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La represión, la judicialización y estigmatización a las comunidades y el movimiento social se está acentuando en los territorios y a esto no escapa el departamento de Arauca y aún más cuando el Gobierno Duque quiere entregar falsos positivos a como dé lugar para quedar bien ante el país luego del atentado del 17 de enero a la Escuela de Cadetes General Santander.

Ante la crisis que vive el país, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra a través de comunicado a la opinión pública, evidencia la crisis que se está viviendo en el país como en la región del Centro Oriente de Colombia, “Las cifras presentadas por organizaciones nacionales dan cuenta de 235 asesinados en 2018, 674 desde enero del 2016 y 14 en lo corrido de 2019, sumado a más de 70 judicializados. Lo que se constituye un verdadero genocidio contra el movimiento social a nivel nacional”.

 

Este 14 de febrero, los profesores agrupados en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) se tomarán las principales capitales del país, como preámbulo a la presentación del pliego de peticiones al Gobierno. En esta ocasión, los educadores pedirán que se modifique el Plan Nacional de Desarrollo (PND), por considerarlo inconveniente para el servicio de educación pública del país.

Según explica el Miguel Ángel Pardo, integrante de la junta directiva de FECODE, el Gobierno ha decidido en su PND completar los recursos que no logró recaudar vía Ley de Financiación recortando el gasto social. Dicha reducción incluiría la disminución al presupuesto destinado para que los municipios atiendan la educación básica, así como el sistema de salud de los maestros.

 

En el Guainía existen yacimientos de oro, coltán y otros minerales. Hasta el momento, no han sido explotados de forma industrial, pero se convirtieron en objeto del deseo de empresas extranjeras como la multinacional canadiense Auxico Resources

Guainía, departamento poblado en su mayor parte por pueblos indígenas, hoy es gobernado por mestizos. Estos conforman la clase política que ocupa cargos legislativos y ejecutivos: producen las normas, las ejecutan y administran los recursos públicos. Incluso administran los recursos que deben llegar a las comunidades indígenas por asignación especial del Sistema General de Participaciones[1].

Además, esa clase política ahora quiere crear un nuevo municipio, abarcando territorios indígenas. La excusa es facilitar la administración del territorio y sus pobladores, pero la gente del pueblo piensa que la verdadera intención de ese plan es facilitar la entrada de empresas mineras a la zona.

 

Mientras dan a entender con cifras que ya casi acabamos con la pobreza en los países del continente, los indicadores que se alcanzan a conocer para Colombia siguen siendo lamentables

En un informe que presenta la Cepal, sobre el Panorama Social 2018 frente a la pobreza en América Latina, las cifras muestran un aumento en la pobreza extrema. Los niveles de pobreza alcanzados en este periodo son los más altos registrados desde el año 2008.

¿De qué pobreza y cuáles son las cifras de las que habla el informe?

Cuando el informe habla de la línea de pobreza, se está refiriendo al costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes, tales como alimentarios y no alimentarios, en un área geográfica determinada y, por otro lado, la pobreza

 

Miembros del Grupo de Reacción Inmediata -GRI-, adscrito a la guardia del INPEC, agredieron físicamente a algunos de los internos sin mediar motivo alguno, en medio de un operativo de rutina realizado el pasado 30 de enero, en el patio 12 de Eron-Picota en Bogotá.   

Mendoza, quien debió ser remitido al servicio de salud de la prisión, presentó “politraumatismos por agresión física”, y a pesar de que se recomendó una radiografía del codo izquierdo de manera prioritaria, hasta el día de ayer el interno seguía sin recibir la atención médica necesaria.

Sin embargo, estos no son hechos aislados: “constantemente el GRI ha venido realizando abusos en diferentes centros penitenciarios del país, en los múltiples operativos realizados, los cuales representan graves abusos a los derechos