El atentado con un carro bomba en la principal Escuela de Policía de Colombia, General Santander de Bogotá, deja hasta el momento 10 policías muertos y cerca de 40 personas heridas. Varias han sido las reacciones de la sociedad civil y el Gobierno. En el año 2015 el Estado fue condenado por no evitar un atentado similar en 2002.
El atentado que ha generado terror ocurrió durante la jornada de manifestación social en contra de la Fiscalía General de la Nación, el Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad-, y en favor de la Educación Superior. El rechazo a este tipo de atentados responde a la búsqueda de la construcción de paz en Colombia. Las víctimas mortales y demás víctimas al interior de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, recuerdan la trágica consecuencia de un política de Estado que utiliza la guerra como solución a la guerra civil prolongada que vive Colombia.
Líderes políticos y lideresas que trabajan para implementar los acuerdos de paz entre las desmovilizadas FARC y el Estado, así como aquellas que lo hacen para continuar con la Mesa de negociación con la insurgencia del ELN, rachazaron la tragedia.
Hay que recordar que el terrorismo lo ha perpetrado el mismo Estado, es una política conocida y padecida por el pueblo colombiano; el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) con su política de Seguridad Democrática, compañera ideológica del Presidente Iván Duque, lo ejemplifica.
El 7 de agosto del año 2002, ocurrió un atentado similar en Bogotá contra la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba durante la posesión como Presidente de Álvaro Uribe. Según el Consejo de Estado: “Resultaba previsible para las autoridades públicas, ya que dentro de las pruebas allegadas, en especial la investigación penal adelantada y la información publicada por los medios de comunicación, se evidenciaba sobre las amenazas en torno a la posesión del presidente de la República”.
