Por: Heberto Tapias García. Profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia.
«En las muy pocas ocasiones que han ganado opciones alternativas, después de la "guerra" sucia en los medios de comunicación, neuromarketing, "fake news", "lawfare", la derecha apela al chantaje, al fraude o al golpe militar o institucional, ratificando la práctica consuetudinaria antidemocrática de quienes han estado en el poder en Latinoamérica».
Algunos analistas políticos afirman que la derecha latinoamericana nunca ha sido democrática. Muchas evidencias históricas así lo confirman. Son inocultables la manipulación del sistema electoral, los golpes de Estado, las elecciones fraudulentas con compra de votos, eliminación de candidatos de la oposición, intimidación de electores, constricción de libertades políticas, terrorismo mediático y de Estado, violaciones de legislaciones electorales, fraudes descarados y hasta intervención de instituciones internacionales
—llámese OEA o Grupo de Lima— en una supuesta defensa de la democracia, precisamente para desconocer la democracia. Todo esto con el propósito de impedir que otras opciones distintas a sus partidos accedan al poder, particularmente aquellas opciones progresistas o populares.
Ese comportamiento antidemocrático, que pretende burlar la voluntad popular, hoy viene siendo complementado con tecnologías de neuromarketing político para manipular las emociones y las conductas de las masas mediante el temor y las fake news. Y, cuando esto no les da resultado y la voluntad popular elige una opción que no pertenece a las élites políticas agenciadas por los poderes económicos, recurren a la lawfare, que es la persecución judicial, la instrumentalización del sistema judicial, la judicialización de la política, la guerra jurídica o judicial.
La persecución judicial tiene antecedentes en Latinoamérica para sacar presidentes progresistas y desprestigiar sus gobiernos. Con lawfare han obtenido diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. La han usado en Honduras, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, El Salvador, Ecuador y Brasil. La sufrieron Manuel Zelaya, Fernando Lugo, Lula da Silva y Dilma Rousseff; también, recientemente, Cristina Kirchner, y ahora Castillo.
El lawfare es el recurso orquestado de una clase dominante que no se resigna a perder el poder, con la anuencia de los gobiernos de Estados Unidos y organizaciones internacionales como la OEA. De manera visible, abusiva e ilegal, los que se creen dueños del poder utilizan artificios jurídicos e instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para despojar del gobierno una opción legítimamente elegida.
Las prácticas antidemocráticas son históricas en Latinoamérica. La utilizada contra Castillo en Perú es la última actuación de un libreto ya conocido. Una experiencia reciente se vivió en Bolivia con Evo Morales en el 2019, con la complicidad de la OEA. En el informe final de auditoría, la Secretaría General de esta organización declaró que «hubo una “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas». El supuesto fraude fue validado para la derecha, que incesantemente había afirmado que no reconocería otra victoria que no fuera la de su candidato. También los altos mandos del Ejército y la Policía apoyaron las falsas denuncias de la derecha racista y exigieron la dimisión del presidente Morales, luego de una serie de violentas manifestaciones.
Pocas semanas más tarde diversos informes de universidades —del MIT y de la Universidad de Michigan—, organismos académicos especializados en el tema de elecciones, como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica —Celag— y el periódico The Washington Post, confirmaban la transparencia y honestidad de las elecciones bolivianas. Pero, para entonces, ya era tarde y Bolivia se desangraba ante la violencia del nuevo régimen montado por la derecha golpista.
Algo similar se está escenificando en estos días en el Perú, donde el candidato presidencial de la izquierda, Pedro Castillo, un maestro de provincia, se impuso ante la corrupta representante de los poderes fácticos, Keiko Fujimori. Desde entonces, y prácticamente sin tregua en el hostigamiento, la coalición derechista ha apelado a toda clase de recursos. Entre ellos, el subrepticio llamado a un golpe militar hecho por Mario Vargas Llosa, pronunciamiento de militares retirados, denuncias de supuesta corrupción, negaciones de cuestión de confianza a las políticas del Gobierno, intentos de vacancia del presidente con acusaciones de incompetencia moral, y el evento de acusación por rebelión y conspiración que terminó con la detención de Castillo, después de la vacancia como presidente declarada por el Congreso que pretendió disolver para poder materializar el cambio de la Constitución de 1993 que había prometido en campaña.
También en Colombia se ha recurrido a esa estrategia con algunos alcaldes, de Bogotá y Medellín, y ya hay declaraciones de opositores del gobierno de Petro que han incitado a las fuerzas militares a actuar para recuperar el poder de una corriente «comunista». Y, hasta algunos exponentes connotados de la oposición han hecho propuestas desesperadas de réplicas en el país de lo que la derecha hizo en Perú esta semana.
Esa conducta de los que se consideran dueños del poder, los únicos ungidos y señalados para gobernar, no es democrática. Una idea bizarra de democracia de unos grupos familiares y empresariales, que les parece que el poder es de ellos y están signados con el derecho a mandar por siempre —como señala Daniel Coronell en una de sus columnas—, de manera vitalicia por derecho de sangre, de clase o divino, como si el poder fuera hereditario o se viviera en una monarquía. No. La democracia no está restringida a un grupo élite para que decida por los demás e imponga sus intereses y voluntad particular.
La verdadera democracia significa que en las elecciones de gobernantes la mayoría es la que decide y escoge su presidente, y la minoría puede ejercer la oposición en el marco de las instituciones. Es de la esencia de la democracia el respeto a las decisiones de la mayoría y el derecho de las minorías a oponerse. ¡Solo a oponerse!
Como conclusión, podría afirmarse hasta la saciedad, como los hechos lo demuestran, que cuando ha ganado la derecha, la izquierda admite el veredicto adverso de las urnas, aún, sabiéndose las innegables formas truculentas utilizadas. Mientras que en las muy pocas ocasiones que han ganado opciones alternativas, después de la «guerra» sucia en los medios de comunicación, neuromarketing, fake news, lawfare, la derecha apela al chantaje, al fraude o al golpe militar o institucional, ratificando la práctica consuetudinaria antidemocrática de quienes han estado en el poder en Latinoamérica.
