La empresa privada y su injerencia en el proceso de judicialización de los líderes sociales en Casanare deja en entredicho la aparente imparcialidad de las instituciones del Estado colombiano. Así lo refirma la alianza entre Frontera Energy, cuerpos Militares y Policiales, y la Fiscalía, para fortalecer la capacidad investigativa y de protección de estas instituciones del Estado en relación con hechos y conductas que pongan en riesgo los intereses de la empresa.
El 16 de noviembre de 2018, once días antes de la detención de las ocho personas, la empresa Frontera Energy suscribió el Convenio No. 18-014 con el Ministerio de Defensa Nacional, en la cual el Ejército Nacional se compromete a brindar una especial protección a las áreas de interés de la empresa a cambio de unos aportes que Frontera Energy realiza por un monto de $2.152.974.695 durante un periodo de 13 meses. Tan solo tres días después, suscribió un nuevo convenio, el No. 18-017 con el Ministerio de Defensa Nacional, para los mismos propósitos, esta vez por un monto de $2.340 millones de pesos en un plazo de un mes y doce días, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2018.
ECOPETROL ha firmado desde el año 2015 hasta la fecha, cinco convenios de cooperación con la Fiscalía General de la Nación por un monto de $ 82.621.590.882 para que esta entidad preste, a través de las Estructuras de Apoyo (EDA´s): “Especial atención para reforzar su capacidad investigativa y de judicialización, en la represión de las conductas delictuales que afectan a esta empresa, su grupo empresarial y asociadas, que corresponden a los delitos de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan, terrorismo ejecutados contra la infraestructura petrolera e instalaciones de la industria, obstrucción a vías públicas, secuestro, extorsión, hurto de bienes, lavado de activos, vías de hecho durante protestas sociales que afecten la adecuada operación de la industria petrolera, en las zonas que comprenden el presente convenio”. Cuatro de estos convenios estuvieron vigentes durante el proceso de investigación que promovió la Fiscalía en contra de los líderes sociales de San Luis de Palenque. Pese a que el Acuerdo es suscrito entre ECOPETROL, cobija las conductas que se cometan en contra de sus asociadas. Frontera Energy es una de las empresas asociadas.
Las Estructuras de Apoyo -EDA-, son divisiones destinadas exclusivamente a delitos contra el sector de hidrocarburos. Desde 2013, estas estructuras en Arauca, Casanare y Meta ampliaron su campo de acción para investigar el delito de obstrucción a vías que afecten el orden público. Recientemente han promovido la detención de varios dirigentes campesinos y defensores de derechos humanos como represalias a la participación en protestas pacíficas contra empresas petroleras que operan en distintas regiones del país, particularmente en Arauca, Boyacá, Casanare, Meta y Caquetá.
Desde el año 2015 hasta el 31 de mayo de 2019 la Fiscalía General de la Nación inició 196 investigaciones por la comisión de delitos en escenarios de protesta social en el entorno de empresas petroleras. Producto de estas investigaciones han capturado a 47 personas. Recientemente se conoció otro caso a cargo de la EDA de siete líderes sociales en el departamento del Meta por su participación y promoción de movilizaciones y protestas para exigirle a Frontera Energy respeto por el medio ambiente y por condiciones laborales dignas en Puerto Gaitán.
En el caso de San Luis de Palenque, uno de los principales testigos en el proceso en contra de las ocho personas defensoras de derechos humanos es Julián René Gómez Martínez, responsable del área social de la Empresa Frontera Energy, quien declara la existencia de un grupo delictivo organizado, y asocia a este a las personas que durante más de tres años han mantenido un proceso de vocería de las demandas de la comunidad.
Frontera Energy no solamente ha presentado querellas por las protestas sociales adelantadas, sino que ha testificado en un proceso judicial sin el debido fundamento. Lo anterior se suma a las campañas de desprestigio contra las y los defensores con el objeto de afectar su credibilidad, concretado en las declaraciones públicas realizadas en la cual los acusaban de no representar los intereses de la comunidad.
Al respecto, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, destaca que todo poder judicial independiente debería desempeñar una función positiva de reconocimiento y defensa de las normas internacionales de derechos humanos, especialmente en los contextos en que los defensores de los derechos humanos y las comunidades sean objeto de procedimientos judiciales por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
De esta manera y por la injerencia de la empresa privada, la falta de parcialidad y autonomía del Estado colombiano, se ha criminalizado el derecho a la protesta y hoy mantiene privados de la libertad a: Ferney Salcedo Gutiérrez, Yulivel Leal Oros, Jesús Leal Salcedo, Miguel Ángel Rincón Santiesteban, Carmen Iraida Salcedo Gutiérrez, Josué Eliecer Rincón Duarte, María Teresa Rincón Duarte y Jerónimo Salcedo Betancourt , líderes de una comunidad que ha venido exigiendo sus derechos a la participación, el trabajo, la reunión y la movilización. Un ejercicio legítimo de las comunidades de San Luis de Palenque –Casanare, que inicio el 2012 y que ante los incumplimientos del Estado y la empresa petrolera Frontera Energy y en los últimos tres años las comunidades han tenido que optar por la protesta pacífica por los incumplimientos de los acuerdos pactados y las afectaciones que la explotación petrolera genera en los territorios.
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