Aviso

 

El grupo PRISA y la organización Ardila Lülle, por mencionar los más destacados en el sonado asunto de la “davilización” de la prensa hablada y escrita, siguen concentrando la mayor parte de la opinión “alternativa” de influencia nacional.

Las redes sociales, a juzgar por los datos, siguen extraordinariamente controladas por estos medios hegemónicos, por lo que un periodista “antisistema” de cierto prestigio aún requiere de sus canales para garantizar su impacto general en el país. Lo dejó expresado el propio Daniel Coronel cuando salió de Semana. Los que tenemos esa inclinación por plataformas de comunicación “anticapitalistas” estamos, en realidad, en un bucle de retroalimentaciones de opiniones similares que, en efecto, apenas “toca” los bordes de aquella opinión pública “homogeneizada”.

 

Pese a que los hechos ocurrieron hace dos meses, solo hasta principios de noviembre se dio a conocer cómo 9 de 20 personas que permanecían en proceso de judicialización al interior del CAI de San Mateo fallecieron producto de un incendio al interior de la estación ante la impotencia de sus seres queridos, en lo que sería un acto de negligencia por parte de la Policía Nacional que se habría negado a ayudar a los detenidos y dejar que el fuego se propagara.

Días antes de las movilizaciones del 9 y 10 de septiembre cuyo resultado fue el de más de 100 personas heridas y 14 personas que perdieron la vida fruto de la brutalidad policial, el pasado 4 de septiembre Óscar Alejandro Infante Galindo, Cristian Gilberto Rincón Caicedo, Juan David Rojas Ordóñez, Cristian Rincón, Anderson Stiven Méndez, Bernar Pinera Gaviria, Yeison Conte, y un joven que aún no se ha logrado identificar perdieron la vida en medio de un incendio originado cuando se prendió fuego a una cobija en protesta por la negativa de las visitas de sus familiares y los tratos crueles que estaban sufriendo en su detención.

 

No es de extrañar que la ultraderecha colombiana, los señores de la muerte y de la guerra, se hayan valido de todas las artimañas rufianescas para sabotear el proceso de paz.  Desde que se entablaron las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Farc en el año 2012, le han llovido rayos y centellas a dicho proceso, por parte de los buitres apocalípticos que se nutren de la guerra en Colombia.

El hallazgo divulgado por el diario El Espectador, donde se escuchan unos audios con imitaciones de voces de algunos voceros de la negociación como Jesús Santrich, Iván Márquez, el vicepresidente Óscar Naranjo, tendieron una trampa para desprestigiar el Tratado Internacional de Paz, al quererlos vincular con carteles de la droga mejicanos.

Pero lo más grotesco de todo este andamiaje criminal es que el ente de acusaciones e investigaciones como la Fiscalía  General de la Nación al mando de Néstor Humberto Martínez Neira con la complicidad de la DEA, urdieron todo  un plan macabro para sepultar el Acuerdo de Paz, haciendo entrega controlada de cinco kilos de cocaína con la participación de agentes encubiertos de la DEA a los negociadores de las Farc, y así generar toda una matriz de opinión,  tendientes a vincularlos con el negocio del narcotráfico después de la firma del proceso de Paz,  y  justificar la extradición de Jesús Santrich e Iván Márquez a los Estados Unidos.

 

La Red de Derechos Humanos Putumayo, denunció el asesinato de Ever Edwuardo Velásquez Cuéllar, un joven integrante de la Junta de Acción Comunal del corregimiento “José María” ubicado en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.

Según la denuncia tres hombres con armas de fuego de largo alcance, incursionaron en las viviendas de las familias campesinas, asesinaron al joven y abandonaron el lugar “como si nada, por la vía principal que conduce a la cabecera municipal”.

Para dar cuenta del recrudecimiento de la violencia en el departamento, la Red de Derechos Humanos Putumayo denunció también el homicidio de dos personas perpetrado el pasado 24 de octubre, por parte de un grupo armado ilegal identificado como Comando de la Frontera, que asesinó al campesino Jaider Chávez Erazo y la otra persona, al parecer integrante de otro grupo armado ilegal, autodenominado Frente Carolina Ramírez.

 Nueve jóvenes que estaban detenidos en una estación de la Policía del municipio colombiano de Soacha, al sur de Bogotá, murieron en un incendio que se desató en una celda, denunció este martes el concejal de la ciudad capitalina Diego Cancino, quien calificó los hechos de "criminalidad policial".

El siniestro ocurrió el 4 de septiembre en la estación de San Mateo, y esa "masacre" no ha sido publicada "de manera suficientemente contundente y las investigaciones no se han dado", publicó Cancino en su cuenta de Twitter junto a un video de lo ocurrido. Según afirmó, en el lugar había unos 20 jóvenes, quienes estaban siendo torturados y a sus familiares no se les permitía el ingreso para visitarlos.