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Juanita Goebertus, representante a la Cámara del partido Verde, analizó varias afirmaciones de Miguel Ceballos y planteó su posición sobre el cese de diálogos.

A través de un hilo en Twitter, la congresista desmintió en varios aspectos al alto funcionario.

¿La administración de Duque debe cumplir lo que pactó el gobierno Santos?

Miguel Ceballos afirmó en rueda de prensa que no. El alto comisionado trajo a colación la sentencia 379 del año 2016 para argumentar que “las políticas públicas de paz son políticas de gobierno, y no son políticas de Estado […]. Y, por tanto, solamente obligan a la administración que esté en el poder en ese momento”.

 

La paz, es la bandera central de la lucha de las clases trabajadoras y populares, que históricamente han buscado construir transformaciones necesarias para dignificar la vida de las mayorías, consolidar una democracia real y un proyecto económico y cultural que emancipe la nación

Mientras en el contexto nacional e internacional se viene posicionando la idea que reduce la paz a la finalización del conflicto armado y al silenciamiento de los fusiles. El ataque militar perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional -ELN- el 17 de Enero de 2019 en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santader en Bogotá, vuelve a colocar en la opinión pública el debate interno y externo sobre la guerra y la paz. Y aun más importante, sobre la manera de construir la paz que le conviene al pueblo colombiano.

 

El Equipo Jurídico Pueblos denunció que el pasado 11 de enero de 2019, miembros del Ejército Colombiano retuvieron de forma ilegal a los defensores de derechos humanos del Equipo Jurídico Pueblos-EJP-, Diana Mildreth Jaimes Díaz, Gabino Barrera Silva y la integrante de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia Dana Farraj, donde la retención ilegal fue realizada por hombres armados del Ejército Nacional colombiano al mando del Capitán Rivero. Los militares retuvieron durante varias horas a los defensores y defensoras de derechos humanos.

La abogada Gloria Silva del Equipo Jurídico Pueblos explicó que: “Si bien es cierto que el Ejército puede requerir los documentos de identidad de quienes transitan en sus zonas de control, dicha facultad se está convirtiendo en la excusa para escalar hacia prácticas abiertamente arbitrarias e ilegales, como en este caso que degeneró en una retención ilegal, dado el excesivo tiempo transcurrido en la supuesta verificación realizada por los militares. Adicionalmente, el hecho evidencia la continuidad de los empadronamientos, pues la información personal de las y los defensores del EJP y la Redher fue registrada ilegalmente de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales sobre el asunto”.

 

Aun a riesgo de que algunos me gradúen de terrorista o de abogado del ELN, considero que la exigencia del gobierno Duque de que Cuba capture y le entregue a los negociadores del ELN no sólo es un error político sino que, además, es jurídicamente  insostenible.

Comienzo por reiterar que el atentado del ELN en la Escuela General Santander fue no sólo atroz sino que, además, es una violación grave al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que el ELN dice respetar.

Contrario a lo sostenido por esa guerrilla en su comunicado, no es cierto que los cadetes de una escuela policial  o militar sean un objetivo militar legítimo pues no participan aún directamente en las hostilidades sino que son estudiantes que algún día podrían llegar a pertenecer a la Fuerza Pública y convertirse en combatientes, pero que en ese momento son aún estudiantes.

 

Tras las primeras versiones dadas a conocer por parte del ministro de Defensa, Juan Guillermo Botero y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre el atentado del pasado 17 de enero en la Escuela General Santander y la supuesta  y no comprobada responsabilidad del ELN,  bajo la autoría material de alias “Mocho Kiko”, identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez y la captura de Ricardo Carvajal Salgar, algunas denuncias en redes sociales han tenido eco entorno a inconsistencia en las pruebas que se han enseñado, cuestionando severamente la hipótesis del gobierno.

“ALIAS EL MOCHO” HABÍA SIDO DADO DE BAJA POR EL EJÉRCITO EN EL 2016
Uno de los primeros interrogantes que se ha planteado, tiene que ver con la persona que se identifica como el autor material del atentado, debido a que alias “El Mocho”, quien el ministro de Defensa señaló como el responsable, se reportó como muerto en el año 2016 por el Ejército Nacional.