Uribismo quiere regresarnos a la seguridad de los falsos positivos y el paramilitarismo. Quieren hacer trizas la paz total pero están condenados al fracaso.
La ultraderecha golpista colombiana (uribismo, militares, pastranismo y gavirismo), junto a la gavilla mediática que encabeza la revista Semana, hacen hasta lo imposible para socavar la estrategia de Paz total que adelante el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Alto Comisionado de paz, Danilo Rueda.
Los recursos utilizados en días recientes incluyen varios enfoques como el de la seguridad en la versión oligárquica de este tema, que es la del Estatuto de seguridad de Turbay Ayala (con torturas y desaparecidos), el Estado de sitio, las teorías de la contrainsurgencia, la de los “falsos positivos” y los montajes judiciales, mirada que aborda la seguridad según los intereses de las castas oligárquicas y sus negocios; también priorizan el ataque al Ministro de la Defensa, doctor Iván Velásquez, para pedir su destitución, pues temen su contundente posición contra la parapolítica, el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción.
La idea que promueven los grandes medios de comunicación y los voceros del campo reaccionario consiste en mostrar un gobierno desentendido de la seguridad en los territorios y el control de los mismos por parte de bandas criminales que imponen el terror, como reflejo de los desarrollos de la paz total.
Lectura completamente mentirosa que tiene como objetivo mantener la violencia como sistema de dominación social, particularmente en la actual coyuntura electoral, pues, la coacción, la presión, la intimidación, el asesinato, la masacre y el desplazamiento masivo de miles de familias pobres, son las armas preferidas por las castas locales y regionales para imponer el terror y el control electoral sobre los gobiernos municipales y departamentales. Las hordas paramilitares de los gamonales del uribismo son expertos en estos métodos de poder para conservar el dominio sobre los 1120 municipios y 32 departamentos, donde por lo demás, son hegemónicos los clanes de la corrupción y el saqueo del Estado; son centenares de clanes los que dominan impunemente en los departamentos y grandes municipios como el clan Aguilar (Santander), el Clan de los Geneco (Cesar), el Clan de Dilian (Valle del Cauca), el Clan de los Char (Caribe), el de los Besaile (Montería y Sahagún), el de Zuluaga y neo paramilitares de Bolaños (Meta).
El ataque a la paz total es una cortina de humo para blindar el fraude electoral, la compra de votos y el robo de las elecciones del próximo 29 de octubre, en que se escogerán miles de alcaldes, gobernadores, ediles, concejales y diputados. Lo que pretenden es derrotar los candidatos del Pacto Histórico y de los Frentes amplios que se organicen en cada territorio. Lo que persiguen es cantar la derrota del presidente Gustavo Petro para apuntalar la estrategia de la retoma del gobierno por el uribismo en las votaciones presidenciales del 2026. Eso debe quedar claro. De allí que sea clave defender la unidad del Pacto Histórico y de los movimientos populares, eludiendo el oportunismo de algunos comerciantes que se venden a los gamonales en los territorios.
La Paz total ideada y construida por el presidente Gustavo Petro, por el Alto Comisionado de Paz, por la delegación que dialoga y hace acuerdos con el Eln, con el EMC de las Farc y la Segunda Marquetalia; la paz total incluida en el Plan de desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida”, es un bloque teórico/político innovador y alternativo a los viejos esquemas de paz y desmovilización implementados desde los años 50 por el Estado oligárquico colombiano que han cerrado con incumplimientos y exterminio de los ex combatientes que actuaron de buena fe frente a los compromisos estatales.
La Paz total es una visión compleja de la violencia, de sus causas y actores, con una apuesta ética y política para reformular tanto el modelo económico, social y estatal que refleja el esquema depredador del capitalismo salvaje en su versión neoliberal.
El compromiso ético de la Paz total implica la prioridad del principio que establece la ejecución de lo que se vaya pactando en las Mesas de diálogos y negociaciones como se puede conformar con el proceso adelantado con el Eln.
No es cierto que la Paz total esté en bancarrota por los anuncios de un posible fallo adverso en la Corte Constitucional sobre la Ley 2272 del 2022, que trazó un marco para la acción del presidente Gustavo Petro; una posición en ese sentido bien puede interpretarse como una movida oscura que desconoce el derecho supremo a la paz de todos los colombianos, lo que justifica la recusación incoada contra el Magistrado que promueve la inexequibilidad de la Ley.
La Paz total es sólida en su concepción e implementación. Así lo confirman hechos recientes como el decreto 1117 del 2023 que regula el Cese Bilateral del fuego, nacional y temporal con el Eln.
Los Ceses bilaterales del fuego determinados por el gobierno desde el 31 de diciembre del 2022 y el que se acaba de concertar con el Eln, en mi opinión, son un avance contundente en la reforma militar y en la desmilitarización de los territorios.
Hay que analizar con mucho rigor el Capítulo II del decreto 1117 para saber las implicaciones que el mismo tiene en el desempeño de las fuerzas militares en los próximos meses. Bien es sabido que este dispositivo estatal ha estado vinculado al paramilitarismo, a la masacre, al asesinato de menores, a los falsos positivos.
Con las reglas para las operaciones de la fuerza pública esto debe erradicarse.
Cito acá el articulado del decreto en esta materia para que el Mecanismo de seguimiento y verificación y la Veeduría social puedan ejercer un control riguroso sobre los militares en la ejecución del Cese bilateral del Eln que se extenderá desde el 3 de agosto del año en curso hasta enero del 2024 con posibilidades de mantenerse por todo el año entrante.
El Decreto dispone lo siguiente
“Capítulo II
De las operaciones de la fuerza pública.
Artículo 2°. Suspensión de las operaciones ofensivas de la fuerza pública. Ordenar la suspensión de operaciones militares y operativos policiales ofensivos, a partir de las 00:00 horas del 6 de julio de 2023, en contra de los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del Acuerdo del CFBTN y los protocolos correspondientes.
A partir de las 00:00 horas del 3 de agosto de 2023 está prohibido realizar, además de acciones ofensivas, actos contrarios a lo establecido en el Protocolo de Acciones Específicas acordado entre las partes en la Mesa de Diálogos de Paz, entre los cuales se encuentran: (i) entrar en contacto armado y, si esto ocurre, no romper dicho contacto; (ii) obstaculizar las labores del MMV; (iii) omitir información al MMV; (iv) impedir la atención de enfermos o heridos de la población civil y de las partes; (v) incurrir en perfidia; y (vi) incurrir en actos prohibidos en el Protocolo ” adicional a los Convenios de Ginebra, como el homicidio, la toma de rehenes, la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores, etc.
Parágrafo. La suspensión de operaciones militares y operativos policiales ofensivos se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la Fuerza Pública de preservar la integridad del territorio nacional, garantizar el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional.
Artículo 3°. Cumplimiento de la normatividad. Los integrantes de la Fuerza Pública están obligados a dar estricto cumplimiento a la Constitución Política, a la ley y a las demás normas internas, así como respetar los instrumentos internacionales de derechos humanos y el DIH. Sus actuaciones estarán enmarcadas en el principio de buena fe.
Artículo 4°. De las acciones de la fuerza pública. En todo momento y bajo cualquier circunstancia debe tenerse presente que las acciones de la Fuerza Pública, que se realicen en virtud del presente decreto, se efectúan bajo el marco de un proceso de paz autorizado expresamente por la Constitución Política, permitido por la ley y ordenado por el Presidente de la República” (https://petro.presidencia.gov.co/Documents/230706-Decreto-1117-5-julio-2023.pdf ).
Téngase en cuenta que este Cese es un texto bilateral pactado en la Mesa de conversaciones con el Eln, el cual debe, igualmente, blindar los diálogos acordados para avanzar en la caracterización de los factores que causan la violencia colombiana. Estos diálogos deberán iniciarse en las próximas semanas y se espera que en los mismos intervengan miles de personas y organizaciones sociales de distinto orden.
Para esta semana está anunciada la organización de la Mesa de diálogos con el Estado Mayor Central de las Farc.
Igualmente, el presidente Petro ha anunciado la ejecución del programa de vinculación de 100 mil jóvenes a programas de paz en Buenaventura, Medellín, Cali y Barranquilla, a quienes que se entregara un millón de pesos mensuales para que financien sus necesidades alimentarias y su ingreso a centros de educación tecnológica y universitaria.
La paz total va bien. Los que se hunden en la bancarrota son sus enemigos, como el ex candidato uribista Oscar Iván Zuluaga, casi listo para que ingrese a un centro carcelario por cuenta de su corruptela electoral.
