El golpe de estado –blando y duro- contra el presidente Gustavo Petro y su gobierno progresista nunca se fue. Ahí sigue y, ahora, con los primeros días del 2024 ha retornado con mayor ímpetu e insania.
Dos fichas claves del entablado reaccionario ultraderechista: el agónico Fiscal Barbosa y la sinuosa procuradora Margarita Cabello, de las entrañas de los clanes mafiosos y corruptos de Barranquilla, vinculados a la familia Char, avanzan con lanzas de fuego para afectar la estabilidad del presidente Gustavo Petro y acelerar la prematura caída de su Gobierno mediante procedimientos torticeros, llenos de felonía política y veneno jurídico.
Vuelve y juega el lawfare (la famosa guerra jurídica) para dar cobertura legal a las movidas en curso que son la suspensión del doctor Álvaro Leyva Duran, el Canciller del Estado, por parte de la procuradora, por un periodo de tres meses, alegando extralimitación de competencias de este distinguido funcionario en la adjudicación de un contrato para la fabricación de los pasaportes que expide el Gobierno a sus ciudadanos, cuando lo que en realidad ocurrió fue la determinación del Canciller de romper un monopolio ejercido por una de las tradicionales familias bogotanas que convirtió la elaboración de los pasaportes en un derecho privado y a perpetuidad, impidiendo la libre competencia para escoger otros operadores en el marco de una licitación abierta y transparente y no en una acomodada a la medida del clan “lanudo” (rolo) de marras. Retorciendo y acomodando argumentos jurídicos, la señora Cabello emitió una orden de suspensión de Leiva muy similar a la que en el pasado profirió ese otro procurador de la caverna, Alejandro Ordoñez (refundido hoy en un convento oscurantista gringo) cuando destituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Es el mismo modelo del ataque jurídico oscurantista y antidemocrático tan del gusto de la ultraderecha fascistoide.
El otro evento es el allanamiento de la sede de la Federación Colombiana de Educadores FECODE por parte del cómico, siniestro y extrovertido Fiscal Barbosa –próximo al abandono de su cargo- en busca de supuestas pruebas sobre una hipotética financiación ilegal por los maestros de la campaña presidencial del presidente Petro durante el año 2022.
Barbosa se montó en una fantasía bastante peligrosa que tiene como fin último la destitución del presidente mediante la acumulación de unas pruebas absolutamente falsas.
Lo que pretende perfilar este hombre ensoberbecido es una situación de caos político para facilitar el regreso inmediato a la “Casa de Nari” del bloque oligárquico (uribista) que conserva intacto el control de las principales palancas del poder real en todo el universo social: el poder económico/empresarial, el poder militar, el poder en amplias regiones, el poder mediático, el poder religioso, el poder legislativo y otros muy importantes.
El presidente Petro está hoy en la presidencia de la república gracias a una prolongada resistencia de los sectores populares que modificó las correlaciones de fuerza en el campo social y electoral a lo largo de las últimas dos décadas con marchas, huelgas, paros y mayorías electorales.
Es esa correlación de fuerzas la que intentan modificar a favor de los clanes oligárquicos Barbosa y la procuradora Cabello.
Hay que impedir que se salgan con la suya mediante la movilización popular.
En medio de una espantosa crisis ambiental ocasionada por el fenómeno del niño el presidente requiere del mayor apoyo ciudadano y popular para que avance en su gestión transformadora mediante la acción comprometida con las grandes mayorías nacionales, que hoy se desplaza con la presencia del Gobierno por todos los municipios de la deprimida y excluida costa pacífica colombiana con la participación directa del jefe de la Casa de Nariño, de la Vice Presidenta Francia Márquez y de varios ministros.
