La reforma educativa y universitaria debe atacar la corrupción rampante del modelo neoliberal.
El debate sobre la reforma de la educación superior recoge, hasta el momento, diversos puntos de vista alrededor de los dos ejes centrales planteados para hacer cambios en el sistema universitario nacional: la educación como un derecho fundamental y la reforma integral de la Ley 30.
Aunque algunos sostienen que no se necesita una ley para repetir algo que está en el texto constitucional y se ha hecho efectivo como un derecho a lo largo de las tres últimas décadas, ampliando la cobertura del sistema universitario, lo cierto es que aún persiste un enorme déficit de cupos que deja por fuera de los estudios universitarios, más de dos millones de jóvenes. En todo caso, tal derecho no se limita al solo ingreso a la universidad, sino que comprende otros aspectos como la calidad de los programas, la gobernanza universitaria y la transparencia de la gestión de los recursos asignados por el Estado.
Una reforma de la ley 30 debe abordar asuntos álgidos como el modelo de universidad social y humanista a construir –alterno al de la universidad empresa neoliberal-; los procesos de acreditación institucional y académica; las nuevas pedagogías; los sistemas de gobierno de las universidades; la erradicación de la corrupción; la estabilidad laboral de los docentes y trabajadores; la relación de la universidad con la sociedad y la economía en el marco de lo que hoy se denomina el capitalismo cognitivo.
Un punto clave en todo esto consiste en abordar de manera firme el fenómeno de corrupción en el MEN, especialmente en los procesos de autorización de nuevas instituciones privadas –en todos sus niveles- y en los tramites de las acreditaciones institucionales y académicas, que se expiden sin mayor rigor, como consecuencia de la mediación de influyentes políticos, a la manera como se da con doña Dilian Francisco Toro, quien –presuntamente- montó todo un negocio para acelerar la expedición de Resoluciones de aprobación para nuevas escuelas de educación superior y de instrumentos legales de acreditación donde –presuntamente- se mueven abultadas cifras de dinero que alimentan y dan sustento a los clanes politiqueros regionales.
Esta carta abierta que dirijo a la señora Ministra de Educación, Aurora Vergara, y a Oscar Sánchez, por quien conservo un alto aprecio desde nuestros vínculos en el Instituto de Estudios Liberales en las pedagogías juveniles, a pesar de algunas desavenencias (ya superadas), derivadas de las intolerancias que alimentan los dogmatismos y las rigideces conceptuales; tiene el propósito de llamar la atención sobre dos temas educativos prioritarios.
Uno es el de la corrupción al interior de las universidades publicas departamentales, que para este caso está referido a la Universidad del Quindío, de la cual soy egresado. Y el otro, al del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, que está próximo a escoger los operadores de la salud y operacionales de casi 800 mil funcionarios ligados a la educación pública en calidad de educadores y trabajadores administrativos.
La desastrosa situación de la Universidad del Quindío.
El caso de la Universidad del Quindío –seleccionado como unidad de análisis- bien puede ser una radiografía de lo que sucede en más de 60 universidades públicas que dependen de los aportes del presupuesto nacional.
Junto a los compañeros del Sindicato de trabajadores de la Universidad del Quindío, con el reputado jurista Edilberto Vanegas y varios líderes estudiantiles de la “primera línea”, hemos sostenido, desde el año 2018, un agudo litigio con las directivas de dicha institución que, hasta hace poco encabezaba el ex rector José Fernando Echeverri y hoy gestiona Luis Fernando Polania Obando, como integrantes del movimiento Cambio Radical (liberal), que ejecutaron y ejecutan las instrucciones del señor German Vargas Lleras, de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado –con un encarte judicial en la Sala Penal de la Corte Suprema- y de su impresentable y delincuencial pareja el conocido “Toto”, gamonal que tiene secuestrado el aparato estatal regional del Quindío.
Ese litigio se ha referido a la persecución laboral de los trabajadores para desconocer fueros sindicales; a las denuncias de corrupción en distintos frentes de la universidad: manipulación del régimen pensional para favorecer los amigos de la rosca; adjudicación directa de contratos de obras civiles con presuntas comisiones que fueron presuntamente utilizadas –por un pariente cercano de Echeverri- para la compra de predios rurales en Quimbaya y Montenegro; nombramiento a dedo de catedráticos y empleados con recomendaciones clientelares; gastos descomunales en los restaurantes más costosos de Armenia (El Solar); liquidación permanente de viáticos para viajes al exterior, sin mayor justificación; pago de primas especiales a decanos y directivos pertenecientes a la rosca hegemónica de Echeverri y Polania; y ejecución de un convenio con la Esap para temas de paz que se convirtió en un festín de favores sin mayores resultados para la implementación de los acuerdos con las Farc.
Obviamente, todas estas denuncias desataron la persecución, señalamientos y estigmatizaciones desde las directivas de la UQ que nos graduaron de terroristas, guerrilleros, vándalos y demás. Situación que, personalmente me obligo a elevar las alarmas correspondientes en la Procuraduría y el Ministerio del Interior, para lo que recibimos el apoyo del senador Iván Cepeda y del ex Procurador Fernando Carrillo.
Adicionalmente, este tema fue judicializado –como ocurre en casi todas las universidades públicas- instalándolo en la Fiscalía de Armenia donde fuimos acusados por Echeverri y Polania, dando pie a nuestra defensa encargada a Edilberto Vanegas, quien profesionalmente ha demostrado el ánimo retaliador de los personajes de marras quienes deben reparar el daño hecho con su infame campaña de corte neonazi y ultraderechista, pues de todos son conocidos los presuntos vínculos de Polania Obando con las redes violentas de Montenegro y la Cordillera de Dosquebradas, en Risaralda.
La anterior la radiografía de lo que se presenta actualmente en este importante centro universitario departamental que se encuentra secuestrado por oscuros clanes que concurren en el Consejo superior y en el entramado burocrático cercano a la Rectoría.
Seguramente esto se repite en muchas universidades estatales regionales que la reforma de la ley 30 debe corregir fortaleciendo los sistemas de gobierno incorporando sistemas de transparencia y de Auditoria social para prevenir y atacar los hechos delictuales. De todas maneras, las veedurías ciudadanas de Armenia, están convocando una Audiencia pública para examinar con la comunidad todo este cumulo de picardías, irregularidades y actos presuntamente criminales como lo hemos denunciado en los últimos 48 meses. La corrupción en las universidades públicas no es un asunto menor y requiere de la intervención de las autoridades nacionales tal como lo ha demandado el presidente Gustavo Petro.
El Fondo de Prestaciones y la salud de los educadores.
Sobre la licitación que se ha convocado para escoger los prestadores de los servicios médicos, asistenciales y prestacionales de los educadores y el personal administrativo de escuelas y colegios, por un valor superior a los 6 billones de pesos, coincido, plenamente con las preocupaciones de Oscar Sánchez (Ver https://www.wradio.com.co/2023/08/07/la-preocupacion-en-el-mineducacion-para-la-licitacion-del-regimen-de-salud-de-los-maestros/ ). Allí se requiere más trasparencia, pues hay operadores que tiene un presunto amarre asegurado de los contratos desde hace más de 25 años y no quieren largar la teta del presupuesto público ya que se las arreglan con maniobras oscuras y amarres delictuales, para impedir el ingreso de nuevos competidores con mejores capacidades técnicas y científicas. Esta licitación debe ser transparente y abierta a la comunidad si es que se quiere mejorar el servicio de salud y prestacional de los docentes que periódicamente deben acudir a la huelga y a la movilización popular para exigir mejores servicios en los hospitales, lo que no ocurre como consecuencia de la presunta y tremenda corrupción en la Junta Directiva del Fomag y en las juntas departamentales, donde se da una incontenible concupiscencia de la que hacen parte lobistas, funcionarios y sindicalistas degradados.
Desde tiempo atrás promovimos con educadores y dirigentes sindicales una Auditoria social al Fomag que ha sido bloqueada por la parte administrativa de esta entidad. Seguiremos insistiendo con nuestros derechos de petición y tutelas para proteger nuestra participación democrática en este asunto de gran importancia para la sociedad. No nos van a intimidar con amenazas por más encumbrados que estén sus autores en Fecode y en la Fiduprevisora.
