Aviso

 

El viernes 11 de octubre, la cancillería de Colombia realizó a Cuba la petición formal de extradición de ‘Aureliano Carbonell’ y ‘Pablo Beltrán’, miembros del ELN que se encuentran actualmente en ese país. Este hecho representa otra violación por parte del gobierno colombiano al protocolo establecido durante los diálogos entre el mismo y la insurgencia.

En un video publicado por la cancillería de Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo anunció la petición formal del gobierno colombiano para exigir a Cuba la extradición de Víctor Orlando Cubides, alias Aureliano Carbonell, e Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, integrantes de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional -ELN-.

Esta solicitud, que se hace a través del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Antioquia, busca que estos paguen una condena de 40 años de prisión.

 

El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, las autoridades tradicionales como representante de los pueblos indígenas, con el saber mayor y mandato comunitario  para el control territorial y social, que posicionan y ratifican el caminar de los planes de vida en defensa de nuestros derechos en el territorio al reactivar  la minga de resistencia hacia dentro de los territorios ancestrales, no ha sido de buen gusto para  los grupos armados legales e ilegales, quienes utilizan el combustible del narcotráfico para amenazar intimidar señalar y asesinar, autoridades, líderes, jóvenes, guardia, gente de nuestro pueblo, por lo tanto:

Denunciamos Y Rechazamos

El asesinato del Kiwe Thegna Toribio Canas Velasco, de 53 años de edad, cuando compartía con unos amigos en su lugar de habitación, el día 13 de octubre del presente año, siendo aproximadamente las 10:30 pm, en el Casco Urbano de Tacueyó, Municipio de Toribío, llegaron hombres encapuchados y dispararon contra la humanidad del guardia, causándole la muerte e manera inmediata, Toribio era el esposo de la coordinadora de salud del plan de vida.

 

El día que María Alejandra se graduó de bachillerato, hicieron un sancocho de gallina, invitaron a los familiares y recibió varios regalos: tres blusas, un reloj electrónico de los baratos y un bolígrafo que le duró lo que dura una ilusión, es decir, muy poco o casi nada.

Una jornada emocionante, lo amargo vino después. Lo constituyó el viacrucis de entrar a una universidad pública. Imposible. No había cupo. La salida fue contratar un crédito educativo. Usted ya sabe dónde. Sí, en aquella entidad pública que cobra intereses y con la que queda endeudado media vida después que se gradúa.

Cursó los once semestres de contaduría en una institución privada, en horas de la noche. De día se rebuscaba trabajando en lo que saliera: desde vender comidas rápidas en el centro de la ciudad, hasta servir en mensajería. “El día que recibí el cartón profesional sentí que había llegado a la meta de una larga carrera con muchos obstáculos.” Comprensible. Debió pasar por las verdes y las maduras antes de tener el título en sus manos.

 

Cada 15 de octubre se conmemora en Colombia el Día Nacional de las y los presos políticos. La fecha evoca el asesinato del líder sindical Luis Carlos Cárdenas Arbeláez, muerto a manos del Ejército en 1973. Era reconocido por su lucha sindical y en contra del encarcelamiento por delitos políticos, así este día se rinde un homenaje a quienes han sido encarcelados por oponerse al modelo social vigente.

El 15 de octubre de 1973, el sindicalista Luis Carlos Cárdenas fue detenido en la ciudad de Medellín por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, los mismos que lo asesinaron tras dispararle varias veces con armas de fuego. Su brutal asesinato se mantiene en la impunidad como el de miles de personas en Colombia.

 

El más reciente informe ‘Defensores ¿El Juego Final?‘, el cual recopila las agresiones semestrales cometidas contra líderes, lideresas, evidencia que entre enero y junio de 2019  se han registrado 591 agresiones: 477 amenazas, 59 asesinatos, 27 atentados, 22 detenciones arbitrarias y 6 robos de información que afecta a defensores y defensoras de DDHH, denotando un  aumento del 49% con relación al 2018 y una respuesta poco efectiva por parte de entidades estatales.

Aunque el informe señala que existe una reducción del 23% en el número de asesinatos de líderes y lideresas, advierten que esta tendencia podría variar para el segundo semestre del 2019, en medio de un contexto electoral regional que podría desatar mayores disputas por el territorio, algo que se ha visto reflejado con el asesinato contra candidatos de diversos partidos.