Yacsy Alexandra Álvarez Mirabal, una ciudadana colombiana a quien la fiscalía de ese país acusa de haber apoyado al prófugo militar venezolano Cliver Alcalá, en el entrenamiento y financiación del grupo de exmilitares y mercenarios en suelo neogranadino que culminó en el fracasado plan terrorista “Operación Gedeón”, denunció a las autoridades del Gobierno de Iván Duque de haberla usado para encubrir el entramado del Golpe de Estado que se pretendía dar al presidente venezolano Nicolás Maduro Moros.
Desde la cárcel colombiana donde está recluida (La Picaleña, Ibagué, Tolima), Yacsi Alexandra habló con un equipo reporteril colombiano de “Noticias Caracol” para defenderse y denunciar el papel de la División de Inteligencia Nacional (DNI) en este entramado pues, aseguró, tanto ella como el general Alcalá sostuvieron una “constante comunicación” con el organismo de seguridad colombiana que “siempre estuvo al tanto” de la operación mercenaria.
En un reportaje audiovisual de 7 minutos, convenientemente titulado “¿Cuál fue el verdadero papel de la inteligencia colombiana en la llamada ‘operación Gedeón’ con la que pretendían derrocar a Nicolás Maduro?”, el medio colombiano difundió este miércoles las declaraciones de Yacsi Álvarez, quien identificó a Franklin Sánchez como el funcionario de la DNI que le daba indicaciones constantemente para cuidar su seguridad durante el período de entrenamiento de los mercenarios, y que fue el mismo que luego la engañó citándola a un lugar para que fuera detenida con la conveniente presencia de medios de comunicación.
“Él mismo me dijo, cambia la sim card (tarjeta telefónica), no estés llamando constantemente, cuídate. Si sales, estás pendiente de las esquinas. Eso es lo que yo no entiendo, si me están protegiendo, ¿cómo me van a mandar a la cárcel con unos cargos ilógicos?”, planteó la mujer.
Además, el gobierno de Duque la acusa de ser la autora del transporte de armas descubiertas casualmente y sin querer por la policía de Riohacha, cercana a la base de operaciones clandestinas al norte de Colombia, y que posteriormente el propio Cliver Alcalá confirmó como parte del armamento que sería usado para la invasión a Venezuela.
La mujer aseguró que la conexión con la DNI colombiana fue “constante y cercana” con ella y Cliver Alcalá, al punto que el general en retiro confesó, pública y comunicacionalmente, que era la cabeza de la operación “para liberar” a Venezuela cuando el armamento cayó en manos de la policía de Riohacha.
Tras esta confesión grabada y difundida por Alcalá en sus redes sociales y durante una entrevista radial en vivo, el prófugo venezolano se “entregó” a la unidad antidrogas estadounidense, DEA, que lo trasladó en forma amigable y tranquila en un avión norteamericano hasta EE.UU. sin que las autoridades judiciales y de seguridad colombianas lo capturaran o intervinieran de alguna manera en esta “extradición” espontánea.
“Cuando Cliver Alcalá se fue, a mí me dieron el contacto con este señor (el funcionario del DNI) y me dijeron que mi nombre iba a ser ROSA, que cualquier cosa que necesitara, cualquier urgencia, lo contactara. Me dijo que todo estaba bien y que todo estaba tranquilo”, testimonió Yacsy Alexandra.
“Si es que todo estaba supuestamente tranquilo, calmado, y supuestamente las cosas se iban a resolver, fue un boom increíble, porque en ningún momento a mí me pasó por la cabeza que a me iban a poner esos cargos y me iban a arrestar”, se lamentó, según la versión grabada ante los micrófonos de Noticias Caracol.
Venezuela ya había denunciado los planes desestabilizadores en Colombia
Antes que se produjeran todas estas acciones, ya desde el mes de marzo de 2020 el Gobierno Bolivariano de Venezuela había hecho la denuncia a la opinión pública venezolana, colombiana y mundial de los planes desestabilizadores que se perpetraban desde Colombia. Incluso, en ruedas de prensa internacional en el Palacio de Miraflores, se presentaron y ofrecieron pruebas, coordenadas geográficas y fotos satelitales de los campamentos y nombres de los implicados al gobierno de Colombia, sin obtener ningún resultado para que se evitara lo que finalmente fue la invasión marítima que los cuerpos de seguridad venezolanos lograron frustrar el 3 de mayo de 2020.
En esos primeros días de mayo pasado, tres grupos de invasores armados fueron capturados por las fuerzas combinadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las Milicias y del Poder Popular en las costas de Aragua y La Guaira, entre ellos dos exsoldados boinas verdes de EE.UU.
Todos ellos confesaron su intención de establecer una “cabeza de playa” cercana a Caracas, para el ingreso de aviones extranjeros y el secuestro y/o asesinato del Mandatario Nacional y otros altos funcionarios, la toma de centros civiles y militares y la instauración de un “gobierno” provisional en el país, con Juan Guaidó al frente.
Para mayor confirmación pública, desde EE.UU. Jordan Goudreau, dueño de la empresa contratista de seguridad Silvercorp que utiliza mercenarios para desestabilizar otros países, confesó por medios digitales y de comunicación norteamericanos, que él había sido “contratado” por el “presidente interino” Juan Guaidó por varios millones de dólares en la operación fallida desde Colombia, y hasta presentó el documento del “contrato” firmado en octubre de 2019, que lo autorizaba a ocupar Venezuela hasta por más de tres años con diversos privilegios y prerrogativas para su empresa.
Luego demandaría a Guaidó por “incumplimiento de contrato”, precisamente ante tribunales de EE.UU. y que hoy, increíblemente, sigue su curso en las instancias judiciales norteamericanas, además de una denuncia de Goudreau que acusó al FBI de quererlo asesinar por la fallida operación colombiana.
Capturas, declaraciones y documentos curiosos:
La mujer hoy encarcelada, fue capturada en suelo colombiano el 3 de septiembre de 2020, junto a tres prófugos desertores venezolanos que participaban en los campamentos de entrenamiento mercenario, identificados como Rayder Alexander Russo Márquez y los hermanos Juvenal Sequea Torres y José Sequea Torres.
En ese momento, el director de la Policía de Colombia, Óscar Aterhotúa, indicó que “tras cinco meses de investigaciones” (entre mayo y septiembre 2020), estas cuatro personas fueron capturadas en territorio colombiano acusadas de pretender “realizar un entrenamiento para actividades ilícitas” en Venezuela. Se informó que la Fiscalía colombiana ya estaba investigando la participación de mercenarios en este plan que se venía gestando en Colombia.
El propio Iván Duque anunció en persona y públicamente sobre estas detenciones, pero mediante una curiosa declaración en la que acusaba al presidente venezolano de ser el autor intelectual, de los planes que se perpetraban desde territorio colombiano.
“Se adelantó la operación Santa Ana, en donde fueron capturados delincuentes en nuestro país que estaban tratando de estructurar operaciones de desestabilización, personas provenientes de Venezuela, promovidas y financiadas por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, dijo Duque, en septiembre de 2020.
Pero los abogados defensores de Yacsi Álvarez tienen en su poder y presentaron el documento que fue enviado el 6 de agosto de 2020 -un mes antes de estas detenciones- al fiscal que investigaba el caso, Carlos Roberto Izquierdo Ortegón. Resultó ser una comunicación oficial, firmada por el director de inteligencia y contrainteligencia de la DNI, Jorge Miguel Padilla Ruiz, solicitando seguridad para la ahora acusada ciudadana colombiana.
El medio periodístico colombiano informó que las investigaciones siguen “avanzando” y este miércoles se realizó una diligencia judicial de los otros tres detenidos, Rayder Russo Márquez y los hermanos Juvenal y José Sequea Torres, por su “supuesta participación” en el entrenamiento de grupos armados.
Estas tres personas, a través del abogado Eduardo Céspedes, exdirigente del partido político de oposición en Venezuela, “Primero Justicia” (PJ), están negociando un “preacuerdo” con la justicia colombiana, sin que el medio informara detalles o características del contenido de este documento.
