El presidente de la república Gustavo Petro anuncio,
una hora antes de finalizar el 2022, un cese bilateral
del fuego y de hostilidades por seis meses (1 de enero
a 30 de junio del 2023) entre las Fuerzas Armadas del
Estado con varias organizaciones insurgentes
revolucionarias (Eln, Farc EP y Nueva Marquetalia) y
unos conglomerados criminales relacionados con el
negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la
corrupción estatal, con probados vínculos a sectores
de las fuerzas armadas -ejercito y policía- , a la
ultraderecha y la Dea (Urabeños y Pachencas de la
Sierra Nevada de Santa Marta).

Sin duda, se trata de una medida audaz y acertada
dado el impacto que tendrá parar la ofensiva militar
en la trágica situación humanitaria de las
comunidades en los territorios golpeadas por la
violencia que se deriva de la confrontación y el
choque militar, promovido y tolerado por núcleos
armados del estado que aún siguen en la línea
contrainsurgente y anticomunista del uribismo, como

es el caso de la Fudra Omega (en el Meta-Guaviare-
Caquetá) y de las fuerzas especiales -Vulcano, Aquiles,
Hércules, Quirón, Marte y Titan- y los batallones
antinarcóticos de la policía, todos ellos bajo el control
del Comando sur de los Estados Unidos.
Por supuesto, la medida será un alivio frente al terror
en que están inmersas comunidades como las del
Guayabero (Meta), Yari (Caquetá), Tumaco (Pacifico),
Choco (Bajo Calima, Atrato y Medio Baudó), Arauca,
Catatumbo, Sur de Bolívar, Cauca, Pacífico medio,
Guaviare, Putumayo, Norte de Antioquia, Córdoba,
Sucre y Bajo Cauca antioqueño, atrapadas en los
esquemas militares impuestos por el gobierno del ex
presidente Iván Duque con la figura de las “Zonas
Futuro” que implicaron un ultraje permanente de los
derechos humanos y un deterioro de las condiciones
humanitarias de cientos de familias campesinas, afros
e indígenas afectadas por el desplazamiento forzado,
como parte de la estrategia que hizo trizas la paz
entre el 2018 y el 2022.
Este cese bilateral al fuego y de hostilidades, es un
verdadero desafío a los esquemas convencionales
conocidos en esta materia que incluyen una
inmediata concentración y desmovilización -con

entrega de armas- de los grupos de la resistencia
agraria tal como ocurrió con las Farc de Timochenko y
Catatumbo en el año del 2016 sin que se acordara una
garantía para el cumplimiento de los acuerdos
agrarias, políticos y de victimas que aun siguen
pendientes de ejecutarse, no obstante la retórica y los
anuncios de los funcionarios gubernamentales.
El paso dado por el presidente Gustavo Petro es
prueba de la solidez y coherencia de la Paz total; es
una medida que, obviamente, genera confianza en las
comunidades y dinamiza la nueva estrategia
gubernamental para poner fin al conflicto social y
armado, en otros términos, distintos a los de la paz
neoliberal del ex presidente Juan Manuel Santos.
Para hace efectiva esta determinación de paz se
deberán expedir los decretos específicos a cada
organización involucrada y, por supuesto, se deberán
establecer los mecanismos de verificación pertinentes
con la participación activa de las comunidades, sus
organizaciones sociales, las Veedurías ciudadanas y
autoridades locales, las que deberán contar con las
garantías efectivas para evitar la presión de los
núcleos militares (Brigadas y batallones móviles) y
paramilitares interesados en el sabotaje a la paz

desde posiciones agazapadas y simuladas. El papel de
la ONU, de la Iglesia, de la Cruz Roja y de la Defensoría
del pueblo es crucial en su apoyo técnico e imparcial,
para que no se manipulen sus símbolos y legalidad
por los militares tal como ocurrió en la Operación
jaque y en otras maniobras realizadas durante la
rendición de las Farc de Lozada y cia.
Como con todas las decisiones y políticas del actual
gobierno del Pacto histórico, los sectores de la
ultraderecha uribista rápidamente salieron a atacar y
distorsionar este anuncio de paz para insinuar con
toda la “mala leche” que este Cese bilateral del fuego
y las hostilidades sin concentración de los grupos
guerrilleros es para favorecerlos.
Omar Yepes, uno de los voceros mas connotados de la
ultraderecha, asociado con la corrupción y el
clientelismo, ha cuestionado la medida porque
supuestamente las estructuras ilegales las
“aprovechen para ampliar el dominio territorial y
consolidarse”.
Para el excandidato presidencial, Enrique Gómez,
miembro de una de las familias históricas más
violentas de Colombia, la tregua que anunció Petro es

una estrategia para “amarrar las manos de nuestro
Ejército”; por supuesto, el ejército de estas castas que
han secuestrado y manipulado los aparatos armados
del Estado para favorece los intereses de una
oligarquía brutal y asesina.
Aparatos armados que necesariamente deben ser
objeto de revisión y reestructuración acordes con la
Paz total, pues de lo contrario seguirán siendo el foco
de la conspiración y la desestabilización contra el
actual gobierno, tal como se desprende de recientes
entrevistas y afirmaciones de altos mandos que aun
ven como ajena la voluntad del actual gobierno de
terminar definitivamente con el conflicto social y
armado con otro modelo de paz, comprometido con
la soberanía, la justicia social y ambiental. Ver al
respecto las obsoletas ideas (aunque edulcoradas) de
los generales Ospina y Giraldo en el periódico El
Tiempo de Bogotá
(https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-
narcotrafico/general-luis-ospina-comandante-del-
ejercito-nacional-entrevista-729680 y
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-
narcotrafico/entrevista-a-general-helder-bonilla-
comandante-ff-mm-plan-ayacucho-730319 ).

Por lo visto, estos oficiales se mantienen en el
“enfoque contrainsurgente y anticomunista” que ve a
los campesinos, a los indígenas, a los afros y a los
movimientos populares y de izquierda como unos
enemigos a los que se debe atacar para destruir. Mala
cosa la de estos “gorilas santistas” que salieron
sibilinamente a marcar distancia con el jefe de los
Fuerzas Armadas, el presidente Gustavo Petro. Mi
sugerencia es que estos mandos deberían dar un paso
al costado para permitir que otros enfoques militares
comprometidos con un nuevo país se consoliden en la
alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y de Policía
para de esa manera prevenir cualquier ataque a los
logros de la paz en esta nueva coyuntura histórica.