Aviso

 

Este fin de semana se reportó el asesinato del líder social Jhon Jairo Guzmán en el corregimiento Barro Blanco, de Tarazá, Antioquia.

Las autoridades que hicieron el levantamiento del cuerpo señalaron que los restos del líder presentaban «varios impactos de arma de fuego y heridas con arma blanca».

Jhon Jairo Guzmán se desempeñaba como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tesorito de ese municipio ubicado en el Bajo Cauca antioqueño.

En el presente año se han reportado varios asesinatos de líderes en esa zona; como el ocurrido el pasado mes de junio en el que un grupo paramilitar asesinó al líder campesino Edier Lopera dejando su cuerpo expuesto durante cerca de una semana, sin permitir que sus allegados o las propias autoridades lo recogieran, para generar terror y zozobra en la comunidad.

 

Las víctimas son los líderes sociales, los victimarios son las clases dominantes y el móvil de estos crímenes es el despojo; factores repetitivos que evidencian el plan sistemático de exterminio del régimen contra sus opositores, quien niega este Genocidio.

En el país continúa desbordada la violencia del régimen contra la sociedad, desde luego todo ocurre bajo un manto de silencio explícito del Estado, lo que denota un déficit estructural de la protección de los líderes sociales, las garantías para ejercer oposición al Gobierno, y desde luego la impunidad absoluta a los perpetradores.

Lideresas del Proceso de Comunidades Negras (PCN) afirman que “la lucha molesta a los empresarios, a los políticos que tienen intereses económicos específicos, a algunas entidades del Gobierno y usan diferentes estrategias para callarnos” [1].

 

En un comunicado público las plataformas de DDHH que agrupan a más de 500 organizaciones colombianas y de Estados Unidos y Europa manifestaron su respaldo a la Minga adelantada por comunidades indígenas y algunas campesinas han emprendido buscando un diálogo directo con el gobierno Duque. Esta declaración cobra importancia dada la creciente estigmatización que ha señalado que la Minga está infiltrada por organizaciones al margen de la ley.

En el comunicado las organizaciones de DDHH señalan que hay una serie de respuestas violentas a las exigencias de diversos sectores sociales por parte del gobierno nacional y que por ello se «ponen en alerta para proteger el derecho a la protesta y exigirle al gobierno el diálogo político que permita acuerdos serios para la prevalencia del Estado social de derecho» Lea también: Avanza la Minga hacia Bogotá

Nos ponen en alerta para proteger el derecho a la protesta y exigirle al gobierno el diálogo político que permita acuerdos serios para la prevalencia del Estado social de derecho, la superación de la crisis social que por décadas han padecido los

 

Entre 2000 y 2015 EEUU gastó casi $7 mil millones para entrenar, asesorar y equipar a las Fuerzas Militares de Colombia, luego el stablischement de Uribe-Duque,  viola la constitución colombiana para que las tropas USA pongan en práctica las SFABs con el objetivo de fortalecer grupos paramilitares (mercenarios) y trabajar con ellos , hoy en pleno 2020 con el PLAN COLOMBIA CRECE; se impone la estrategia de cosechar asesinos con motosierras a sueldo, sicarios que se creen “snipers”  y baratos delincuentes colombianos para convertirles en «carne de cañón» de las guerras promocionadas por EE UU.

 

El fallo de la tutela que había sido interpuesta contra el Presidente Iván Duque por no solicitar autorización al Senado ni consultar al Consejo de Estado sobre las actividades y presencia de tropas estadounidenses en Colombia, fue revocado por el Consejo de Estado dejándolo sin ningún efecto.

La llegada de una unidad militar de élite de los Estados Unidos en junio desató una gran controversia política y de orden jurídico. Según el Presidente Duque, la misión de la brigada Asistencia de Fuerza de Seguridad -SFAB-, de la que hacen parte 48 militares estadounidenses, era unir esfuerzos con la fuerza pública nacional en pro de la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, diferentes sectores de la ciudadanía y del Congreso se opusieron a la misión alegando que para un contingente militar extranjero ejerza operaciones en el territorio nacional, primero se debe pasar por los respectivos filtros del Congreso de la República y