El Paro Nacional del 28A constituye, hasta el momento, el más certero ataque que los de abajo hayan podido propiciar contra gobierno alguno en Colombia después del 14 de septiembre del 77. Es, sin duda, nuestro gran acontecimiento, y su impacto social y político ha sido enorme. Una verdadera huelga general que por su intensidad y radicalidad registró los alcances de una revuelta popular contra los símbolos de representación del capital y el poder, así como contra la policía y el Esmad. Tuvo como protagonistas centrales a la juventud, las mujeres, sectores de trabajadores sindicalizados y enormes contingentes de precarizados e informales, los más afectados por la pobreza, el hambre, el desempleo y la pandemia, con las grandes ciudades como escenario principal.
Durante más de un mes largo, la calle y la plaza pública de los grandes centros urbanos se convirtieron en escenarios de la algarabía, pero también el lugar propio de la democracia donde habrían de dirimirse desacuerdos y diferencias con el propósito de ajustarle cuentas a un gobierno inepto, sordo e indolente.
En ejercicio del derecho a la rebeldía el pueblo llano se concentró y movilizó en forma multitudinaria y permanente en Cali, Bogotá y Medellín principalmente, donde constituyó las más variadas formas de auto-organización y ocupó los escenarios públicos para la deliberación y la organización de la resistencia popular a la represión gubernamental y los ataques del paramilitarismo urbano.
El Paro del 28A obtuvo logros importantes, significó una gran experiencia y dejó grandes enseñanzas, sobre lo que vale la pena reflexionar y debatir ampliamente.
1.
Aparte de haber logrado romper la estructura de dominación del biopoder impuesto con la pandemia, el paro logró su mejor conquista cuando obligó al Gobierno a retirar el Proyecto de reforma tributaria y propiciar la renuncia del Ministro de Hacienda. Por efectos igualmente de la presión popular, días después naufragó en el Congreso el Proyecto de reforma a la salud y el Presidente tuvo que salir ante los medios a anunciar la decisión de establecer la gratuidad de la educación pública superior para algunos estratos, convirtiéndose en las mejores y más significativas conquistas de las masas movilizadas en Colombia en mucho tiempo. Tal vez las únicas logradas en el contexto del neoliberalismo desde las épocas de César Gaviria.
Ávidos de nuevas conquistas, los huelguistas se sintieron con capacidad de ir por más, y el Gobierno fue obligado a sentarse a negociar con los representantes del paro, lo que generó una gran expectativa entre los huelguistas y la opinión pública. Primero acordarían las garantías para la movilización y la protesta, con lo cual se buscaba regular y modular el ejercicio del monopolio de la fuerza en poder del Estado, y luego entrarían de lleno a negociar el pliego de emergencia presentado un año atrás. Sin embargo, tras un mes largo de paro y movilizaciones, las negociaciones se estancaron, sin resultado alguno a la vista por la posición intransigente del Presidente. En la mesa de negociaciones fue evidente que el Gobierno buscó siempre dilatar las conversaciones sin asumir compromiso alguno, mientras reprimía en forma brutal la movilización, especialmente la presencia de los jóvenes en las calles y sitios de concentración y resistencia, lo que le ha merecido la condena y el rechazo de organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y HRW, así como de sectores de la prensa y dirigentes políticos de otros países, mientras se espera el informe de la misión de la CIDH que por esos días visitó Colombia con la intención de constatar el atropello del gobierno contra los derechos humanos y las garantías democráticas.
2.
Con el estallido del paro el presidente Duque y su gobierno quedaron aturdidos inicialmente, sin atinar qué hacer. Reaccionó cuando el ex presidente Álvaro Uribe lo instó públicamente a que ejerciera la autoridad. A partir de entonces, este hecho marcaría el derrotero de la situación política del país y del paro en particular.
Duque decidió sortear la situación reprimiendo brutalmente la protesta, con la Fuerza Pública como factor principal de contención. Al patrullaje inicial del Esmad y la Policía le siguió el despliegue del Ejército bajo la figura de la asistencia militar ordenada por el Decreto 575 del 28 de mayo. Oficiales del Ejército fueron empoderados para manejar el orden público en diferentes departamentos y ciudades del país, lo que constituyó un verdadero golpe de Estado no solo contra los gobernantes de esas entidades territoriales, sino también contra la misma Constitución Política cuyo mandato en estos casos fue ignorado. La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo fueron igualmente instrumentalizadas y puestas al servicio de la estrategia gubernamental del sofocar la protesta por la fuerza. Y mientras el ex presidente Uribe invitaba a los miembros de la policía y el Esmad a disparar sus armas contra los manifestantes, figuras importantes de su partido incitaban a los ciudadanos de bien a armarse para enfrentar a los que protestaban. Por cuenta del terrorismo de Estado y el paramilitarismo urbano hemos vivido entonces el capítulo más horrendo de la barbarie con la que se ha pretendido acallar la justa protesta y desalojar a la juventud de la calle y la plaza pública durante las memorables jornadas de mayo y junio en Cali, Bogotá, Medellín y otras ciudades. Es la plenitud del bonapartismo en acción, que somete y subyuga la casi totalidad de la institucionalidad del Estado a los requerimientos del presidencialismo como régimen político. El resultado macabro de esta forma de dominio es de conocimiento público: la represión violenta de la oposición y la protesta con su cortejo de muertos, heridos, desaparecidos, abusos sexuales y negación de los derechos y las libertades.
Superado el diferendo interburgués frente al proyecto de reforma tributaria, mismo que había sumido al Gobierno en la soledad y el aislamiento durante los primeros días de huelga, Duque debió emplearse a fondo para recomponer con prontitud el frente burgués. Tras haber escuchado inicialmente a los gremios y a las cabezas visibles de las Cortes y del Congreso, así como a distintas facciones del partido del orden y sectores políticos de centro izquierda, quienes le habrían recomendado sentarse a negociar con los promotores de la protesta, el presidente logró rehacer consensos básicos que le permitieron asegurar momentáneamente la unidad del establecimiento alrededor suyo. A partir de entonces, no solo se hizo rodear de los empresarios, sino que además restableció la gobernabilidad asegurando la permanencia de Cambio Radical y el Partido de la U en el gabinete ministerial. Logró deshacer incluso los conatos de desobediencia del partido Liberal en cabeza de César Gaviria y aseguró las mayorías en el Congreso. La prueba de fuego de todo ello se dio con ocasión de la votación de la moción de censura contra el Ministro de Defensa en la Cámara de Representantes: por abrumadora mayoría el establecimiento político rodeó al funcionario, en un claro mensaje de que en una álgida coyuntura de la lucha de clases como la de entonces, la unidad monolítica del partido del orden es garantía de seguridad y conservación del sistema y sus instituciones.
Pero, tras ese mascarón de proa lo que se esconde en realidad es un régimen débil, basado en unas instituciones que arrastran una profunda y prolongada crisis de legitimidad, conforme lo puso de presente la enorme popularidad del paro entre la opinión pública nacional. De nuevo, cuando la crisis de hegemonía del régimen queda al desnudo por un acontecimiento de la lucha de clases que amenaza su estabilidad, el establecimiento todo no duda en rodearlo, acudiendo al recurso de una opción de mano dura como operación de salvamento si es necesario. Ocurrió en 2002 con el ascenso de Uribe al poder. Volvió a suceder en 2018 con el regreso del uribato y su proyecto restaurador tras la amenaza de un triunfo electoral de la izquierda. Y vuelve de nuevo con ocasión de la revuelta popular en los marcos del paro nacional del 28A. Y parece que cada vez será más frecuente. Es lo que en realidad se esconde bajo el supuesto manto de unidad del establecimiento.
Mientras la Fuerza pública sofocaba la protesta social justa, Duque instrumentalizaba mecanismos de negociación con los voceros de diferentes sectores del paro. Sin embargo, a poco, quedaría en evidencia que la negociación no era más que un recurso complementario de su estrategia de guerra contra la revuelta popular. Su objetivo era dilatar para ganar tiempo, jugando al desgaste y división de los huelguistas. Tras desgastar al Comité Nacional de Paro con su intransigencia, el Gobierno condujo finalmente la negociación central a un punto muerto, mientras exploraba la búsqueda de acuerdos en escenarios sectoriales y territoriales en aplicación de su estrategia del cuerpo de bomberos, consistente en apagar pequeños incendios como la vía más expedita para sofocar el gran incendio nacional
3.
Conforme lo dejaron ver las demostraciones de calle y la capacidad misma de los puntos de resistencia, entre finales de mayo y principios de junio el paro empezó a mostrar los primeros síntomas de cansancio y desgaste. Era el peso de la brutal represión oficial y paramilitar que empezaba ya a producir sus consecuencias. Pero eran igualmente los efectos del gusanillo de la división alojado en las filas del movimiento, cuando se evidenció públicamente un rudo cruce de voces entre sus dirigentes por la dirección y la representatividad del paro. Los medios y la opinión pública, así como las fuerzas que servían de soporte del paro registraron la fisura que atravesaba a sus convocantes y organizadores, expresada en la superficie con la objeción cierta de que el Comité Nacional de Paro no representaba a todos los sectores presentes en la lucha. Fisura que por lo demás quedó también registrada en el radar del Gobierno. Todo ello sin mencionar las profundas carencias organizativas que la huelga arrastró desde sus inicios y que no alcanzaron a suplirse con la gran variedad de formas de auto-organización popular nacidas espontáneamente al calor del acontecimiento, y que, en cambio, marcaron y afectaron buena parte de su desempeño. Para mediados de junio era ya evidente que el paro había decaído notoriamente.
Podría decirse que el 28 de mayo marcó el punto de inflexión de la huelga. Ese día se cumplía un mes del estallido del paro nacional y se quiso celebrar con la toma masiva de Bogotá. Sin embargo, la afluencia de manifestantes en las movilizaciones no colmó las expectativas, no sólo en la capital de la república, tampoco en las otras ciudades importantes que se habían convertido en epicentro del movimiento. Ese mismo día, el Presidente anunció públicamente que no aprobaba el acuerdo de garantías para la protesta negociado y acordado por los delegados del Gobierno y los representantes del Comité Nacional de Paro, y que igual suerte corría el acuerdo celebrado en Buenaventura para desbloquear el acceso y la salida al puerto. Como si eso fuera poco, el Gobierno escaló la arremetida contra el paro expidiendo el Decreto 575 del 28 de mayo, ordenando la asistencia militar para enfrentar a los manifestantes y desbloquear las vías públicas en diferentes departamentos y ciudades del país.
Con la objeción del acuerdo de garantías y la expedición del Decreto 575 era evidente que el Gobierno no tenía voluntad de negociación y que estaba dispuesto a arreciar y escalar su campaña represiva con el fin de arrasar todo vestigio de resistencia popular en los principales centros urbanos del país.
A esas alturas, la potencia del movimiento no era ya suficiente para contener y hacer retroceder la ofensiva gubernamental, y las discrepancias entre sus dirigentes agravaba la situación. Así lo entendieron tanto el Comité Nacional de Paro como los voceros de algunos puntos de resistencia. Obrando en consecuencia, tanto unos como otros optaron por lo que podríamos llamar un repliegue táctico del movimiento. Repliegue que fue dispuesto y ordenado por separado por cada una de las fuerzas participantes en el mismo, revelador por lo demás de la hondura de la división que acompañó al paro desde sus inicios. Los primeros anunciaron la suspensión del paro y su decisión de tramitar algunas de las exigencias del pliego por la vía del Congreso de la República, una decisión unilateral y equivocada que no consultaba la realidad de los sectores participantes en la huelga ni de su representación, aparte de que embellece y genera falsas expectativas en una institución como el Congreso que estuvo de espaldas al clamor popular durante el movimiento. Los otros, por su parte, entablarían conversaciones con alcaldes y gobernadores para negociar condiciones conducentes al levantamiento del bloqueo de algunas vías en diferentes ciudades.
Tras haber agotado su fuerza inicial, el paro del 28A ha quedado reducido cada vez más a estallidos periódicos e intermitentes de sectores de vanguardia de la juventud en la calle y desde algunos sitios de resistencia que aún perviven en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Entre tanto, el país asiste al restablecimiento de la normalidad en el giro de los negocios y de la vida cotidiana de la sociedad burguesa, forzado por lo demás con las disposiciones gubernamentales de la apertura económica en medio de la pandemia.
4.
Por lo visto, el paro del 28A no sólo debió enfrentar la feroz represión del régimen y la más intensa campaña de desprestigio de parte del Gobierno y todo el establecimiento. Sobre el movimiento gravitaron también problemas de orden interno que debilitaron, tanto como la represión, su eficacia como medio de ataque y acción directa e independiente de los de abajo contra los de arriba. Tal vez el de mayor incidencia vino a ser la división que se había alojado en las filas del movimiento y evidenciada públicamente en el rudo cruce de voces entre los dirigentes por la dirección y la representatividad del paro. Develar los alcances y naturaleza de esa división es un asunto de capital importancia, sobre todo si se tiene en cuenta que, por encima de ella, parece haber consenso entre los distintos sectores acerca de la necesidad y posibilidad de volver al ataque.
La división en las filas del paro del 28A está asociada a las diferencias que han existido entre sus organizadores sobre los alcances del movimiento, diferencias que vienen desde mucho antes de su convocatoria pero que no fueron lo suficientemente debatidas y clarificadas a tiempo. Ello conduce a que el paro estalle con una disparidad de criterios, en el que aparecen entrelazadas dos concepciones estratégicas diferentes sobre el mismo. Para las fuerzas y sectores agrupados en el Comité Nacional de Paro, el movimiento tendría un carácter estrictamente reivindicativo, centrado en la negociación del pliego de peticiones presentado al Gobierno. Su trámite se ritualizaría, guardadas las proporciones, de la manera tradicional como suelen negociarse los pliegos de peticiones que los sindicatos de trabajadores presentan a los empleadores. De acuerdo con esta estrategia, las acciones de calle constituirían un factor de apoyo y dinamismo de la mesa de negociaciones como escenario principal de la negociación. En una doble vía, la dinámica de la mesa macaría la dinámica de la movilización, y a la inversa, la potencia de la última habría de expresarse en los logros de la primera.
Una concepción distinta tendrían las fuerzas agrupadas en el bloque constituido por la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP), el Bloque por el Paro General Indefinido (BPGI) y Congreso de los Pueblos, quienes, con una narrativa estrategista, basada en exigencias perentorias y desdeñosa de la negociación reivindicativa, lograron permear el heroísmo y radicalidad de sectores de precarizados y desempleados, hombres y mujeres jóvenes que compartían con buena parte de la juventud estudiantil las primeras filas del movimiento y que a la postre terminaron convirtiéndose en los protagonistas centrales del acontecimiento. Un discurso que, sin duda, rompía los cánones tradicionales de la lucha social entre nosotros, en tanto hacía énfasis y asumía de entrada una perspectiva de combate y desafío abierto contra el sistema. Tanto la acción de este sector, como la lógica intrinseca de su discurso ponían en evidencia que el propósito buscado era el de crear las condiciones hacia una salida insurreccional o semi-insurreccional de la situación creada por el paro nacional. Sus consignas y ademanes en las acciones de calle lo ponían de presente. Una predisposición a aceptar las provocaciones de la Fuerza pública y convertir el plantón o la movilización en enfrentamientos violentos, con barricadas improvisadas, líneas de combate y puntos de resistencia como trincheras, develaban un imaginario de guerra como fuente de inspiración, con lo cual no hacían sino facilitarle el pretexto a las fuerzas del orden para que éstas justificaran la brutal represión con la que fueron tratados los manifestantes.
Desdeñosos inicialmente de la negociación, su accionar estuvo inspirado en la búsqueda del derrocamiento del gobierno de Duque y su eventual remplazo por una Asamblea Nacional Popular, como órgano de expresión de un poder popular sobreviniente. Con este planteamiento estratégico, la movilización de masas por conquistas concretas y específicas que habían dado origen al paro nacional quedaban relegadas y en el aire, sobre todo si se tiene en cuenta que en la situación política concreta de ese momento no era posible ni viable una aspiración de la naturaleza y alcances pretendida por las vanguardias que gravitaban sobre ese sector. No sólo porque ya en esa coyuntura específica Duque había logrado recomponer la unidad del establecimiento político y empresarial a su alrededor, sino además y principalmente porque la correlación social y política de fuerza no era suficiente para que el movimiento pretendiera conquistas nuevas y de mayor envergadura. Objetivamente, el cambio en la correlación de fuerzas obtenido por la huelga no era todavía el necesario y suficiente como para que el movimiento se planteara el derrocamiento de Duque y la instauración de un poder popular. Hasta la convocatoria del Encuentro nacional (6, 7 y 8 de junio) en el que se formalizó la constitución de la Asamblea Nacional Popular, no se darían cuenta que el paro carecía de las fuerzas suficientes para insistir en tal perspectiva. Por buena que parezca la cosecha, debe saber escogerse el momento para su recolección.
Esta disparidad de criterios con que nace el paro del 28A trae como consecuencia una disputa por su dirección, hasta la descalificación recíproca entre las fracciones que fungen o pretendían fungir como tales. A poco de haber estallado el movimiento era claro que el Comité Nacional de Paro no interpretaba la totalidad de los intereses y aspiraciones en juego, especialmente de aquellos sectores que giraban alrededor de los puntos de resistencias y las asambleas populares que se habían radicalizado prematuramente. El hecho de que optaran finalmente por una deriva autónoma y de desacato del Comité de Paro, contribuyó a dificultar la posibilidad de restablecer mínimos acuerdos y mecanismo de coordinación y unidad entre todas las fuerzas participantes del paro. A la final, esta división terminó convertida en un pesado lastre que malogró la posibilidad de que el movimiento lograra unificar sus objetivos en un pliego nacional respaldado en un plan de acción articulado nacionalmente entre todas las fuerzas y sectores comprometidos en la protesta.
Es cierto que la burocracia sindical, por su naturaleza social y trayectoria política genera recelos y desconfianzas entre sectores amplios de la clase trabajadora, que le exige una actitud clasista de mayor compromiso con los intereses de clase y de restablecimiento de la democracia en las organizaciones de los trabajadores. De manera que el repudio del que ha sido objeto esta vez por sectores de la juventud radicalizada, así como de sectores de trabajadores de base, es explicable y tiene allí sus raíces. Pero igualmente hay que decir que la alternativa a la burocracia sindical no puede ser el extremo izquierdismo y el insurreccionalismo aventurero que cree ver en cada ascenso de masas el advenimiento de situaciones pre revolucionarias o revolucionarias y la posibilidad inmediata de tomar el poder por asalto. Esta no es sino una forma distorsionada de la necesaria alternativa frente a aquella.
Entre las posiciones sostenidas por el Comité Nacional de Paro y el bloque nucleado posteriormente alrededor de la Asamblea Nacional Popular levitaría una tercera posición que llamaba a que el movimiento centrara sus esfuerzos en pedir la renuncia del Presidente y de todo el gabinete, y que se constituyera un gobierno provisional que convocara a elecciones inmediatas, a fin de darle una salida institucional a la crisis. Era sostenida por una variedad de agrupaciones y personalidades políticas de izquierda. En realidad, tuvo muy poca acogida entre la multitud movilizada y ninguna entre las vanguardias que se disputaban la dirección del paro. Pretendió disputarle a la extrema izquierda, sin éxito alguno, las simpatías de los jóvenes radicalizados.
En las condiciones en que se hallaba el Gobierno tras la caída del Proyecto de reforma tributaria y la renuncia de Carrasquilla, la consigna de pedir la renuncia del Presidente y su gabinete había perdido vigencia política, toda vez que los acontecimientos ya la habían superado. En primer lugar, porque, como ya se dijo, Duque logró recomponer en tiempo récord la unidad y el respaldo de todo el establecimiento, el político y el empresarial, evitando con ello la crisis del Gobierno y su consiguiente desmoronamiento. En circunstancias como estas, de unidad del establecimiento alrededor del jefe de Estado, era impensable que el Gobierno cayera. Y si por cualquier otra circunstancia, diferente a un eventual derrocamiento revolucionario, ello ocurriera, llamar a la constitución de un gobierno provisional y participar del mismo con la promesa de llamar a elecciones, sería tanto como saltar al vacío. Tal vez por ello la propuesta no tuvo eco entre los jóvenes permeados por la idea de que todo terminara en la emergencia de un poder de clase alternativo, a pesar de que en las movilizaciones se le cantara un adiós a Duque, canto que en ningún momento tuvo un carácter diferente al de la propaganda, sin alcanzar su cristalización como consigna para la acción política. En segundo lugar, porque Duque había ya dispuesto sentarse a negociar con el Comité Nacional de Paro, que en ese momento era reconocido como la dirección del movimiento. En tales circunstancias, la aceptación expresa por parte de la dirección del paro de sentarse a negociar con Duque le había restado actualidad y vigencia a la consigna de pedir su renuncia y la de su gobierno. Pues, tal aceptación entrañaba, en ese momento, un reconocimiento del Presidente como interlocutor válido para negociar las exigencias que habían dado origen al paro. La consigna no se correspondía ya con el nuevo momento de la situación, el momento de la negociación entre el Gobierno y la dirección del movimiento. De todas formas, quedó como constancia histórica de que ni el Comité Nacional de Paro ni los impulsores de la Asamblea Nacional Popular tuvieron el monopolio de la disputa por la dirección del paro.
5.
Aun cuando no fue posible obtener en la coyuntura una conquista más de las ya enunciadas, el balance del Paro del 28A debe ser calificado como positivo, a pesar del alto costo que se ha tenido que pagar en vidas, integridad física y libertades de muchos de los huelguistas. Y es positivo no solo en términos de reivindicaciones logradas, sino también y principalmente porque tales conquistas vienen acompañadas de cambios sociales y políticos en la correlación de fuerzas entre las clases hoy en Colombia. Bien es cierto que la relación de fuerzas sociales se decide en la estructura de la sociedad. Pero lo es también que tales relaciones fluctúan como consecuencia de las luchas y conflictos entre las clases, especialmente como consecuencia del desenlace de tales confrontaciones. Y lo que muestra el paro es que, tras su desenlace, y admitiendo que no fue el mejor, las fuerzas y organizaciones que participaron del mismo antes que salir derrotadas se sienten victoriosas, no solo en el plano de las reivindicaciones obtenidas, sino también desde el punto de vista de la experiencia para seguir enfrentando a las clases dominantes, en lo cual se registra una cualificación y un gran salto en la conciencia social y política, así los de abajo sigan arrastrando serios problemas organizativos que les impide ser más eficaces en el combate a los de arriba.
El Paro viene a confirmar así mismo, no solo la eficacia de la huelga de masas como instrumento y vía para ser escuchados y conquistar derechos, sino que además sirvió de plataforma para que un nuevo sujeto social, variado y múltiple, saliera a flote, con una enorme y variada capacidad de resistencia, producto de las reconfiguraciones que se han venido dando con la globalización neoliberal de la economía y el aparato productivo del país. Sometido por las relaciones capitalistas, este sujeto social variopinto, del que hacen parte los trabajadores asalariados, ya venía insinuándose como protagonista de las luchas sociales de carácter local, regional y nacional más importantes que se han venido dando en el país desde 2010 en adelante. De su composición social múltiple y variada da cuenta igualmente la pluralidad de peticiones y objetivos que se manifestaron durante el paro, expresión a su vez del desarrollo desigual de la conciencia obrera y popular, en la que aparecen amalgamadas aspiraciones estrictamente corporativas y reivindicativas de sectores específicos, con expresiones de resistencia social y política del conjunto de los de abajo contra el Estado y el capital, clamando al mismo tiempo por derechos democráticos y de transición. Revelador todo ello de que el nuevo sujeto todavía se halla en tránsito hacia su propia configuración como sujeto político. En ese desarrollo desigual de la conciencia de este nuevo sujeto puede hallarse igualmente buena pare de las discrepancias que salieron a flote durante el Paro.
Después de sesenta años de guerrillerismo, a lo que estamos asistiendo es al desbloqueo de las posibilidades de nuevos desarrollos políticos y organizativos de los de abajo, cuyas potencialidades plenas habrían de verse con el cierre definitivo del conflicto armado. El paro del 28A hace parte de esos nuevos desarrollos. Y la responsabilidad es de las vanguardias políticas tanto como de las direcciones de las organizaciones sociales de acertar en la búsqueda de la mejor forma de articular y unir esas expresiones diferentes que oscilan entre lo corporativo-reivindicativo y las expresiones anti sistémicas presentes en las subsiguientes apariciones en escena de los de abajo.
