El presidente de la república Gustavo Petro adelanta en la actualidad un importante rediseño del gobierno para fortalecer la institucionalidad encargada de ejecutar las estrategias contempladas en el Plan de desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”, que ha sido ralentizado y paralizado por diversas circunstancias, especialmente por el predominio en las entidades del gobierno nacional de la tecnocracia y las redes clientelares del uribismo heredadas por la administración de Iván Duque.
La ultraderecha y su red mediática han saltado a descalificar los cambios ordenados por Petro tachándolos de promover los “activistas” y militantes de los partidos y movimientos que conforman el Pacto Histórico, argumentando la exclusión de los técnicos y expertos meritocráticos de la administración pública. Una falacia completa a la luz de lo que ha sido y es la experiencia de los partidos políticos tradicionales de administrar el gobierno mediante el clientelismo político y el pago de favores con sinecuras burocráticas y cuotas presupuestales. En el Estado oligárquico las que imperan son las redes clientelares de los poderosos gamonales de la politiquería burguesa que se reparten las instituciones para favorecer sus intereses, su poder y reproducción electoral.
En tales circunstancias, el ex senador Gustavo Bolívar de la Colombia Humana ha sido designado como nuevo Director del Departamento para la Prosperidad Social / DPS. Bolívar es un sobresaliente líder del Pacto Histórico y un tenaz defensor de las reformas progresistas que ejecuta la actual presidencia de la república.
Su acceso al alto cargo le plantea importantes retos para desde el nuevo cargo promover la actual transición colombiana hacia la paz total, la justicia social y ambiental que encabeza el presidente Petro en medio de una aguda disputa política con los sectores reaccionarios de la ultraderecha fascista.
El principal reto es consolidar la Renta ciudadana incluida en el actual Plan Nacional de Desarrollo, que se paga en la actualidad a casi 4 millones de hogares en condiciones de pobreza y miseria. Además de los desembolsos mensuales a las familias beneficiarias a través del Banco Agrario, es clave proyectar con los núcleos familiares la constitución y organización de una subjetividad social protagónica con los hogares más pobres para que se apropien y defiendan hacia el futuro este importante subsidio gubernamental que favorece a millones de mujeres, niños y ancianos. De lo que se trata no es de la simple entrega de un dinero o unos recursos monetarios, sino de propiciar la incidencia de tales núcleos sociales en el funcionamiento y la orientación del Estado nacional. En esa dirección es ineludible sacudir rápidamente las plantillas burocráticas, regionales y municipales del DPS asociadas con el clientelismo y las elites subregionales; focos de corrupción y desconocimiento de los derechos de las comunidades y los ciudadanos. Hay que ver lo que son regionales del DPS como las del Eje cafetero (Quindío), las del Cauca, Meta, Huila, la Costa Caribe, Nariño y los santanderes secuestradas por las mafias politiqueras y las bandas de la corrupción que han sustraído millones de pesos mediante contratos fraudulentos.
También se necesitan ajustes a Programas nacionales como el de Acompañamiento familiar –pegado a un neoliberalismo maquillado como progresista-, que inicialmente priorizo 50 mil hogares, pero con resultados mediocres en regiones como el Norte del Cauca y la Guajira.
Familias en su Tierra (FEST) e IRACA deberían ser eliminados dado que son el más espantoso foco de corrupción, al igual que el Programa de obras civiles que es utilizado para el contratismo tipo Olmedo López el de la Unidad para la Gestión del riesgo.
Otro reto para el nuevo jefe del DPS es erradicar el robo que carcome esa entidad con múltiples mecanismos de despojo de los dineros públicos. El famoso sistema de los Operadores que ha sido denunciado por el presidente Petro en la implementación de la paz, en la sustitución de cultivos de uso ilícito y en el ICBF, sigue siendo la regla en Prosperidad social, donde una rosca criminal de seudo “supervisores” y de funcionarios uribistas enchufados en las áreas de participación ciudadana, Control interno, FEST, IRACA, Renta ciudadana y otros subsidios han sido y son los amos y señores en el oscuro y criminal manejo de billones de pesos. Poco avanzamos con las nuevas políticas de reforma social como la organización de la Renta ciudadana si quienes la administran son las viejas burocracias de la ultraderecha acostumbradas a desconocer y vulnerar los derechos fundamentales de las comunidades.
En la lucha contra la corrupción en el DPS es clave ordenar una revisión y una auditoria a fondo y detallada de la contratación autorizada en los últimos 7 años a dedo a oscuros y cuestionados personajes como Diego Moreno en FEST, IRACA y Familias en Acción (Terrazul y UT Familias 2021 de Dibulla y Riohacha); a Alejandro Cárdenas en FEST e Iraca (y su esposa Andrea Pinzón Agudelo, jefe de la Asociación Colombiana de Innovación de Cimitarra), quienes han acumulado una descomunal fortuna con mansiones y oficinas en Bucaramanga; a Andes en FEST e Iraca (Rosalba Gualdron, con sospechosas y multimillonarias inversiones rurales, inmobiliarias y ganaderas en la Sabana de Bogotá); a Andrea Santos y a Roberto Lacouter (Fundación nuevos Libertadores ligada a oscuras operaciones de exportación por Santa Marta); a Ángela Garzón en FEST e Iraca ( Consorcio Escalando Futuro Corprogreso); a Gloria Esther Añez Martínez ( UT Alianza Fest IV de las mafias de Valledupar); y a José Enrique Herrera Jiménez (Consorcio Fest Caribe del paramilitarismo de Planeta Rica).
Mi sugerencia es que se conforme una Comisión especial contra la corrupción y la transparencia en el DPS en la que participen la Contraloría Delegada para el sector de la Inclusión Social y representantes de las Veedurías ciudadanas y Auditorias sociales que han denunciado todas estas irregularidades desde el 2017, en ocasiones con el acompañamiento del senador Iván Cepeda quien radico varios derechos de petición para extraer la mayor información de los contratos firmados de manera ilegal por funcionarios como Susana Correa, Diana Sandoval y Pierre García, involucrado este último en el Cartel de las Marionetas de Mario Castaño (y Ciro Ramírez) que hizo su agosto con un parapeto (Proyecta) montado por el ex gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, que desvío casi 100 mil millones de pesos del DPS que al día de hoy no se sabe dónde están.
