Sigue el goteo macabro de genocidio de personas que le apuestan a la construcción de democracia en Colombia. Al menos, 13 de ellos fueron víctimas en el primer mes de este año. La mayoría de ellos hacían parte de los programas de sustitución de cultivos, implementación del Acuerdo de Paz y de defensa del territorio. Un 41 por ciento fueron asesinados en sus casas, por más de dos sicarios; 82,5 por ciento con armas de fuego; lo que demuestra que la víctima tenía un seguimiento y que su asesinato no fue “fortuito”, como trata de mostrar la Fiscalía General; quedando el 92 por ciento de estos casos en total impunidad.
Perseguidos y eliminados
Maritza Ramírez de 42 años, tenía dos hijos, se desempeñaba como presidenta de la Junta de Acción Comunal, estaba al frente de labores de sustitución de cultivos ilícitos en Tumaco. El 14 de enero fue brutalmente golpeada en un sector rural fronterizo con Ecuador, se debatió por 10 días entre la vida y la muerte, finalmente falleció. Así lo informó la Confederación Nacional de Acción Comunal.
Samuel Gallo, un joven líder comunitario en el municipio El Peñol, Antioquia, fue asesinado el 25 de enero, por dos sicarios cerca de su lugar de trabajo.
Alfredo Contreras fue Presidente de la Junta de Acción Comunal, coordinaba proyectos de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito en el corregimiento Las Mercedes en Sardinata, Norte de Santander. El 17 de enero fue torturado y posteriormente atacado con ácido sobre su rostro e impactado por proyectiles de bala en el pecho y la cabeza.
Héctor Marino Carabalí Charrupí, Andrés Posu, Edis Caloto y Deyanira Peña, líderes sociales de Buenos Aires, Cauca, quienes el 8 de enero recibieron amenazas en contra de su vida, de parte de las Águilas Negras, nombre con el que firman los agentes de las Fuerzas Armadas cuando realizan operaciones encubiertas. Dicen: “Durante mucho tiempo hemos enviado notificaciones para que estas personas se abstengan de seguir haciendo denuncias públicas en sus territorios no han hecho caso por tal motivo haremos cumplir todo, o se van o los matamos. La orden es matarlos y pagaremos por cada uno de ellos. Así tengan esquemas de protección, estén reubicados debajo de las piedras los vamos a encontrar”.
El asesinato de líderes sí es sistemático
El Informe “¿Cuáles son los patrones?: Asesinato de líderes sociales en el post Acuerdo de Paz”, realizado por once centros de investigación y de defensa de Derechos Humanos, demuestra que después del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, van más de 500 líderes asesinados, dado que en el post acuerdo se abren posibilidades para la participación política de muchos sectores sociales y populares que motivan actividades para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades y garantizar sus derechos. Esta situación coloca en riesgo la hegemonía que por décadas han tenido las clases que detentan el poder económico y político, desde la legalidad y la ilegalidad.
Este Informe llama la atención sobre la existencia de un subregistro en los ataques y asesinatos de los líderes y defensores. El Coordinador del Área de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, Camilo Bonilla, sostiene que:
“Este fenómeno de violencia evidencia una naturaleza repetitiva, invariable y continua, y ha sido perpetrado de manera reiterada, metódica y no aleatoria. Es un ejercicio de violencia no accidental ni fortuito, sino selectivo y no indiscriminado. La víctimas pertenecen a grupos étnicos discriminados, de extracción campesina, y algunas de ellas eran o son (los sobrevivientes) víctimas del desplazamiento forzado, o de otras acciones del conflicto armado”.
Las élites abortan el nacimiento de una fuerza de oposición alternativa
La sistematicidad está en el objetivo de impedir los cambios. No se necesita un centro operativo único para desplegar la estrategia de exterminio, basta alimentar abiertamente el rechazo al cambio y el odio a los agentes de cambio, estigmatizando su labor de defensa de los bienes comunes y el rechazo a la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de las empresas nacionales y extranjeras, agentes estatales y privados.
La acción de las autoridades no es eficaz porque en la institucionalidad, o en la maquinaria política, están gran parte de quienes se oponen a los cambios. En la realidad colombiana desde hace décadas hay una mezcla de orden y violencia, con la utilización de fuerzas ilegales creadas desde los círculos de poder. Lo que hace imposible que desde allí se creen políticas para proteger la vida de los líderes y los defensores DDHH.
La vida es un derecho básico, el más básico de todos, que merece y necesita un empeño máximo de la ciudadanía. La movilización ciudadana legítima y democrática, requiere desplegarse desde el pronunciamiento, el plantón, la denuncia, hasta el paro nacional y la desobediencia civil si es necesario. En Colombia se debe sacar la violencia de la política, solo así podremos hablar de una verdadera democracia.
Una crisis humanitaria y política de tanta gravedad, como el extermino de líderes sociales, requiere máxima atención en las instancias de decisión política, tanto a nivel nacional como internacional, que pare de una vez este genocidio.
