Aviso

 

Al celular del coordinador de Tierra y Vida, Yeison Mosquera llegó un mensaje atribuido al Clan del Golfo, en el que se le menciona a él junto a los líderes sociales de la organización, Julio León, Jorge Martelo, Cecilia Montenegro, Jorge Solano, Libardo Palomino y Cecilia Arrieta, amenazándoles de muerte. Para ellos las intimidaciones son producto de las continuas denuncias que han hecho contra la vulneración de DDHH en Chocó y la incursión de grupos armados que victmizan a las comunidades.

Mosquera, se refirió a las más recientes amenazas en su contra, manifestando que tuvo que salir del territorio pues las personas detrás de los hostigamientos aseguran que ya lo tienen ubicado a él y a varios de sus compañeros.

«Los líderes somos personas de carne y hueso»

 

Ciertamente Cali presenta hoy serios y graves problemas de seguridad y de violencia urbana que requieren ser intervenidos por la institucionalidad pública. En lo corrido del año han sido asesinado casi 90 niños; el feminicidio es crónico; la tasa de homicidio de Cali es altísima; los atracos, el raponazo, el robo y el sicariato son el pan diario de los caleños.

Desafortunadamente la única formula a la que acuden las autoridades municipales es a la ampliación del pie de fuerza, del número de policías y de cámaras de seguridad instaladas donde con mucha frecuencia se dan casos aberrantes de corrupción descarada de altos funcionarios públicos.

En el caso de la paz, la estrategia impulsada por la actual administración de Armitage es un simulacro que se ha utilizado para organizar una burocracia parapolicial perfectamente inocua e inútil Ese debe ser modificado cuanto antes

El testimonio de Posso ratifica las estrategias empleadas para ingresar al diputado Juan Guaidó a Colombia de manera ilegal por la frontera con Venezuela.  

El vicepresidente de Comunicaciones de Venezuela mostró un vídeo del testimonio del narcoparamilitar Iván Posso Pedroso, quien explica el vínculo del diputado Juan Guaidó con Los Rastrojos.

El Gobierno venezolano mostró este viernes nuevas pruebas de los vínculos del diputado Juan Guaidó con el grupo narcoparamilitar colombiano Los Rastrojos.

En una rueda de prensa, el vicepresidente de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, difundió un vídeo en el que paramilitar Iván Posso Pedroso dio detalles del operativo para el paso de Guaidó desde El Vigía, en el estado Mérida, y hasta Puerto de Santander, en Colombia. 

Posso Pedroso fue capturado recientemente en el estado Zulia y dio su testimonio, que da fe de la veracidad de las fotografías en la que se observa al opositor venezolano con cuatro integrantes del grupo criminal.

 

La empresa privada y su injerencia en el proceso de judicialización de los líderes sociales en Casanare deja en entredicho la aparente imparcialidad de las instituciones del Estado colombiano. Así lo refirma la alianza entre Frontera Energy, cuerpos Militares y Policiales, y la Fiscalía, para fortalecer la capacidad investigativa y de protección de estas instituciones del Estado en relación con hechos y conductas que pongan en riesgo los intereses de la empresa.

El 16 de noviembre de 2018, once días antes de la detención de las ocho personas, la empresa Frontera Energy suscribió el Convenio No. 18-014 con el Ministerio de Defensa Nacional, en la cual el Ejército Nacional se compromete a brindar una especial protección a las áreas de interés de la empresa a cambio de unos aportes que Frontera Energy realiza por un monto de $2.152.974.695 durante un periodo de 13 meses. Tan solo tres días después, suscribió un nuevo convenio, el No. 18-017 con el Ministerio de Defensa Nacional, para los mismos propósitos, esta vez por un monto de $2.340 millones de pesos en un plazo de un mes y doce días, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2018.

 

La congresista María del Rosario Guerra, haciendo honor a su apellido y partido, propone que en los municipios donde se dificulta el manejo civil, se nombren militares que dirijan la administración pública y militar.

Desde 1991 con la nueva constitución nacional, no es permitido que un militar ejerza la dirección ministerial de las Fuerzas Militares, pues estos deben acatamiento y subordinación al poder civil.

Son conocidos los excesos que tienen los militares al otorgarles ese tipo de poderes. El general-dictador Rojas Pinilla (1953-1957) autorizó el ingreso de militares a la universidad Nacional ocasionando la muerte del estudiante Uriel Gutiérrez y días después, de 13 manifestantes más, quienes marchaban rechazando el asesinato de Gutiérrez. Sujetos afines a la dictadura buscaron censurar la prensa que no apoyaba su gobierno, por medio del asesinato del director del periódico El Diario en 1955.