El debate sobre los Acuerdos de paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc de Timochenko en el segundo semestre del 2016, ha ofrecido varias aristas que confirman la bancarrota de dicho pacto en su implementación y la superación de la violencia que golpea a la sociedad colombiana en sus sectores más vulnerables, pues el conflicto armado se ha desplegado de nuevo en un tercer ciclo con expresiones muy crueles y con actores que se han adecuado a las tendencias de la guerra incrustadas en los espacios regionales y locales.
El presidente Gustavo Petro afirmó en reunión con empresarios de Medellín que el acuerdo de paz de Santos fue una expresión de “romanticismo y buenas intenciones” –especialmente en su parte agraria y política- y en el Consejo de paz agregó que lo único que buscaba (Santos y Timochenko) era que los guerrilleros entregaran las armas y se desmovilizaran porque nunca se tomó en serio su implementación mediante apoyos presupuestales efectivos y estrategias ciertas de construcción de la paz.
El debate sobre la paz realizado el pasado lunes (17 de abril) en la Comisión segunda del Senado de la Republica confirmó las afirmaciones de Petro, con un dato adicional: los agentes o actores de la violencia han crecido de manera vertiginosa en los últimos 60 meses para alcanzar la cifra de 20 mil combatientes que se enfrentan a los aparatos armados del Estado en diversas zonas del territorio nacional.
No creo que éste fiasco sea resultado de la mala gestión de los funcionarios gubernamentales –aunque algo hay de eso-. La falla está en el modelo de paz utilizado en las negociaciones de La Habana, que es el del Consejo de Seguridad de la ONU, conocido como “paz liberal o posbélica”, el cual ha mostrado sus deficiencias y limites en todos los países donde se le aplicó para terminan las guerras civiles existentes. Así ha ocurrido en el Salvador, en Guatemala, en África y en Nepal.
Esos Acuerdos, a la postre, terminan es favoreciendo a las burocracias del Consejo de Seguridad de la ONU y de su Secretaria General, como la conocida Misión de Verificación que se paga con los dineros del presupuesto público colombiano que no tiene controles fiscales y se ejecuta de manera discrecional, al margen de la Ley 80 y de otras normas de contratación.
Hay un elemento adicional de tales Acuerdos –tipo ONU- como el del Teatro Colon (Bogotá) que es demoledor y fatal. Se trata de la corrupción que los acompaña. En todos los lugares del mundo donde se han firmado, los dineros utilizados para su implementación –del presupuesto público y la cooperación internacional- terminan en los bolsillos de las elites locales y regionales, mediante contrataciones oscuras y arreglos criminales que favorecen a empresas, fundaciones y Ongs de las mafias políticas imperantes en departamentos y municipios.
Tal cual ha ocurrido en Colombia.
Todos los dineros de la paz: los presupuestos del Fondo Colombia en Paz, del trazador presupuestal, de la cooperación Internacional, del Conpes 3932, del DPS, de la Agencia de tierras, de la Agencia de Reincorporación, de la Agencia de Desarrollo Rural, de la Unidad de Victimas y del Ocad paz, han sido atacados y destruidos por la corrupción, el robo, el saqueo y el despojo.
El caso más conocido y de mayor impacto hasta hoy, ha sido el del Ocad paz que fue creado para financiar con dineros del Sistema General de Regalías, los proyectos de desarrollo social en 170 municipios –sumidos en situaciones de extrema pobreza- agrupados en 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial/Pdt y mediante los Planes de Transformación del Territorio.
El saqueo ha sido descomunal, mediante contrataciones fraudulentas en la construcción de vías terciarias, la instalación de redes de energía alternativa y convencional, construcción de vivienda y proyectos productivos agrícolas.
En otras columnas nos hemos referido al caso de Nariño y el Meta, donde el robo ha sido descarado e infame, sin que las autoridades de control fiscal, disciplinario y criminal hayan actuado para impedirlo. Las mafias se han alzado con cifras multimillonarias.
Me refiero en esta nota a la situación del departamento del Guaviare, un departamento ubicado en la amazonia colombiana, con una población campesina cercana a los 90 mil habitantes, que está bajo el control absoluto de Nevio Echeverri, un reconocido gamonal conservador, con acusaciones en la justicia norteamericana por presuntos delitos de narcotráfico, y parte de un entramado político nacional encabezado por el senador (ultra conservador) Samy Merheg, oriundo de Pereira, quien aprovechó su membrecía en el anterior Ocad paz para direccionar dineros y contratos hacia sus recomendados seudo empresariales, fundaciones de fachada y parapetos institucionales como Energuaviare, verdadera cueva de ladrones de cuello blanco.
La dupla Merheg/Echeverri, conjuntamente con los alcaldes del Retorno, Calamar, Miraflores y el gobernador del Guaviare, Heydeer Giovanny Palacio, montaron un entramado de corrupción para (presuntamente) apropiarse de los dineros del Ocad paz autorizados desde el 2017 (en las sesiones del Ocad paz, desde la 51 hasta el 58), en distintos proyectos, por un valor cercano a los 320 mil millones de pesos (60 millones de dólares).
Relaciono algunos de esos proyectos, que están siniestrados y rezagados en su ejecución, con escandalosos costos por precios unitarios y compras fraudulentas de plantas fotovoltaicas que son reportadas a 45 millones de pesos, cuando su valor real en el mercado es de 5 millones, además de no tener garantías en su calidad, pues a las tres semanas de ser entregadas ya colapsan, de acuerdo con los testimonios de los campesinos.
Los proyectos de mayor presupuesto y alcance allí en el Guaviare son los siguientes:
Municipio El Retorno, arreglo de carretera con pavimento rígido, por 28 mil 400 millones de pesos.
El Retorno, proyecto productivo de cacao por valor de 20 mil 600 millones de pesos, sin resultados favorables y en bancarrota.
Guaviare, vía departamental con pavimento rígido por un valor de 17 mil 500 millones de pesos.
Guaviare, vía departamental entre el Retorno y Calamar, por 41 mil millones de pesos, obra rezagada no obstante los desembolsos.
Guaviare, para la misma vía Retorno a Calamar por un valor de 61 mil millones de pesos.
Guaviare, acueducto rural por valor de 25 mil millones de pesos.
Guaviare, soluciones de energía con plantas fotovoltaicas por un valor de 41 mil millones de pesos.
San José del Guaviare, proyecto de infraestructura escolar por un valor de 38 mil millones de pesos.
La comunidad campesina de la región está indignada con este robo descarado de los dineros de la paz, que muy seguramente van a ser utilizados para la compra de votos en las elecciones del próximo 28 de octubre cuando se eligen alcaldes y gobernador. Seguirán los mismos con las mismas, Merheg, Nevio, Palacio y toda la mafia conservadora que se enriquece con los dineros acordados para la paz y la convivencia.
Varios líderes de la región están solicitando la intervención del gobierno nacional, de la Contraloría y de la Fiscalía anti corrupción para parar este saqueo abierto de los recursos que pertenecen a las comunidades campesinas.
