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Una ficha de Uribe que funge como Fiscal del caso declaró que este ex Presidente no tiene cargos para ser enjuiciado contrariando la opinión de la Corte Suprema, el caudillo celebró dando “gracias a Dios por este paso positivo”.

Hay que recordar que “la voz del pueblo es la voz de Dios” y si Uribe fuera tan devoto en vez de estar dedicado a burlar tribunales, se arrepentiría del dolor que causa a la sociedad colombiana, asumiría las responsabilidades por el Genocidio perpetrado bajo su Gobierno, para reparar a las víctimas les pediría perdón y juraría que nunca más volvería a desatar tragedias contra Colombia.

Lo que en la realidad ocurre es que este ex Presidente ha construido una gran maquinaria enquistada en el Estado con la que oculta la verdad y esquiva la justicia. Para lograr el “paso positivo”, como él lo llama, colocaron al Fiscal Jaimes. A este lo nombró el Fiscal General Barbosa que fue nombrado por el Presidente Duque, que ganó las elecciones de 2018 gracias a que el Cartel mafioso del Ñeñe Hernández presionó y compró los votos necesarios para elegirlo, en una operación coordinada por la Caya Daza, la asesora legislativa de Uribe, quien actuó bajo las órdenes que él le impartió.

 

Héctor Abad Gómez nació en 1944, en el municipio de Jericó, departamento de Antioquia en Colombia. Estudió en la Universidad de Antioquia medicina, especialista en Salud Pública y Profesor. Fundador del I comité de Derechos Humanos en el Departamento de Antioquia, precursor del Tercer Foro en Puerto Nare Magdalena Medio -mayo 10 de 1987, cuatro meses después de realizar dicho foro, muere asesinado el 25 agosto de 1987.

Héctor Abad Gómez mensajero de la vida y defensor de los Derechos Humanos, socializaba sus diversos textos desde la Universidad de Antioquia, impartía sus estudios y artículos hacia grupos comunitarios, organizaciones populares y estudiantes en otras universidades públicas. Sus estudios sobre salud pública, los trazó hacia el interés de las ciencias humanas y sociales siendo un gran aporte para la defensa de las comunidades en el servicio de la salud. En su metodología, consideraba que esos temas no eran exclusivos de estudiosos de la ciencia médica. En ese trayecto, temas como el agua y su contaminación que diezmaba la población era una prioridad en la defensa de los Derechos humanos, la corrupción en la salud, la defensa

 

El 18 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció que entre 2002 y 2008, bajo el Gobierno de Uribe, los militares ejecutaron 6.402 personas inocentes, a quienes presentaron como guerrilleros dados de baja en combate. El ex Presidente calificó de atropello esta noticia criminal.

Uribe arremete contra la JEP porque lo desacredita y en su defensa revela que tal práctica genocida “venía de décadas atrás”. Es importante que un caudillo como él reconozca que desde el Estado perpetran tales crímenes de lesa humanidad, que la élite gobernante busca esconder bajo la alfombra del Conflicto Interno. Le falta reconocer a Uribe que un ministro de Defensa suyo expidió la Directiva 029, que recompensaba con 3 millones de pesos y ascensos al militar que presentara el cadáver de un guerrillero.

En su alegato Uribe afirma que privilegió desmovilizar y no dar de baja, por esto en 2005 amnistió a 35.000 narcoparamilitares, “sin el costo institucional y la impunidad total del reciente mal llamado Proceso de Paz”. Lo que no dice es que de las confesiones de los amnistiados surgieron 14.000 noticias criminales contra determinadores y cómplices que involucran a 1.240 dirigentes políticos, 1.274 militares, mientras

 Casino “adquirió regularmente carne de tres mataderos pertenecientes a JBS, cuya carne proveía de 592 proveedores responsables de la deforestación de al menos 50.000 hectáreas entre 2008 y 2020, cinco veces el tamaño de París”

Este miércoles 3 de marzo inició la lucha legal entre indígenas de la amazonia colombiana y brasilera y ONG de Francia y EEUU contra la cadena minorista de supermercados Casino de Francia. La denuncia se presentó en la Corte de Saint-Etienne en el sur del país europeo.

La denuncia está sustentada en la ley de Diligencia Debida, aprobada en Francia en el año 2017, que indica que empresas que tengan sede en ese país y empleen a 5.000 personas deben garantizar que sus filiales y subcontratas prevengan “violaciones graves contra los derechos humanos y libertades fundamentales, contra la salud y seguridad de las personas, así como contra el medio ambiente en toda su esfera de influencia”.

Esta es la primera vez que esta Ley se aplica en el caso de una cadena de supermercados y la primera vez que la Cadena recibe una denuncia.

 

Es claro que decir la verdad y fijar una postura crítica frente a la realidad social, política, económica y de otros aspectos de la vida nacional, es un acto de heroísmo en un país caracterizado por la violencia política contra los opositores del establecimiento, pero ¿Cuándo se pensó que fijar una postura política e ideológica frente a la realidad nacional y el actuar de un partido político que se supone revolucionario y democrático iba a ser causal de estigmatización, persecución e incluso expulsión de su militancia?

Irónicamente esto está sucediendo en el partido de los Comunes, antes Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, agrupación política que debería encarnar en la política legal, la lucha revolucionaria por la Nueva Colombia que durante más de 50 años defendió en las selvas y ciudades como FARC-EP. La realidad ha sido todo lo contrario a lo que gran parte de los exguerrilleros y un importante sector de Colombia esperaba.

Si, un poco más del 90% de los exguerrilleros están en proceso de reincorporación, pero de ese 90% más del 60% ya no militan en el partido ¿Por qué? Por que como varios lo han expresado “no representa el sentir de la militancia” la realidad es que el partido emergido de los acuerdos de paz, transita