Aviso

 

Los acontecimientos que sacuden las tierras de Nuestra América por estos días parece que estuvieran transcurriendo de soslayo para las élites que tienen hoy en el gobierno de Colombia a un régimen neoliberal fantoche y despótico, representativo del bloque más rancio de la oligarquía bicéfala que compone el sistema de burgueses y terratenientes dueños del poder, enemigos de las resistencias populares.

Ideal para las élites y su régimen que esos acontecimientos sean mirados de reojo por la mayoría, sin detectar su enorme significado para los pueblos y, particularmente, sin evaluar el mentís que para las políticas estratégicas de las clases dirigentes del continente significan.

 Líderes campesinos manifiestan preocupación por la migración a la ciudad ante la inacción  del Gobierno central

La crisis de los productores agrícolas colombianos vive un nuevo capítulo ahora que cientos de campesinos de Boyacá (150 km al noreste de la capital dle país, Bogotá) cultivadores de papa están vendiendo los bultos del producto en plena carretera ante el bajo precio de la misma y la desprotección estatal.

La escena de los cultivadores con cartones y banderas rojas ondeando mientras muestran los sacos de papa exhibidos sobre la vía es una realidad tangible de los paisajes de Cundinamarca y revelan la falta de compradores y del bajo precio de la papa, con cientos de familias que dejan sus fincas abandonadas y migran a la ciudad porque su producto no es rentable y las deudas solo aumentan.

 

Comunidades campesinas denunciaron este 28 de octubre que cerca de 40 hombres armados arribaron en canoa al municipio de Cantagallo. Patrullaron la zona con camuflados, intimidando a la población y violando la autonomía del territorio.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos emitió una Alerta temprana, urgente y preventiva, denunciando que aproximadamente a las 2:00 de la madrugada campesinas y campesinos de la Vereda El Firme (Municipio Cantagallo, Sur de Bolívar) observaron un tránsito fluvial de hombres armados por el Río Cimitarra, el cual bordea ese corregimiento.

No podrán seguir cometiendo los mismos desmanes que hasta hoy. 

Si por un lado el Congreso avaló la actitud fascista del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, amigo de utilizar la pistola tazer, la escopeta calibre 12 y otras medidas de choque para reprimir la protesta social, hay quienes le están poniendo el “tatequieto” al gobierno nacional como el Juez Quinto Laboral de Bogotá, quien ordenó suspender el uso de gas lacrimógeno.

Una medida oportuna, ahora que se está preparando el paro del 21 de noviembre que, como ocurrió hace un año, rechaza las políticas del presidente Iván Duque en materia económica, educativa, laboral, de salud, su clara aversión al Acuerdo de Paz y la negativa sistemática a dialogar con organizaciones beligerantes en conflicto, como el Ejército de Liberación Nacional.

 

Es paradójico que el principal consumidor de drogas de uso ilícito centre su política antidrogas en atacar la cadena productiva, y no ataca la cadena distributiva que es donde los alcaloides adquieren un valor realmente representativo.

En 1971 el Presidente Richard Nixon dijo que “el enemigo público número uno de Estados Unidos (EEUU) es el abuso de drogas” [1], desde entonces han desarrollado una política antidrogas centrada en la utilización de la fuerza, donde la erradicación forzada la realizan con aspersiones con venenos tipo Glifosato, prohibidos por sus daños biológicos y ambientales, tóxicos más nocivos que la misma droga que dicen combatir, otro caso en que es peor la cura que la enfermedad.

En 1973 Nixon creó la Agencia denominada Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) adscrita al Departamento de Justicia, para controlar y disminuir el