Pese a que los hechos ocurrieron hace dos meses, solo hasta principios de noviembre se dio a conocer cómo 9 de 20 personas que permanecían en proceso de judicialización al interior del CAI de San Mateo fallecieron producto de un incendio al interior de la estación ante la impotencia de sus seres queridos, en lo que sería un acto de negligencia por parte de la Policía Nacional que se habría negado a ayudar a los detenidos y dejar que el fuego se propagara.
Días antes de las movilizaciones del 9 y 10 de septiembre cuyo resultado fue el de más de 100 personas heridas y 14 personas que perdieron la vida fruto de la brutalidad policial, el pasado 4 de septiembre Óscar Alejandro Infante Galindo, Cristian Gilberto Rincón Caicedo, Juan David Rojas Ordóñez, Cristian Rincón, Anderson Stiven Méndez, Bernar Pinera Gaviria, Yeison Conte, y un joven que aún no se ha logrado identificar perdieron la vida en medio de un incendio originado cuando se prendió fuego a una cobija en protesta por la negativa de las visitas de sus familiares y los tratos crueles que estaban sufriendo en su detención.
«Le suplicamos a la Policía que nos ayudaran, que sacaran a nuestros familiares de ahí»
La hermana de uno de los jóvenes que murieron producto de las llamas, cuyo nombre reservamos, señala que su hermano había llegado hace una semana antes a la estación de San Mateo y que aquel 4 de septiembre se dirigió junto a su mamá al lugar para llevarle una encomienda. Aunque al principio se les negó la entrega por parte de la Policía, posteriormente se les autorizó; por su parte los reclusos desde dentro afirmaban que no les dejaran nada porque al interior la Policía botaría todo lo que entregaran.
Algunos minutos después – relata- comenzó a verse una llamarada que iba en aumento al interior de la celda, al ver el fuego, los familiares pidieron a la Policía que les ayudaran, sin embargo relatan que los agentes presentes respondieron «que se mueren esas gonorreas».
Agrega que uno de los familiares al ver la inactividad de la Policía, rompió la ventana y quitó la reja para ayudar a las personas que se quemaban al interior, mientras otros familiares iban en busca de extintores y mangueras; pese a ello la Policía y los cerca de 20 integrantes que permanecían en el lugar les impidió prestar ayuda; tan solo cerca de media hora después decidieron abrir la reja, sin embargo ya era muy tarde.
«Al ver a mi hermano él salió totalmente quemado, salté una barda que había ahí y lo primero que hizo fue la Policía fue sacarme a bolillazos, ellos pudieron abrir su reja y sacarlos para que no se quemaran y no hicieron nada», relata la familiar de una de las víctimas quien afirma que durante los sucesos las autoridades no hicieron nada para apagar el fuego.
Aquel día murió uno de los reclusos, otros 11 resultaron heridos de gravedad y uno a uno fallecieron durante la semana siguiente, hasta ser un total de 9 víctimas fatales. Casi dos meses después, expresan sus familiares, «ni el alcalde ni el secretario de Gobierno, nadie nos ha dicho nada (…) ya dos meses y no salen a darnos la cara», pese a tener conocimiento de los hechos.
En primer semestre del 2020 se registraron 95 asesinatos contra defensores de DDHH
El programa Somos Defensores presentó su más reciente informe «El virus de la violencia» en el que recoge las cifras del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) revelando que entre enero y junio de 2020 se registró un incremento considerable en los homicidios en contra de los y las defensores de DDHH. en Colombia.
El estudio distingue diferentes tipos de agresiones: Amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, judicializaciones y robo de información. En relación con la cifra general se reportó una disminución entre el primer semestre del año 2019 donde se registraron 591 agresiones y el mismo periodo del presente año donde se registraron 463.
No obstante, se enfatizó en que las circunstancias del confinamiento y la imposibilidad de movilizarse hacia los territorios dificultó ostensiblemente la recopilación de información, por lo cual, la reducción de las cifras no puede entenderse como una merma efectiva de las agresiones.
De hecho, la situación que ha acarreado la pandemia del Covid-19 ha traído efectos nocivos y mayores riesgos para los liderazgos sociales, si se tiene en cuenta que el confinamiento y las estrictas restricciones de movilidad que caracterizaron el primer semestre del año, convirtieron a los líderes en blancos fáciles pues se hizo más sencillo para los agresores ubicar los lugares en los que permanecían.
De ahí que los homicidios hayan incrementado de 59 registrados en el primer semestre del 2019 a 95 en el mismo periodo del presente año 2020.
El informe fue dedicado a cada una de las personas asesinadas en defensa de los DDHH y documenta el nombre, edad, labor comunitaria y una breve historia de cada uno de los líderes y lideresas asesinados; así como el presunto responsable de perpetrar el crimen en los casos en los que se tiene indicio o información al respecto.
Más defensores asesinados
El dato más concluyente del informe es el desmedido incremento de asesinatos en contra de los líderes; la cifra aumentó en un 61% respecto del primer semestre del año anterior donde se registraron 59 homicidios frente a los 95 registrados este año. Esta cifra genera especial alerta pues según Somos Defensores, se puede interpretar como una mayor concreción de muchas de las amenazas de las que son víctimas los y las defensores de DDHH.
Los departamentos más afectados son Cauca que registró 26 asesinatos, seguido por Antioquia con 14 casos y Norte de Santander con 10. Las víctimas fueron 85 hombres y 10 mujeres.
Los responsables de las agresiones contra defensores de DDHH
Los grupos paramilitares fueron a quienes se atribuyeron el mayor número de agresiones con un total de 138 casos correspondientes al 30% del total, la denominación de estos grupos varía según la zona de influencia, entre ellos se encuentran las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, el Clan del Golfo, La Mafia, Los Caparrapos, Los Pachenca y Los Urabeños.
Por otra parte, el segundo actor más responsable de agresiones fue la Fuerza Pública con la comisión de 54 casos (12%), seguida por las disidencias de las FARC con 48 agresiones (6%).
En 172 casos (37%) no se pudo identificar el autor de la agresión, lo cual, dificulta aún más, la ya bastante remota tarea de protección de los afectados por parte del Estado.
contagioradio.com/policia-pudo-abrir-reja-sacarlos-pero-no-hicieron-nada/
