Aviso

 

Las autoridades de la Reserva Indígena de Caño Mochuelo, situado en el departamento de Casanare, emitieron un comunicado denunciando la muerte de niños por desnutrición, así como las malas condiciones de salubridad. Concretamente, dos menores fallecieron en el transcurso de una semana.“Las comunidades carecen de agua potable” y  “la entidad de salud no cubre en su totalidad la atención a la población”, alerta Alexander Tudupial Tabutju, representante del Cabildo indígena de la Reserva.

Comunidades como Caño Mochuelo presentan un abandono estatal. Es por ello que en el documento apelan a entidades públicas, privadas nacionales, departamentales e internacionales y exigen un diálogo entre las instituciones y las autoridades indígenas de la zona.

 

Se trata del defensor ambiental Ferando Jaramillo y de los integrantes de la Junta de Acción Comunal de La Milagrosa Wilder Elías Godoy Restrepo y León Humberto Alcaraz. Según la Fundación Sumapaz, han sido asesinados 13 líderes sociales en lo corrido del 2019 en este departamento.

Según información aportada por Óscar Yesid Zapata, coordinador del nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa – Estados Unidos (Coeuropa),  Fernando Jaramillo de 63 años contemplaba la idea de crear un corredor ecológico en Maceo, se encontraba en su finca en la vereda San Antonio cuando un sujeto armado disparo contra él en varias ocasiones.

Líderes que impulsaban la economía local y la protección ambiental

 

El reciente anunció de Iván Márquez, jefe negociador de los acuerdos de paz en La Habana, de volver a tomar las armas, demuestra el incumplimiento que el Estado le ha venido haciendo al Acuerdo y la falta de garantías legales para la incorporación de los antiguos guerrilleros.

En Colombia han existido varios procesos de paz, en distintas épocas, con acuerdos de paz, participación de ex guerrilleros en el ejercicio político, entrega de armas y desmovilización. Pese a estos procesos de paz, la desmovilización total de los ex guerrilleros no ha sido posible, igual que el proceso de paz que firmo Uribe con los paramilitares, estás estructuras siguieron ostentando el poder en los mismos lugares, el asesinato y desplazamiento que caracterizo el accionar paramilitar sigue vigente, se estima que operan en más de 260 municipios.

 

Era esperable que el gobierno de Duque, el cual no ha mostrado demasiado decoro para arrodillarse frente a los dictados de Donald Trump, utilizara la actual coyuntura, caracterizada por el retorno de un sector de comandantes de las FARC-EP a las armas, para arrojarse lanza en ristre en contra de Venezuela. «No estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuentan con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro«[1]. Desconocemos la evidencia para afirmar que el gobierno de Maduro da albergue y apoyo a quienes están reviviendo las FARC-EP. Duque, como de costumbre, no se molesta en entregar ninguna clase de evidencia para sus temerarias acusaciones, que no son más que la reproducción irreflexiva del mismo añejo y trasnochado discurso del uribismo. Lo que sorprende no es estas declaraciones de la ultraderecha

 

En cualquier ámbito en que se declare un “alerta naranja”, queda explícita la existencia de una amenaza potencial que pone en riesgo a numerosos grupos humanos. En el caso de la declaratoria realizada por el gobierno venezolano ante la amenaza del vecino gobierno de Colombia, la amenaza se expresa en objetivos militares y potenciales ataques, luego de las acusaciones que desde Bogotá aseguran que en Venezuela existe financiamiento a grupos irregulares.

Pero ¿qué implica esta declaración de “alerta naranja”? ¿cuáles son sus alcances? VT Actual hace un repaso por los 7 datos sobre el alerta naranja declarado por Venezuela en frontera con Colombia