Aviso

 

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, Indepaz, informó este viernes 18 de diciembre el asesinato del concejal del municipio de San Sebastián, Franco Nativel Salamanca Hoyos, ejecutado en el sector de El Arado, en el departamento del Cauca.

Indepaz comunicó que Hoyos era un conocido dirigente social y político, integrante del Partido político Alianza Social Indígena (ASI), y miembro de la Asociación Campesina. También hizo parte de la coordinación departamental del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pusoc), vocero del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, y de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).

La entidad no gubernamental señaló que con el asesinato de Hoyos, han asesinado a 296 líderes sociales y defensores de derechos humanos el 2020.

 

El tema de las drogas es uno que nunca está lejos en el discurso público sobre el conflicto colombiano.  Periodistas sesgados y /o simplemente perezosos usan el tema para describir los motivos detrás de un sin fin de hechos, masacres y asesinatos.  Es cierto que el narcotráfico ha permeado a toda la sociedad colombiana, y no existe sector alguno que no haya sido impactado por ello.  Pero no todos en Colombia somos narcotraficantes.  Sin embargo, una vez más se vuelve a jugar con el naipe, el Rey de Bastos para describir el conflicto en términos de un problema de narcotráfico.

Varios periódicos colombianos sacaron artículos recientes sobre la supuesta relación de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el narcotráfico y ya hay 11 comandantes del ELN que tienen procesos abiertos por dicha actividad y están pedidos en extradición.[1]  Hablan del ELN como si dominara el narcotráfico, hablan de ajustes de cuentas internas por dinero de narcotráfico, como si fueran una pandilla, en vez de que el ELN toma medidas drásticas contra sus miembros que se metan

 

“Una nueva masacre se registra en la comunidad Alaca, municipio de Albania La Guajira. El reporte inicial es de tres indígenas asesinados, pertenecientes al pueblo Wayuu”, informó el senador Feliciano Valencia, ante los crímenes cometidos por el sicariato este domingo 13 de diciembre.

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas también denunció la masacre y pidió a las autoridades garantizar la vida de las comunidades originarias, “el llamado a los entes de control es urgente (…) La violencia no para en los territorios”.

Según el Instituto Nacional de Desarrollo para la Paz, Indepaz, organismo de DDHH independiente del Estado y el gobierno, Colombia suma el 2020 un total de 84 masacre, siendo los departamentos del Cauca, Norte de Santander y Antioquia, los más afectados por los grupos armados. Las causas tienen que ver con el control territorial del narcotráfico y el suelo para el agronegocio.

 

Dos nuevas capturas a líderes sociales sucedieron en la tarde del martes . Teófilo Acuña y Adelso Gallo, ambos integrantes del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario, sufrieron detenciones arbitrarias que son reflejo de la estigmatización, judicialización y persecución al movimiento social por parte del Gobierno de Iván Duque.

Adelso Gallo, reconocido dirigente del centroriente colombiano fue detenido en Villavicencio, con una orden de captura emitida por un juez de Santa Marta y fechada para el día de hoy.

Mientras tanto, Teófilo Acuña se desempeña como vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, Centro y sur del Cesar. Acuña fue detenido en la tarde de hoy en el municipio de Barranco de Loba.

En ambos casos las organizaciones denuncian que se trata de montajes judiciales que ya han sido utilizados por el Gobierno para perseguir y criminalizar al movimiento social en Colombia.

 

El 8 de diciembre nombraron al General Austin como jefe del Pentágono. Ese mismo día ascendieron nuevos Generales en las Fuerzas Armadas (FFAA) colombianas, cúpula militar estructurada para seguir los dictados estratégicos que trazan en Estados Unidos (EEUU), con el nombre de Plan Colombia.

En las dos últimas décadas bajo el rótulo de Plan Colombia cobijaron operaciones antidrogas, que ahora son calificadas como un fracaso por la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (WHDPC, por su sigla en inglés) adscrita al Congreso de EEUU; mientras el componente antisubversivo lo consideran exitoso debido a las bombas guiadas que vendió la multinacional Raytheon y por millares de bajas por las que pagaron millonarias recompensas a sus perpetradores. A causa de ello lo clasifican como un negocio exitoso que debe proseguir.

El General Austin se retiró hace 4 años y se integró de inmediato a la Junta Directiva de Raytheon. Por su parte, los oficiales colombianos expertos en asesinar jóvenes inocentes y presentarlos como