En el Guainía existen yacimientos de oro, coltán y otros minerales. Hasta el momento, no han sido explotados de forma industrial, pero se convirtieron en objeto del deseo de empresas extranjeras como la multinacional canadiense Auxico Resources
Guainía, departamento poblado en su mayor parte por pueblos indígenas, hoy es gobernado por mestizos. Estos conforman la clase política que ocupa cargos legislativos y ejecutivos: producen las normas, las ejecutan y administran los recursos públicos. Incluso administran los recursos que deben llegar a las comunidades indígenas por asignación especial del Sistema General de Participaciones[1].
Además, esa clase política ahora quiere crear un nuevo municipio, abarcando territorios indígenas. La excusa es facilitar la administración del territorio y sus pobladores, pero la gente del pueblo piensa que la verdadera intención de ese plan es facilitar la entrada de empresas mineras a la zona.
Y es que en el Guainía hay yacimientos de oro, coltán y otros minerales. Hasta el momento, no han sido explotados de forma industrial, pero se convirtieron en objeto del deseo de empresas extranjeras como la multinacional canadiense Auxico Resources.
Precisamente a finales de septiembre pasado esa empresa y el gobernador del departamento, Javier Zapata, firmaron un “Memorando de Entendimiento” para la producción de minerales en la región. Casualmente, en las últimas semanas el mencionado gobernador ha estado anunciando que los corregimientos de Barrancominas y Mapiripana serán convertidos en municipio, basándose en un decreto expedido por el Ministerio del Interior (decreto 1454 de 2018) que da el visto bueno para la creación de ese ente territorial.
El problema es que, a pesar de que el mismo decreto afirma que debe hacerse un proceso de CONSULTA PREVIA con los pueblos indígenas para adelantar el proceso de creación del municipio, el gobernador y otros políticos del departamento ya dan por sentado que el ente territorial se creará a partir de enero de 2019 y hasta han empezado a barajar nombres para ocupar el presunto cargo de alcalde.
Esta situación generó inquietud y zozobra en los pueblos indígenas, quienes se reunieron en una asamblea de capitanes entre el 8 y el 10 de octubre, a fin de estudiar el tema y sentar una posición al respecto. La conclusión fue clara: las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas de Barrancominas y Mapiripana rechazan el proceso de municipalización de esos dos corregimientos. Así mismo, exigen al gobierno nacional y departamental que se apoye la aplicación de otro decreto, el 632 de 2018, que regula la puesta en funcionamiento de territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.
Esta norma prioriza la creación de entidades territoriales conformadas por los pueblos indígenas, sus autoridades tradicionales y sus asociaciones. La finalidad de los denominados territorios indígenas es hacer realidad la autonomía administrativa que la Constitución de 1991 les reconoció a los indígenas, y que hasta ahora ha sido sólo teoría.
Hasta la fecha, los pueblos originarios sólo han tenido la legalización de pequeñas porciones de su territorio en lo que llamamos “resguardos”, pero en la práctica no se les ha permitido administrarlo de manera integral, lo mismo que sucede con los recursos públicos que por derecho les corresponden. Tampoco han tenido la oportunidad de administrar la salud o la educación, aspectos fundamentales para la pervivencia física y cultural de su población.
Por esa razón es que los líderes indígenas de esta zona del departamento del Guainía decidieron exigir al gobierno que facilite las condiciones para iniciar el proceso de conformación y puesta en funcionamiento de los territorios indígenas como una figura administrativa que les permitirá de manera autónoma manejar su territorio y sus recursos. Y esto es, precisamente, lo que no les gusta a los políticos, que se han acostumbrado a lucrarse del erario público, incluyendo la plata de los indígenas.
Lo cierto es que, legalmente, no se puede crear el municipio sin consultarle de manera previa, libre e informada a los pueblos indígenas que habitan en la zona. Y estos ya están alerta y a la expectativa de los oscuros planes de la clase dominante; y lo más importante, dispuestos a luchar para defender su territorio ancestral. Hay que tener en cuenta que del resultado de esta contienda no sólo depende la permanencia de los indígenas de Barrancominas o del Guainía. De ello depende la conservación de los recursos naturales y del equilibrio ambiental, que en últimas nos afecta a todos lo que vivimos en este país vendido a las mineras, petroleras e hidroeléctricas.
[1]Mecanismo implementado por el Estado colombiano para distribuir los recursos públicos de orden nacional.
trochandosinfronteras.info/guainia-en-defensa-del-territorio-ancestral/
