Por: Horacio Duque
Hay unas lecturas del conflicto social y armado que aún persiste en la sociedad colombiana, con una prolongación que abarca varias décadas de la historia nacional, que tienen un claro sesgo ideológico muy hacia la derecha y la ultraderecha con sus interpretaciones e hipótesis afines a las cosmovisiones liberales, autoritarias y defensoras de la seguridad de grupos plutocráticos que monopolizan la tierra, la banca, la prensa y los recursos estratégicos de la política.
Para dichas narrativas, la paz se concibe como un triunfo político de los grupos sociales que han tenido el control del Estado y el poder en sus diferentes manifestaciones y como una derrota de los proyectos estratégicos de la resistencia agraria y revolucionaria.
En esa narrativa hegemónica (de “ciencia” cosplay), todo proceso de paz debe caminar sobre los parámetros de los Protocolos establecidos por la ONU con reformas agrarias funcionales al capital, con modelos de participación inocuos, con reformas a la justicia a la medida del punitivismo burgués, con leyes del embudo (nada está acordado hasta que todo esté acordado), con DDR (Desmovilización, Desarme y Reincorporación) a la medida del militarismo contrainsurgente, con arreglos políticos grotescos para los excombatientes y con la fragilidad de los derechos fundamentales de quienes se acojan a los flamantes acuerdos (como el del 2016) que son sometidos al exterminio y el asesinato constante; al día de hoy han sido asesinados más de 430 ex integrantes de las FARC.
Es desde ese marco de interpretación que se está difundiendo la idea del fracaso de la Mesa de diálogos y negociaciones con la guerrilla del ELN, haciendo énfasis en la situación de inseguridad en los territorios y en la supuesta parálisis del ejército y los cuerpos policiales.
Los recientes eventos del conflicto armado como los que se han presentado en el departamento de Arauca son la consecuencia de no haber renovado el Cese bilateral del fuego con el ELN , pero, aun así, tal fenomenología violenta no debe afectar el proceso político que busca la paz en versiones alternativas asociadas con cambios profundos en la sociedad colombiana favorables a los intereses populares.
Decir que ese proceso de paz solo será exitoso si se desarman los combatientes o se destruyen sus bases fronterizas es una falacia.
Bien puede darse la paz con el ELN aun conservando sus armas tal como ha sucedido en otros procesos, pero con programas profundos de reorganización de los aparatos armados estatales asociados con la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos.
Su presencia fronteriza en Venezuela no debe abordarse con estrategias punitivas y criminales, desconociendo la naturaleza política de tal expansión por las afinidades con los cambios asociados con la revolución socialista bolivariana.
Aun con las actuales dificultades, la Mesa con el ELN ha concretado importantes logros en el ámbito de la participación política que deben implementarse de manera inmediata para profundizar la intervención popular con la garantía de los derechos correspondientes y sin el atropello arbitrario de los aparatos policiales enmascarados ahora en supuestos dispositivos de derechos humanos, pues el Esmad sigue siendo el mismo desde que se estableció por los gobiernos neoliberales. Es lo mismo que debe darse con los otros 28 acuerdos consensuados hasta el momento. Todo esto en vez de estar buscándole peros a la paz con justicia social y ambiental que es lo que mas reclama toda la sociedad.
