Aviso

 

Para mantenerse en el poder usan el terrorismo de Estado, como lo acaba de hacer Trump con el asesinato de un científico persa el viernes pasado, igual hace Uribe en Colombia cuando persigue y extermina a la oposición, bajo el lema de “bala es lo que hay”.

La mafia colombiana hace 40 años era funcional al Estado, pero luego lo capturó y lo mantiene como un régimen de dictadura mafiosa, basado en su Ley Metálica de “plata y plomo”, que logra la cohesión social por medio de la corrupción de sus aliados y con el Genocidio político contra líderes sociales, opositores de izquierda y ex combatientes.

La plutocracia que manda en Estados Unidos (EEUU) protege al régimen colombiano de terror de Estado, porque aplica el capitalismo neoliberal y lo resguarda con la Doctrina de Seguridad, que clasifica a la población que protesta como el Enemigo Interno que debe ser perseguido y eliminado; operación anti subversiva que cobijan bajo el nombre de Guerra contra las drogas, por ello la DEA en Colombia hace entrampamientos (falsos positivos judiciales) y fumiga con Glifosato para atacar el Proceso de Paz.

 

El Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) informó el asesinato de otro excombatiente desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, crimen ocurrido este domingo 29 de noviembre.

Esta vez se trata de Naver David López Gómez, a quien lo mataron en el municipio Maicao, departamento de La Guajira. El excombatiente hacía parte del proyecto de vivienda del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, en esa municipalidad.

Según las cuentas del espanto que lleva el Partido FARC, López Gómez es el excombatiente número 244 que es asesinado, tras la firma de los acuerdos de paz en el año 2016 en La Habana.

 

A 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, ha predominado el incumplimiento y la perfidia por parte del Gobierno Nacional  propiciando la continuación del conflicto armado e incluso el recrudecimiento de éste en varios territorios del país. La superación definitiva de la guerra y la construcción de la necesaria paz completa requiere de entrada un proceso de verdad y reparación más allá de lo jurisdiccional, que inicie por el reconocimiento de la complejidad del conflicto, de sus causalidades históricas y de sus diversas formas de victimización que desbordan no solo la normatividad vigente de la Ley 1448, sino que deben incluir formas no armadas de afectación sobre las comunidades. 

Desde esta perspectiva he planteado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, (CEV) aborde el Genocidio étnico contra las comunidades afrocolombianas y el consecuente etnocidio, recuperando estas categorías propias del derecho internacional. Los hechos de victimización y afectación contra esta población son bastante conocidos y documentados, así que difícilmente se aportarán datos novedosos. Sistematizando la abundante

 

La Dirección del Frente de Guerra Oriental Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional, se permite aclarar que no tenemos responsabilidad en la retención de los ciudadanos María Guillermina Bello y Manuel Alexis Bello, hecho ocurrido en el departamento de Arauca el pasado 24 de noviembre.

Es pertinente hacer saber al pueblo del oriente colombiano que en estos momentos no tenemos bajo nuestra responsabilidad a personas privadas de la libertad.

Éxitos, fortaleza y firmeza desde estas trincheras de lucha y combate, para mujeres y hombres que a diario construimos patria y revolución, en medio de las dificultades del plan criminal del modelo capitalista y del régimen de Gobierno del subpresidente Duque.

 

La luz volverá, no importa la larga noche, vendrá como un canto de xabiá y la espera será corta El fuego que más conforta el de los libres e iguales, la larga noche de males cambiará en luz meridiana… Canción “Defensa del Cantor” Alfredo Zitarrosa

 

Han pasado 30 meses desde que fui privado de la libertad, siendo víctima de un montaje judicial orquestado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con la finalidad de atacar al movimiento social y político Congreso de los Pueblos -CdP-, a través de la criminalización de sus militantes y deslegitimar las expresiones de organización popular.

Desde ese primer día enfrente de la casa del CdP, mientras agentes de civil me obligaban a subir a un carro, los mismos que otrora venían haciendo seguimientos y hostigando a todas las que pasaban por este espacio de encuentro; he estado acompañado por la digna rabia y los deseos de lucha que hacen sentir la esperanza como fuego que no se apaga y resiste en todo momento.