Ayer 2 de abril, me desplace por varios lugares de Cali, la capital del Valle del Cauca, y el escenario es un reflejo de lo que sucede en estos momentos en el país con la protesta y la movilización popular colombiana, enfrentada a la más grave suma de atropellos y ultrajes a una sociedad y sus derechos fundamentales.
Cali está completamente bloqueada por todos sus puntos principales y una red de Comités populares integrados por jóvenes, trabajadores, precarios, estudiantes, mujeres, obreros y profesionales ejerce un control del territorio para respaldar el pliego de peticiones de la ciudadanía que demanda una respuesta efectiva y una solución a los problemas sociales, de salud, empleo, movilidad, hambre, libertades y respeto por la vida.
Los caleños han mostrado una formidable capacidad para resistir la crisis que los afecta y el yugo político que los oprime mediante unas instituciones atrapadas por la criminalidad y la corrupción.
El repudio a la reforma tributaria de Carrasquilla ha sido la oportunidad escogida para adelantar un descomunal levantamiento popular que hace recordar las jornadas del 9 de abril de 1948, las del paro cívico de 1977 y las más recientes de 2013 y 2019.
En la actual coyuntura, Cali cobro la forma de un paradigma de la rebeldía popular nacional contra el sistema de poder hegemónico establecido por los núcleos ultraderechistas y fascistas del campo político colombiano.
Cali, con más de dos millones de habitantes, suma de diversas etnias, punto receptor de miles de desplazados por los grupos violentos del paramilitarismo en el Pacifico, Buenaventura, Cauca, Nariño y el Choco, es un universo cargado de todas las exclusiones sociales, con una violencia crónica que manipulan las elites locales y regionales, como el Clan que encabeza la ex gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la reconocida Gamonal valluna que articula la más extensa red mafiosa (de narcos y contratistas) con tentáculos en todos los ámbitos gubernamentales en los que ha impuesto la ley del despojo y saqueo de los presupuestos públicos afectando las obligaciones sociales del gobierno. Cometido que ejecuta la actual gobernadora Clara Luz Roldan, quien ha destapado el más aberrante militarismo ultra católico para dar cobertura a su sistema de robo y asalto de los dineros públicos y a su continuada arremetida contra las libertades civiles y el derecho a la vida como bien lo pueden atestiguar los estudiantes de la Universidad del Valle y los trabajadores de la administración departamental.
Escenario del que no se debe excluir al actual Alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, un reconocido charlatán de labia seudo progresista, a quien le cabe una enorme carga por la tragedia que vive hoy la ciudad, toda vez que durante su actual gestión el resultado más notable ha sido la promoción de un clan integrado por sus hermanos (Mauricio y Diego), quienes en alianza con Dilian Toro y la mafia Abadía de Cerrito, orquestaron severa máquina de contratación a dedo para apropiarse de multimillonarias partidas presupuestales en el Programa de Alimentación Escolar y en las obras de infraestructura previstas en varias avenidas de la ciudad.
Ospina es artífice de la más deplorable degradación de las instituciones públicas de Cali, tal como sucedió en Bogotá con los Moreno Rojas.
Estos problemas, sin lugar a dudas, han sumado a la actual inconformidad de la ciudadanía y el pueblo caleño.
Lo más grave de todo esto consiste en que los clanes del fascismo uribista y de las elites oligárquicas del azúcar del Valle han direccionado la actual situación, para mediante la manipulación grotesca del Ejército y la Policía, golpear sin contemplación a toda una ciudad que siempre se ha manifestado contraria a las ideas y los nombres de la ultraderecha reaccionaria. En Cali siempre ha sucumbido el uribismo con sus planes de dominio absoluto de los territorios, allí el repudio al Centro Democrático es de antología, aunque se las ha arreglado para dotarse de instrumentos y aliados con el fin de incidir a como dé lugar, como ocurre en estos momentos con la intervención directa del Comandante del Ejército, el Gr. Zapateiro, instalado en la Tercera Brigada con un enorme dispositivo de guerra para aplastar el alzamiento y la insurrección popular y democrática en curso.
Desde que se inició el 28 de abril una huelga general contra el gobierno de Iván Duque, en Cali han sido asesinados por los pelotones policiales y militares 23 jóvenes y trabajadores que han participado en la revuelta.
Seguramente tales hechos de sangre no van a doblegar al pueblo de esta ciudad y lo previsible es que la huelga se prolongue hasta que se alcancen los puntos del pliego del Comité del Paro, que incluye también la suspensión de las aspersiones con glifosato con graves daños en los ríos del Pacifico.
La poderosa movilización caleña, por su enorme carga política, es probable que también se proponga cambios en el gobierno local, dando paso a formas democráticas y horizontales de administración que tracen una ruta al resto de la sociedad.
Cali necesita formas de gobierno comunal democráticas que permitan erradicar la corrupción y la demagogia del ospinismo, también la red oscura de doña Dilian con su grosera y abusiva mafia.
Apoyamos el Paro cívico de los caleños.
Horacio Duque
