Es paradójico que el principal consumidor de drogas de uso ilícito centre su política antidrogas en atacar la cadena productiva, y no ataca la cadena distributiva que es donde los alcaloides adquieren un valor realmente representativo.
En 1971 el Presidente Richard Nixon dijo que “el enemigo público número uno de Estados Unidos (EEUU) es el abuso de drogas” [1], desde entonces han desarrollado una política antidrogas centrada en la utilización de la fuerza, donde la erradicación forzada la realizan con aspersiones con venenos tipo Glifosato, prohibidos por sus daños biológicos y ambientales, tóxicos más nocivos que la misma droga que dicen combatir, otro caso en que es peor la cura que la enfermedad.
En 1973 Nixon creó la Agencia denominada Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) adscrita al Departamento de Justicia, para controlar y disminuir el
suministro, la distribución y el consumo de narcóticos en EEUU [2]; medio siglo después, está ampliamente documentado que la DEA no solo fracasó, sino que prácticamente se convirtió en el principal Cartel del narcotráfico.
El fracaso de la Guerra antidrogas
La Guerra contra las drogas impuesta por EEUU ha sido un fracaso que ha arruinado vidas, ha abarrotado las cárceles y ha costado una fortuna. El principal error de la actual política antidrogas radica en que un fenómeno eminentemente social, se trata de intervenir desde una convicción causal, donde todo es reducido a la dicotomía económica (oferta y demanda).
La Ley de Mercados plantea que no puede existir oferta sin demanda, por tanto la producción de un bien o servicio esta determinada por la cantidad de consumidores o usuarios [3]; en este sentido es valido afirmar que el narcotráfico no surge en Colombia o México, por el contrario su origen está en EEUU y los demás países consumidores, entonces, ¿por qué EEUU centra su política en los países productores y no en los consumidores?
Otro aspecto transcendental en el fracaso de la actual política antidrogas está en desconocer los aspectos sociales de este fenómeno, reconocer que ante la falta de inversión social y el total abandono estatal que sufren muchas comunidades del país, el campesino se ve obligado a llenar sus predios de plantas de uso ilícito, no porque exista una identidad con el narcotráfico, sino porque este se convierte en la única opción de sustento.
Lo mismo sucede con las personas de extracción humilde que se ven obligadas a transportar en sus cuerpos cápsulas con narcóticos, donde el principal riesgo no es la cárcel sino perder la vida.
Cambiar la visión para cambiar el modelo
La prohibición mundial de las drogas no solo fracasó en el cumplimiento de los objetivos declarados en su origen, sino que generó alarmantes problemas sociales y sanitarios; lo que ha obligado a diseñar políticas alternativas, con este propósito la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) viene desarrollando una política alternativa antidrogas, que tiene como fundamento el contexto social que promueve la producción, las causas que generan el consumo y un tratamiento integral de los narcoadictos [4].
El primer paso ha de ser la despenalización, porque la plusvalía que adquiere el alcaloide terminado, en gran medida, obedece a que su comercialización es ilegal; por tanto, si desaparece la prohibición, la comercialización estaría determinada por la teoría de Libre Mercado, lo que incidiría en una rebaja automática del precio.
Una nueva política antidrogas debe superar la represión punitiva y dañina, y priorizar la protección de la salud y la seguridad integral de la población, esto implica inversión en la protección de la comunidad, la prevención, la reducción de daños y la disminución de la brecha de pobreza.
Es indispensable entender que el narcotráfico tiene una dimensión social, sobre todo en lo referente a los cultivos de uso ilícito, entender que los campesinos cocaleros no hacen parte de la mafia, por consiguiente, se debe buscar una sustitución voluntaria y negociada que debe centrarse en la inversión social y el apoyo integral a la producción agrícola.
En materia de política antidrogas es imperativo admitir que la erradicación forzada y la fumigación con Glifosato, no responden a ninguna de las problemáticas sociales que generan el incremento de los cultivos de uso ilícito; por tanto, es una política condenada al fracaso, ya que desconoce el contexto social propio de este fenómeno.
[1-2] El narcotráfico y su combate. Günther Maihold, 7-02-2014.
[3] La oferta, la demanda y la plusvalía. McGraw-Hill, 5-08-2018.
[4] Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces. Naciones Unidas, 15-09-2018.
eln-voces.net/estupefacientes-otro-metodo-para-combatirlos/
