Un país estigmatizado por la sombra del narcotráfico, por la violencia y muertes que genera este negocio y por fortalecer en los últimos años la producción de coca, ahora tiene que enfrentar el repudio de la comunidad internacional y la vergüenza por designar personas que llegan a ocupar altas dignidades internacionales, como ser Embajador de Paz.
¡No sabíamos que para ser Embajador de Paz por las Naciones Unidas, había que ser hijo de ex narcotraficantes; y que para ser Gestor y Promotor de Paz, ante cualquier entidad del Estado, había que pertenecer a un grupo alzado en armas (Paramilitares y Guerrillas).
Mientras quienes hemos defendido y trabajado por la Paz y la reconciliación, desde la cultura y promoción de los derechos humanos, amparados bajo la legalidad e institucionalidad solo tenemos derecho a que nos amenacen, estigmaticen y atenten contra nuestra integridad física.
Pero lo más vergonzoso es que a muchos reconocidos Defensores de Derechos Humanos en las regiones, se les niega el derecho al trabajo con entidades del Estado (alcaldías, gobernaciones) por no hacer parte del grupo político del gobernante de turno, constituyendo esto una flagrante violación a la Constitución Política por prácticas de discriminación laboral por posición ideológica.
Hacemos esta denuncia como rechazo a la designación de la hija del capo del narcotráfico Carlos Ledher Rivas, y otros hijos de ex narcotraficantes, como embajadores de paz por las Naciones Unidas, quienes llegan a estas posiciones sin más méritos que ser hijos de quieres infringieron la Ley y llenaron de terror y muerte al territorio colombiano. Varios de estos narcotraficantes en su tiempo, fueron promotores de los grupos paramilitares que asesinaron a reconocidos y valiosos Defensores de Derechos Humanos.
Rechazamos con total vehemencia, esta afrenta y humillación a todo el pueblo colombiano que lucha por cerrar una de las épocas más terribles de violencia y muerte contra sus nacionales.
