A 4 años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, ha predominado el incumplimiento y la perfidia por parte del Gobierno Nacional propiciando la continuación del conflicto armado e incluso el recrudecimiento de éste en varios territorios del país. La superación definitiva de la guerra y la construcción de la necesaria paz completa requiere de entrada un proceso de verdad y reparación más allá de lo jurisdiccional, que inicie por el reconocimiento de la complejidad del conflicto, de sus causalidades históricas y de sus diversas formas de victimización que desbordan no solo la normatividad vigente de la Ley 1448, sino que deben incluir formas no armadas de afectación sobre las comunidades.
Desde esta perspectiva he planteado a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, (CEV) aborde el Genocidio étnico contra las comunidades afrocolombianas y el consecuente etnocidio, recuperando estas categorías propias del derecho internacional. Los hechos de victimización y afectación contra esta población son bastante conocidos y documentados, así que difícilmente se aportarán datos novedosos. Sistematizando la abundante
información existente sobre el dolor del pueblo negro, mi contribución a la verdad en este caso espera superar la caracterización como mera “crisis humanitaria” de este genocidio que hoy no cesa y busca su reconocimiento como grave crimen de guerra. De forma consecuente pido al SIVJRNR declarar como víctima colectiva del extenso conflicto social armado a los pueblos negro, raizal, palenquero y afrodescendiente, para que se garanticen sus derechos a su autonomía y soberanía, a la verdad, a la justicia y a la reparación colectiva e integral, como garantías para la no repetición y el logro la reconciliación nacional en el marco de una paz estable y duradera.
Se equivoca el presidente Duque buscando la fiebre en las sábanas. El narcotráfico no es la génesis única de todos los males de Colombia ni la esencia de la causa de la actual violencia. Esta visión reduccionista y simplista no va a permitir frenar las masacres, sino que de insistir en su tozuda política punitiva antidrogas dictada desde la DEA norteamericana, corremos el riesgo de la perpetuación de la violencia. El caso de las comunidades afrocolombianas demuestra cómo antes de la inserción de nuestro país en el mercado transnacional de las drogas de uso ilícito, la exclusión histórica y el racismo estructural forman parte de los causantes históricos de la violencia política y social, y que solo su remoción puede ser base para una paz estable y duradera. Donde Duque solo ve bandolas, lo que opera es la expansión capitalista y la acumulación por despojo sobre territorios que por siglos han formado de la parte de la periferia del modelo económico, pero que ahora se busca su violenta expropiación para el lucro de mafias legales e ilegales. Donde se ven hechos aislados en territorios afros y se califican con eufemismos, yo veo un genocidio negado, como aun hoy continua siendo negada históricamente la diáspora africana de la esclavitud colonial
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 y el Estatuto de Roma de 1998 son instrumentos de derecho internacional que tipifican el genocidio estableciendo un marco de protección para los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. La definición de genocidio en la referida Convención de las Naciones Unidas (1948) y ratificada por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, quedó en los siguientes términos:
“Cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a. matanza de miembros del grupo; b. lesión grave a la integridad física y mental de los miembros del grupo; c. sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d. medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e. traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. (ONU, 1948).
Cabe destacar que el genocidio tiene graves implicaciones legales ya que obliga a castigar a los responsables, reconocer formalmente los crímenes cometidos con las armas o con el orden legal y reparar a las víctimas. El Estado colombiano como suscriptor de estas normas internacionales está obligado a investigar y sancionar la responsabilidad de los hechos victimizantes. Así queda establecido en la sentencia C-291 de 2007, la Corte Constitucional le da el rango de ius cogens a la prohibición del genocidio. Asimismo, la sentencia C-488 de 2009 incorpora al bloque de constitucionalidad la Convención de 1948 y el artículo 6 del Estatuto de Roma.
Al respecto solo quiero subrayar la sentencia de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia, caso Blagojevic y Jokic, respecto a la intención de destruir un grupo humano propia del genocidio, establece que el propósito debe ser la destrucción del grupo como una entidad separada y distinta. No se trata de la eliminación física de todos sus miembros sino de su desintegración como comunidad mediante una violencia dirigida en su contra.
En 1981 la UNESCO publica la Declaración de San José de Costa Rica sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina. En ella se expresa claramente:
“El etnocidio significa que a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Esto implica una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente del derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural, tal como lo establecen numerosas declaraciones, pactos y convenios de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como diversos organismos regionales intergubernamentales y numerosas organizaciones no gubernamentales.”
“Declaramos que el etnocidio, es decir el genocidio cultural, es un delito de derecho internacional al igual que el genocidio condenado por la Convención de las Naciones Unidas para la prevención y sanción del delito de genocidio desde 1948.” (Declaración en San José, Costa Rica, diciembre de 1981).
El genocidio asesina los cuerpos de los pueblos, el etnocidio los mata en su espíritu. Tanto en uno como el otro caso se trata sin duda de la muerte, de formas distintas y complementarias de la muerte. Acorde a lo anterior considero que lo sufrido por las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, corresponden con un genocidio étnico dada la violencia física sistemática infligida hacia sus integrantes y territorios buscando su desaparición como pueblo. Derivado de este exterminio físico, se ha sido víctima de un etnocidio que busca el exterminio inmaterial y espiritual de la cultura e identidad afrodescendiente. Los hechos que corroboran estos delitos internacionales abundan.
Las autoridades aceptan que se cometieron atrocidades, pero rechazan que hubiese la intención sistemática de destruir a los pueblos afro. Se reconocen víctimas afrocolombianas individualmente, pero negando la relación de su victimización con su pertenencia étnica. Seguir caracterizando la tragedia del pueblo negro afrocolombiano como una simple crisis humanitaria, tiene de problemático que hace referencia a un hecho episódico y sin responsables, casi accidental. No hace mención a sesenta y más años de conflicto armado, apareciendo como hecho, sin sistematicidad, grave error en el que sigue incurriendo el Estado colombiano. Las transgresiones a las garantías fundamentales antes enunciadas, a la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, no se han presentado de manera aislada y esporádica, sino por el contrario ha sido la práctica sistemática y continua en contra de las comunidades y pueblos afro.
En Colombia, el proceso de acumulación por despojo incluye la expropiación de los territorios de las comunidades afrocolombianas lo que orienta el genocidio y etnocidio contra este pueblo dado que su apropiación y relación con el territorio es al mismo tiempo parte esencial de su identidad y negación del proceso de expansión de la acumulación capitalista. Parar el genocidio y el etnocidio se trata de la protección de los pueblos étnicos, de la defensa de sus territorios, sus culturas, de sus instituciones, de sus normas y procedimientos propios. Parar el genocidio étnico y el etnocidio implica ponerle freno al desquiciado modelo económico extractivista.
La territorialidad, el derecho a la defensa del territorio, la formación del territorio, los saberes asociados a la salud, la crianza, la socialización, el manejo de los ríos , del mar y del monte, las dinámicas sociales, espirituales y productivas de las familias afro crea no sólo un tejido social, sino que los territorios son la matriz de las prácticas culturales de bienestar desde lo propio, entendido como la satisfacción de las necesidades desde el uso y manejo del entorno para el etnodesarrollo, de conocimientos sobre recursos naturales y sus usos. Es por esto que la defensa del territorio es fundamental contra la desterritorialización y el etnocidio, impulsado por el gran capital y el Estado, que pone en riesgo la sostenibilidad de los rasgos culturales que definen la particularidad de los afros como pueblo. El territorio como base de identidad e integridad cultural, comprende dimensiones culturales, naturales y materiales, es la fuente de vida, de existencia física y de creación afro- espiritual, constituye nuestro núcleo esencial para adelantar la lucha por la autodeterminación como pueblo, con autonomía de autogobierno, como nación negra.
Se harían interminables estas líneas enumerando los profusos casos en los que se ha concretado este genocidio étnico, siempre aupado desde la ambición capitalista de acumulación por despojo para apropiarse de los territorios afros en función de sus proyectos. Solo valga recordar a manera de ejemplo entre tantos episodios de violencia y despojo contra el pueblo afro el papel de Maderas del Darién- Pizano S.A. en el Chocó desde inicios del siglo pasado, la incursión del megaproyecto de palma acetiera en Jiguamiandó y Curvaradó, el accionar paramilitar en los Montes de María, incluido San Basilio de Palenque, el despojo de las comunidades afrocolombianas en el Cesar y La Guajira en beneficio de la explotación carbonífera de la Drummond, el llamado proceso de colombianización y expropiación de los raizales en San Andrés y Providencia, la articulación del puerto de Buenaventura con el desborde de la violencia en la ciudad, o el impresentable robo de las tierras de Chambacú en Cartagena.
Frente a este y tantos episodios Colombia y el mundo necesitan conocer la verdad. No es ético que un país pretenda superar el conflicto armado y el racismo estructural cuando todavía se le rinden homenajes y apologías a los esclavistas, y se mantiene en impunidad y silencio a los artífices del genocidio afro y del etnocidio. No coincidencialmente la universidad oficial de este gobierno le hace honores a un negrero sin que ello cause mayor indignación.
Desde esta tribuna pido a la Jurisdicción Especial de Paz abrir el macrocaso sobre genocidio étnico y etnocidio. También invito a comparecer ante la Comisión de la Verdad, CEV, a partícipes y testigos directos de este holocausto contra las comunidades afrocolombianos. Solicito a la CEV en uso de sus facultades llame a rendir verdad sobre genocidio étnico y etnocidio entre otros a Fernando Araújo Perdomo y la familia Araújo Rumié, a Luis Alberto Moreno y demás involucrados en el consorcio Chambacú de Indias S.A.; a Reinaldo Escobar de la Hoz, Luis Germán Cuartas Carrasco, Víctor Buitrago Sandoval, Álvaro Acevedo González, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, Javier Ochoa Velásquez, Juan Diego Trujillo Botero y Jorge Alberto Cadavid Marín, así como a los ciudadanos norteamericanos Dorn Robert Wenninger, John Paul Olivo y Charles Dennis Keiser; todos vinculados al caso por financiamiento Chiquita Brands Colombia a grupos paramilitares; a Jens Mesa Dishington, presidente de Fedepalma y a Fredy Rendón Herrera, El Alemán, ex comandante paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC; a Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, excomandante paramilitar del Bloque Norte; a Juan Carlos Martínez Sinisterra, exsenador de la República; a Maderas del Darién de Pizano S.A. y a Jean Claude Bessudo, propietario de Aviatur; a los generales retirados y comparecientes ante la JEP Rito Alejo del Río y Publio Hernán Mejía, así como a la gerencia de Drummond-Prodeco.
A 4 años de la firma del Acuerdo, el pueblo afro y las víctimas exigimos verdad y reparación. Los espero en la Comisión de la Verdad .
