Aviso

 

Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, y Francisco De Roux, presidente de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad expusieron este miércoles ante la Subcomisión de Derechos Humanos DROI del Parlamento Europeo, las funciones que adelanta conjuntamente el Sistema de Justicia Transicional y la urgencia porque el Gobierno Nacional implemente el Acuerdo de Paz.

Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad (CV), le dijo al Parlamento Europeo, que en el marco del funcionamiento del CV han sido escuchadas más de 18.200 víctimas, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas y a las comunidades campesinas. La justicia penal, indicó, no resolvió el problema de la impunidad en Colombia que alcanza un 90% de impunidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

«Es muy importante una comprensión en las víctimas: y es que la justicia penal no resolvió el problema de la impunidad en Colombia, y por eso al lado de la fuerza de la JEP, era necesario poner la verdad histórica», concluyó el jesuita p. De Roux, que ha encontrado en varias ocasiones al Papa Francisco.

 El tercer Gobierno de Uribe desoye la opinión mayoritaria que exige una Solución Política del Conflicto porque se lucra del nuevo ciclo de Guerra en que hunde a Colombia, en el que declara objetivo militar a activistas de izquierda, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y de la Madre Tierra; perpetrando un Genocidio de opositores con el fin buscado de aferrarse al poder estatal, desde donde saquea los bienes comunes de los colombianos.

Transparencia Internacional concluye que “la corrupción mata” y es Colombia el mejor ejemplo, porque Uribe con la Ley 100 acabó el sistema de salud pública, enseguida sus bandas narcoparamilitares devoraron los recursos públicos que llegaban a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), y encumbrados seguidores de este caudillo estafaron a las más grandes empresas de este sector; de tal forma que el Covid-19 sorprende al país con un sistema miserable de salud, lo que explica que hayan muerto 54.000 compatriotas por esta pandemia y estén infectados más de 2 millones, mientras la hueste de Uribe se enriquece con los dineros asignados para la compra de las vacunas.

El exterminio y persecución de quienes se oponen a este régimen de dictadura mafiosa lo ejecutan con acciones paramilitares de las propias Fuerzas Armadas en asocio con bandas narcoparamilitares que infestan el territorio, matanza que acompañan con el plan de criminalización encargado al Fiscal General

ESCÁNDALO EN COLOMBIA | Mujer capturada acusa a organismo de Inteligencia  colombiana (DNI) de usarla en operación Gedeón para golpe en Venezuela –  prensa bolivariana 

Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, una ciudadana colombiana a quien la fiscalía de ese país acusa de haber apoyado al prófugo militar venezolano Cliver Alcalá, en el entrenamiento y financiación del grupo de exmilitares y mercenarios en suelo neogranadino que culminó en el fracasado plan terrorista “Operación Gedeón”, denunció a las autoridades del Gobierno de Iván Duque de haberla usado para encubrir el entramado del Golpe de Estado que se pretendía dar al presidente venezolano Nicolás Maduro Moros.

Desde la cárcel colombiana donde está recluida (La Picaleña, Ibagué, Tolima), Yacsi Alexandra habló con un equipo reporteril colombiano de “Noticias Caracol” para defenderse y denunciar el papel de la División de Inteligencia Nacional (DNI) en este entramado pues, aseguró, tanto ella como el general Alcalá sostuvieron una “constante comunicación” con el organismo de seguridad colombiana que “siempre estuvo al tanto” de la operación mercenaria.

 

El Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP-, realizará un juicio ético al Estado colombiano. El 26 de Enero se realizó el lanzamiento de la 48ª sesión del TPP; Tribunal que abordará el «Genocidio Político y Crímenes contra la paz e impunidad«.

 

“El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional, de carácter no gubernamental, que pretende identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos fundamentales de la humanidad que no encuentran reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales. El caso de las compañías multinacionales es paradigmático: mientras la vulneración de los derechos que cometen se mantiene en la impunidad, el Tribunal Permanente de los Pueblos se convierte en una herramienta para la búsqueda de justicia para los afectados por las operaciones de estas empresas[1]”.

Para la 48ª sesión, diferentes organizaciones sociales y de Derechos Humanos recolectarán casos tipo con la asesoría de expertos, los cuales documentarán junto a las organizaciones el exterminio y estigmatización ejercido por Estado Colombiano y las Fuerzas Militares nacionales y de Estados Unidos.

Miembros de las FAES de Venezuela en la costa venezolana Macuto, tras la fallida operación Gedeón, 3 de mayo de 2020. (Foto: Reuters) 

Colombia está totalmente vinculada a la ejecución de la fallida operación Gedeón en contra de Venezuela, según una persona implicada en esa incursión.

“La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia tenía claro la operación Gedeón, sabían todo”, aseguró el miércoles Yacsy Alexandra Álvarez Miraba, una de las involucradas en la mencionada acción ilegal, que buscaba asesinar a destacadas autoridades venezolanas, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, durante una entrevista concedida al medio colombiano Noticias Caracol, desde la cárcel de la Picaleña, ubicada en Ibagué (centro-occidente).

La mujer, de 39 años, quien sería una de las cabecillas de la incursión, denunció que había tenido contacto permanente con la DNI, y que la entidad le había prometido protección ante las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Venezuela. Al respecto, detalló que el funcionario de la DNI Franklin Sánchez había sido el responsable de contactarla.