencia Nacional de Tierras a desplegar su misionalidad, empiezan a aparecer los falsos tramitadores y personas que buscan sacar algún rédito económico de manera fraudulenta. El trabajo de la ANT y todos nuestros procesos se adelantan de manera gratuita.
Hay varias condiciones que son complejas, el IGAC ha trabajado fuertemente en actualizar la cartografía nacional, nosotros también hemos hecho algunos aportes en esa actualización para tener imágenes cartográficas que cumplan con los criterios de calidad, que son necesarios para avanzar en la gestión catastral.
Si bien hemos logrado una articulación con la Superintendencia de Notariado y Registro y con el IGAC para el acceso a las bases catastrales y registrales, pues también encontramos que esta información tiene un rezago importante. Hasta hace un año escasamente el 20% del país tenía actualización catastral y este sobre todo concentrado en zonas urbanas, la ruralidad no había sido una prioridad para estos procesos de actualización y sin duda el Catastro Multipropósito ha dado un impulso importante para contemplar a la ruralidad, que es el 70% del territorio nacional, como una fuente necesaria de actualización.
¿Qué clase de resistencias se han encontrado a nivel de factores de violencia y de economías ilícitas a nivel de las regiones?
Los procesos que adelanta la Agencia Nacional de Tierras son de carácter voluntario. Nosotros ingresamos a los municipios y a los territorios en lógica comunitaria, no entramos acompañados de Fuerza Pública porque no es nuestra forma de operar.
Sin embargo, haciendo todo un ejercicio social desde nuestro componente hablamos con los líderes y lideresas que se encuentran en los territorios para lograr la avanzada de los equipos. No obstante, en varias ocasiones estas comunidades han recibido intimidación por parte de algunos grupos armados al margen de la ley para no participar en las jornadas que convoca la Agencia Nacional de Tierras.
Entonces, si bien no hay una amenaza directa contra los equipos de trabajo y nosotros podemos ingresar a los territorios, lo que sí se ha convertido en un obstáculo es que las comunidades son coaccionadas para no asistir y eso complejiza nuestra labor porque la participación en los procesos de formalización es absolutamente voluntaria por parte de las comunidades.
Una vez implementado el Catastro Multipropósito, ¿qué metas se tiene en formalización de tierras y recuperación de predios estatales invadidos?
En el Acuerdo de Paz tenemos unas metas ambiciosas que quedaron establecidas para ser cumplidas en el transcurso de 10 años, pero que en los gobiernos anteriores no se les trabajó con la intención de materializar este propósito.
Lo que tenemos establecido es la formalización de 7 millones de hectáreas y la adjudicación de 3 millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras. A partir de los procesos de recuperación, han entrado a la Agencia y se encuentran en proceso de identificación, aproximadamente unas 230.000 hectáreas.
Hay muchos alcaldes que advierten no tener los recursos ni la logística para activar este proceso en sus localidades, ¿qué hacer?
Desde la Agencia Nacional de Tierras hemos tratado de enfocar nuestro trabajo en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que la mayoría son de categoría 6 y sabemos que no cuentan con recursos suficientes y necesarios para implementar este tipo de estrategias de política pública y también buscamos municipios con altos índices de informalidad en los que, a la par que aportamos al Catastro Multipropósito, podemos desplegar con mayor nivel de certeza la misionalidad de la Agencia Nacional de Tierras.
En este momento, en el marco del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene priorizados 587 municipios para atención por oferta, que se divide en la formulación de planes de ordenamiento y la implementación de estos planes, que depende por supuesto de los recursos con que cuente la Agencia.
Desde la creación de la ANT hasta el año 2022 se habían formulado aproximadamente 100 planes de ordenamiento, de los cuales se han implementado cerca de 10. En el transcurso del año 2023 a la fecha hemos formulado aproximadamente 100 planes más y en este momento nos encontramos operando en 22 municipios del país con esas características.
