Aviso

 

Un país estigmatizado por la sombra del narcotráfico, por la violencia y muertes que genera este negocio y por fortalecer en los últimos años la producción de coca, ahora tiene que enfrentar el repudio de la comunidad internacional y la vergüenza por designar personas que llegan a ocupar altas dignidades internacionales, como ser Embajador de Paz.

¡No sabíamos que para ser Embajador de Paz por las Naciones Unidas, había que ser hijo de ex narcotraficantes; y que para ser Gestor y Promotor de Paz, ante cualquier entidad del Estado, había que pertenecer a un grupo alzado en armas (Paramilitares y Guerrillas).

Mientras  quienes hemos defendido y trabajado por la Paz y la reconciliación, desde la cultura y promoción de los derechos humanos, amparados bajo la legalidad e institucionalidad solo tenemos derecho a que nos amenacen, estigmaticen y atenten contra nuestra  integridad física.

De acuerdo con la Alcaldía de los Andes, con este suman 22 los asesinatos cometidos allí en lo que va de año. El ministro de Defensa, Diego Molano, prevé encabezar un consejo de seguridad para evaluar la situación en la región.

El alcalde del municipio de Andes (suroeste de Antioquia, Colombia), Carlos Osorio, confirmó este miércoles el asesinato de cinco personas por hombres armados y la urgente visita al territorio del ministro de Defensa, Diego Molano.

El funcionario dijo a los medios que la nueva masacre tuvo lugar en la vereda La Vela, corregimiento Tapartó, a 30 minutos del casco urbano del municipio. Explicó que una persona, con heridas de consideración, sobrevivió al crimen y recibe atención hospitalaria.

Las víctimas trabajaban como recolectores de café y presentan además heridas de arma blanca. No está claro si eran propietarias de la finca en que laboraban.

 

El estudio del segundo ciclo de la guerra sugiere una correlación entre el auge de la guerra civil colombiana, a lo largo de los años 90, y la economía de las drogas ilícitas. El narcotráfico acelero la violencia social y politica producto del flujo de grandes recursos económicos.

En la Mesa de diálogos de La Habana entre el gobierno de Santos y las Farc, dicha problemática se abordó ofreciendo otros enfoques para superar su influjo en los procesos de violencia regional. El nuevo modelo descartaba la guerra contra las drogas promovido y ejecutado por la ultraderecha uribista, mismo que implicaba enormes gastos militares, violaciones a los derechos humanos, uso masivo de las fumigaciones con glifosato y judicialización de miles de cultivadores de coca.

El Acuerdo de paz sobre los cultivos de uso ilícito se orientó a dar una solución social y de salud publica a este grave fenómeno de la actual sociedad colombiana.

Esa alternativa implicaba la sustitución voluntaria de los cultivos de coca y marihuana, mediante el acompañamiento a los cocaleros con proyectos productivos y con la organización de cadenas comerciales que garantizaran el flujo de los nuevos productos agrarios hacia los grandes centros del consumo nacional; también un enfoque de salud publica para tratar a los consumidores; y la no judicialización de los pequeños cultivadores, encarcelados y condenados por un aparato judicial punitivo con el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico.

 

Luego de sesenta días de negociaciones entre obreros y patrones, y de la declaratoria de huelga, los trabajadores de la empresa minera Gold Marmato SAS, con sede en el departamento de Caldas, lograron una contundente victoria con su pliego de peticiones.

El logro más importante de esta lucha obrera lo constituyó lo pactado en la Convención Colectiva en relación con la estabilidad laboral, destacó Harold Tello Vidal, presidente de Sintraime y dirigente de Funtramiexco, quien asesoró a los trabajadores.

En tal sentido, se pactó la firma de 1.250 contratos a término indefinido, en una empresa en la que hacía 27 años los contratos eran a término fijo, lo cual representaba inestabilidad para los trabajadores y sus familias.

“Año tras año se luchó hasta que se logró la conquista de la contratación a término indefinido, aparte de otras conquistas legales y extralegales”, precisó Tello Vidal, al poner de relieve la constancia de los obreros, vinculados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Sintramienergética.

En las redes sociales usaron la etiqueta #SOSBuenvantura para pedir que se respete el derecho a la vida y la paz.  

 

Los manifestantes exigien al Gobierno de Iván Duque la toma de medidas para solucionar el incremento de la violencia en la zona.

La Comisión de Justicia y Paz de Colombia informó este domingo que las masivas movilizaciones en la ciudad de Buenaventura, situada en el departamento del Valle del Cauca, completa dos días exigiendo el cese de la violencia y garantías de los Derechos Humanos.

La manifestación ocurrió en el puente del Piñal, la única vía de acceso al puerto de Buenaventura, donde los participantes exigieron a las instituciones intervenir ante  el incremento de la violencia en la zona portuaria del Pacífico colombiano. 

Esta semana se registraron hechos violentos en la urbe entre estructuras delincuenciales que ejercen control sobre la jurisdicción, y cuyos miembros se dedican a reclutar menores, según han informado medios de prensa locales.