Aviso

 

Asesinatos, secuestros y atentados a candidatos, así como alertas por supuestos fraudes en inscripción han marcado, desde el inicio, la campaña electoral para las elecciones regionales y locales en Colombia a celebrarse en octubre próximo.

Un aproximado de 53 candidatos han sido víctimas de la violencia política, siete de ellos fueron asesinados, informó la Misión de Observación Electoral en su cuenta en Twitter.

Unido a ello, la Defensoría del Pueblo confirmó recientemente que el 36% de los municipios colombianos están en riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales, reseña Prensa Latina.

Por el trabajo en terreno se pudo establecer que son 78 los municipios que tienen un nivel de riesgo extremo, en donde hay disputa entre grupos armados ilegales y con la fuerza pública; economías ilegales; vulnerabilidad de la sociedad y poca presencia del Estado.

 

Este viernes el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Manuel Quevedo, denunció que el diputado opositor, Juan Guaidó en complicidad con el presidente de Colombia, Iván Duque, desmantelaron la empresa Monómetros colombo-venezolana, ubicada en la población de Barranquilla, en suelo neogranadino.

Durante unas declaraciones ofrecidas el también ministro de Petróleo indicó que Guaidó nombró una junta directiva ilegal que ha despedido a 130 trabajadores venezolanos. “Esto es un robo descarado”, resaltó.

Por otro lado, precisó que durante el año 2018 la compañía petrolera se encontraba en total funcionamiento, produciendo más de 860 mil toneladas de fertilizante, logrando un 92% de su capacidad de producción.

En ese sentido, destacó que para el año 2019 de esta fecha la empresa Monómeros está produciendo el 22% de su capacidad operativa, es decir 176 mil toneladas.

 

“En Colombia el que se muere de hambre es porque quiere. La plata está hecha y hay que rebuscársela.” Mario Alberto Ojeda es uno de los centenares de vendedores ambulantes que invaden los andenes del centro de Cali. Con estas breves palabras definió su filosofía del rebusque. Lo hace cerca de la plazoleta de San Francisco hace 15 años, cuando lo despidieron de una empresa productora de llantas.

“De la noche a la mañana me vi en la calle. Con mujer y dos hijos, arriendo y otras cuentas por pagar, la pena se fue muy lejos y comencé vendiendo peinetas, cordones y cuanto pude comprar con la liquidación del trabajo.” Él, que comenzó extendiendo un telón para ofertar sus chucherías, hoy tiene un quiosco y dice, sin dudarlo, que el espacio lo vendería mínimo en diez millones de pesos.

 

El Tribunal de Casanare declara al Estado colombiano responsable por la masacre del páramo de la Sarna perpetrada por paramilitares el primero de diciembre del 2001 y también expone la participación de agentes de la SIJIN, y al Ejército quienes fomentaron la estigmatización de la población, que “justificó” la masacre de 15 personas.

A través de sentencia emitida el 29 de agosto del 2019 se condena al Estado por la masacre de páramo de la Sarna ocurrida el 1 de diciembre del 2001, en el sector del páramo de la Sarna vereda las Cintas límites de los municipios de Aquitania y Sogamoso en la carretera que conduce Sogamoso Yopal. Al ser interceptado el bus que se dirigía a la Labranzagrande con 18 pasajeros de los cuales 15 de ellos fueron asesinados.

El fallo de esta sentencia, declara como víctimas directas las señoras Mercedes Rivera Sotabán y Herminda Blanco Quintero y los señores Gonzalo Rincón Barrera, Isidro Alba Guío, Luis Ángel Gil Orduz, Luis Arturo Cárdenas, José Antonio Monguí Pérez, Luis Alejandro Pérez Fernández, Jhon Fredy Poveda Bayona, José Bertulfo Noa o Nova Rosas y Jairo Isidoro Peña Cárdenas.

 

Colombia es un país que ha vivido durante décadas, diferentes tipos de violencias que, han dejado un sinnúmero de muertos, desplazados y desaparecidos, entre ellos, los líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de la izquierda.

Todos estos muertos se caracterizan por haber defendido alguna causa social, medio ambiente o por haber investigado y denunciado corruptos, políticos, empresarios entre otros, todos ellos fueron amenazados, “sino se callan los callamos”. Es decir, en Colombia no se puede decir nada, que moleste al patrón o los intereses de alguien o la corrupción de alguna entidad, hasta las multinacionales asentadas en el país, han mandado a callar a sindicalistas.

Estos hechos, hasta ahora no han escandalizado a ninguna autoridad competente, frente al asesinato sistemático de cientos de campesinos pobres, reclamantes de tierras, periodistas, líderes sociales entre otros. Todos ellos, fueron mandados a callar, porque los muertos no hablan ni reclaman ni testifican en juicios.